El presidente asturiano estima en 280 millones menos para el PIB regional los retrasos en la variante de Pajares, el abono de fondos mineros o el acuerdo sobre la tarifa eléctrica
06 may 2017 . Actualizado a las 07:16 h.En su discurso en la apertura del Congreso de CCOO celebrado esta semana, el presidente asturiano afirmó que las deudas pendientes del Ejecutivo Central para con Asturias tenían una incidencia y no menor en las diferencias de crecimiento entre las comunidad y la media nacional. No era la primera ocasión en que lo hacía, a finales del pasado ejercicio, Javier Fernández afirmó en un debate en el pleno de la Junta General que de haberse mantenido los compromisos del Gobierno de Rajoy con el Principado las cifras de empleo y también las de crecimiento hubieran sido más parejas.
Pero este jueves, el presidente fue más concreto, habló de «la importancia de los retrasos de las grandes obras públicas» citando la variante de Pajares; además de todas las que hubieran podido desarrollarse de no haberse dado «la negativa a abonar los fondos mineros» y otras ayudas al carbón; añadiendo la falta de un acuerdo sobre la tarifa eléctrica que perjudica a la industria asturiana. Con todo ello el presidente se cuestionó «¿cuál sería el PIB o el crecimiento de Asturias? No es exagerado afirmar que la rectificación de esas políticas permitiría que Asturias igualase o superase el crecimiento nacional». ¿Cuáles son esas cifras y diferencias? Con los datos de 2016, el crecimiento del PIB asturiano fue el 1,9%,, mientras que el crecimiento del PIB nacional fue del 3,2%. La diferencia es de 1,3 puntos. Teniendo en cuenta que el PIB asturiano de 2016 podría rondar los 21.600 millones de euros (la última cifra oficial es el PIB de 2015: 21.595 millones de euros), el peso de ese abandono del Gobierno central según la estimación de presidente de la comunidad podría cifrarse en alrededor de 280 millones de euros.
El caso de la variante de Pajares se acompaña además de una enconada polémica política. A los retrasos y sobrecostes acumulados durante décadas se une el cambio de diseño del proyecto pactado de cara a los presupuestos generales del Estado para este 2017 entre PP y Foro. Al estar el Gobierno central en minoría y necesitar de de 176 escaños para sacar adelante las cuentas, Foro exigió el requisito de un cambio en el ancho de vía (de ibérico a internacional) que obligará a levantar parte del ya tendido y que limitará el uso de la vía a los pasajeros, quedando las mercancías relegadas a la antigua rampa de Pajares del siglo XIX. Fomento defiende ahora además la apertura simultánea de los dos túneles (cuando en el anterior proyecto de la ministra Pastor se iba a hacer con uno de forma inmediata), el cambio del intercambiador a Pola de Lena y el diseño de un triple hilo de León a La Robla. Todos estos cambios supondrán un retraso respecto a la fecha, aún imprecisa, pero avanzada por el ministro Íñigo de la Serna en su primera visita a Asturias el pasado mes de diciembre. Entonces indicó que podría iniciarse la circulación en pruebas de los trenes a finales de 2019. Oficialmente Fomento asegura que mantendrá «dentro de lo posible» el ajustarse a esos plazos pero distintos expertos han considerado que la demora podría prolongarse más allá de 2021 y ese también la fecha a las que «condena» esta reforma según las cuentas de la Consejería de Infraestructuras asturiana.
Pero además del empleo que generan estas obras, los partidarios del anterior diseño de la variante han advertido sobre el efecto que tendrá en la economía asturiana que las mercancías no puedan pasar por la variante. En la actualidad desde los muelles de Asturias, y en particular desde El Musel de Gijón que ha sido ampliado, salen una media de entre 2,5 y 3 millones de toneladas de mercancías anuales hacia la meseta. La expectativa era tripliacar hasta llegar a los 10 millones al año, las toneladas de mercancías a través de la variante. Por la antigua rampa --una vía del siglo XIX con grandes costes de mantenimiento y pendiente de una dificultosa reforma en la que debe ampliar el gálibo de sus 63 túneles-- podría ampliar su capacidad, liberada del tráfico de pasajeros hasta las 3,5 millones de toneladas, pero no mucho más.
Pendientes de los tribunales está también el abono de los fondos mineros pendientes. Fue el anterior ministro de Industria, José Manuel Soria quien paralizó los pagos en la primera legislatura de Rajoy y siendo entonces presidente de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, quien anunció en su momento la intención de recurrir esa decisión. Los pleitos --por un monto global de 195 millones de euros-- fueron desarrollados por posteriores ejecutivos socialistas y lograron victorias en los tribunales. Pero Industria se enrocó con la necesidad de revisar uno a uno cada proyecto pendiente para demorar los pagos. Aún el pasado mes de noviembre, el Consejo de Gobierno asturiano aprobó acudir a los tribunales para reclamar 21,5 millones de fondos mineros correspondientes a 20 actuaciones ya ejecutadas e incluidas en el recurso interpuesto en 2013 y que se había resuelto con una sentencia favorable; también sin respuesta. En las cuentas del Presidente habría que incluir también la falta de acuerdo para fijar las ayudas al carbón nacional, para facilitar el consumo del mineral autóctono por parte de las centrales térmicas y que ha sido reclamado tanto por partidos como por agentes sociales.
La industria representa alrededor de un 30% del PIB asturiano y la necesidad de contar con una tarifa eléctrica competitiva ha sido caballo de batalla del gobierno asturiano frente al central a lo largo de la pasada legislatura. En el acuerdo del nuevo Ejecutivo de Rajoy con el PNV para la aprobación de los presupuestos se incluye un punto respecto a la rebaja de la tarifa eléctrica que beneficia a 1.250 empresas. Por comunidades, las compañías beneficiarias son 790 del País Vascos, 357 andaluzas, 42 de Navarras, 33 con sede en Castilla y León; 17 cántabras y sólo 11 asturianas.
Para industrias como Alcoa, Asturiana de Zinc o Arcelor, la tarifa eléctrica supone el 40% de sus gastos totales, rebajarla es una reivindicación constante también de los sindicatos que afirman que en otros países de la UE cuentan con medidas similares para la protección de su industria.