El sindicato despelleja las actividades de su exsecretario general y pide una indemnización de más de 431.000 euros
08 may 2017 . Actualizado a las 20:01 h.Un José Ángel Fernández Villa cuyo poder omnímodo, total y absoluto, sin ningún control por parte del sindicato, pergeñó una estrategia de saqueo premeditado de las cuentas del SOMA. La compra de dos coches, carburante, reparaciones de vehículos, seguros, multas de tráfico, comidas en restaurantes, periódicos, libros, aparcamientos, puros, sombreros, películas, perfumes o flores forman parte de la larga lista de gastos a costa del sindicato minero. El SOMA-FITAG-UGT pide en su escrito de acusación seis años de cárcel para el exsecretario general del sindicato, José Ángel Fernández Villa, al que acusa de un delito continuado de apropiación indebida, así como una indemnización al sindicato minero de más de 431.000 euros por el dinero apropiado.
Para el exsecretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (INFIDE) Pedro Castillejo reclama por el mismo delito una pena de cinco años de cárcel y una indemnización de casi 115.000 euros.
Según el escrito de acusación particular, Fernández Villa ejercía en el sindicato un «poder omnímodo, total y absoluto, centrando exclusivamente en su persona cuantas decisiones de carácter económico, estratégico y político se adoptasen en el seno de la organización, sin que dicho poder estuviere limitado por ningún otro órgano de dirección».
Aprovechándose de esa situación, y «en ejecución de un plan preconcebido», el exlíder minero «ideó la forma de aprovecharse de los fondos económicos» del sindicato «incorporando dichos fondos a su propio patrimonio, o dando a los mismos un destino distinto de aquél para el que los mismos habrían de estar adscritos».
Así, la acusación particular mantiene que Fernández Villa se apropió entre los años 1989 y 2001 de casi 235.000 euros de las dietas que Hunosa pagaba al sindicato minero por asistir a las reuniones del comité intercentros de la hullera estatal.
A raíz de que en febrero de 2001 Hunosa empezase a pagar las dietas por transferencia bancaria, Fernández Villa empezó a utilizar dichos fondos «para atender sus gastos propios y personales» y, según el escrito de acusación «en ejercicio del poder omnímodo y sin control alguno» que mantenía en el sindicato.
De esta forma, gastó hasta el año 2012 otros 196.000 euros en la adquisición de dos coches, carburante, reparaciones de vehículos, seguros, multas de tráfico, comidas en restaurantes, periódicos, libros, aparcamientos, puros, sombreros, películas, perfumes o flores.
En el caso de los coches, el sindicato le acusa de haber adquiridos a su cargo dos Mistsubishi Montero para uso particular y a pesar de que el SOMA disponía de otros vehículos para ser usados por él.
En total, el sindicato calcula que Fernández Villa se hizo entre el año 1989 y 2012 con 431.330 euros, unos 3.000 euros menos de los que calcula el fiscal que utilizó en su propio beneficio.
En el caso de Castillejo, el bufete del abogado Luis Llanes mantiene que éste, «prevaliéndose de su relación de amistad» con Fernández Villa y con su aquiescencia «ostentó un control omnímodo y absoluto sobre la gestión económica» de la fundación vinculada al sindicato minero.
Castillejo, según la acusación particular, se apropió de dinero en efectivo y utilizó tarjetas de la fundación para atender gastos particulares y sin relación alguna con la actividad del INFIDE por un importe cercano a los 115.000 euros entre los años 2004 y 2013.
Para el sindicato, estos hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, por el que pide seis años de cárcel para Fernández Villa y una multa de 65.700 euros, así como una indemnización de 431.000 euros, mientras que para Castillejo pide por el mismo delito cinco años de cárcel, una multa de 42.000 euros y otros 115.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
El SOMA-UGT presentó en septiembre de 2015 una querella contra Villa reclamando la devolución de 360.000 euros, que después se ampliaron hasta 420.000 euros, y otra contra Castillejo en la que reclamaba la devolución de más de 70.000 euros.
La familia de Fernández Villa, que también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó tras la última amnistía fiscal, ha solicitado recientemente que se le incapacite, petición que está siendo estudiada por la Fiscalía.
Hasta ahora, la Sección Tercera de la Audiencia ha desestimado todos los recursos de apelación que la defensa de Fernández Villa había presentado para evitar que declarase aludiendo a la supuesta enfermedad mental que sufre el procesado.
La Fiscalía, que pide cinco años de cárcel para Fernández Villa y tres y medio para Castillejo, ya presentó el pasado 19 de abril su escrito de acusación, en el que, al igual que hace ahora el sindicato minero, solicitaba la apertura de juicio oral contra Villa y Castillejo.