El PSOE tiene «dudas jurídicas» sobre la tasa mientras que los grupos conservadore la rechazan de plano y afirman que la presión fiscal es excesiva
02 may 2017 . Actualizado a las 12:38 h.Izquierda Unida se quedó sola en su defensa de la propuesta de implantar en Asturias un impuesto que grave las bebidas azucaradas tal y como el que se ha anunciado que impondrá Cataluña. El portavoz de la coalición en el parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, definió la tasa como un «impuesto de nueva generación» que no busca tanto «recaudar sino disuadir» y alertó de la alta prevalencia de la diabetes en Asturias que supone «también un gasto sanitario». Sin embargo, la iniciativa ha encontrado pocos aliados, los grupos conservadores la rechazaron de plano y los más cercanos le encontraron también demasiadas aristas.
Por parte del PSOE, el portavoz del grupo parlamentario, Fernando Lastra, advirtió de que no entrarían a debatir a fondos nuevos impuestos hasta que se zanjara el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y además advirtió de que esta tasa despierta «dudas jurídicas» que podrían llegar a provocar «un agujero con ya pasó con el impuesto de los depósitos bancarios y eso ha costado dinero a la comunidad». Tampoco en Podemos mostraron mucho entusiasmo por la iniciativa, su portavoz, Emilio León, reconoció que la fiscalidad en un instrumento «relevante» pero destacó que la apuesta de su grupo pasa por «la prevención». En este sentido el diputado morado señaló que habían promovido iniciativas para que «en los comedores escolares haya productos ecológicos» y añadió que «de nada serviría subir impuestos si os quedamos con comedores escolares».
Por parte de Ciudadanos, su portavoz Nicanor García, también descartó apoyar la implantación de un nuevo impuesto y apeló a al iniciativa de su grupo para que «los profesionales sanitarios puedan intervenir en los centros escolares» realizando diagnósticos personalizados sobre casos de obesidad infantil y juvenil y con orientaciones a las familias.
Rebaja en sucesiones
La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernádez, manifestó su oposición tajante al nuevo tributo que achacó a la «voracidad fiscal» de la coalición de IU y que estimó contraproducente ya que, según afirmó, en Asturias «la presión fiscal es elevadísima y hay que atemperarla». Puso de hecho el ejemplo de la reforma del impuesto de sucesiones --pactada con el Ejecutivo socialista para apoyar los presupuestos de la comunidad-- y que el consejo de Gobierno aprobará esta semana para aumentar la exención para las herencias hasta los 300.000 euros. Fernández criticó además que un impuesto como el de las bebidas azucaradas «no se queda en los productores sino que repercute en el bolsillo de la gente».
En términos similares se pronunció la presidenta de Foro, Cristina Coto, quien tildó la propuesta de «habitual de la izquierda, que no busca atraer empresarios sino que va a la fiscalidad, a lo fácil, además gravando más a las clases medias y trabajadoras».