La magistrada decreta la apertura de juicio oral y advierte de que, en caso de no aportar esa cantidad, se procederá al embargo de bienes «en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada»
11 may 2017 . Actualizado a las 18:06 h.La jueza ha decretado apertura de juicio oral por un presunto delito continuado de apropiación indebida contra el exsecretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa y el exsecretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (INFIDE) Pedro Castillejo.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha dictado un auto en el que impone a Fernández Villa una fianza de 434.158 euros y a Castillejo otra de 119.434 euros, por los importes presuntamente apropiados. La jueza, que ordena la apertura de juicio oral tras finalizar recientemente la instrucción iniciada a partir de la querella por apropiación indebida presentada por el sindicato, advierte de que, en caso de no depositar la fianza, se procederá al embargo de bienes «en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».
Además de las correspondientes indemnizaciones, la Fiscalía solicita en este caso cinco años de cárcel para Fernández Villa y tres y medio para Castillejo, unas penas que la acusación particular del sindicato, representada por el despacho Ontier, eleva a seis y cinco años de prisión, respectivamente. Según el fiscal, el que fuera líder del sindicato minero durante más de 35 años ejercía una «posición de dominio absoluto» en la organización y era quien tomaba todas las decisiones, incluida la de crear el INFIDE y poner a Castillejo al frente de ese organismo.
El Ministerio Público expone en su escrito de acusación que Fernández Villa, «aprovechando su posición de absoluto control de la entidad, ideó un plan destinado a desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal» que entre 1989 y 2010 le reportó 434.158 euros. Así, entre los años 1989 y 2001 habría cobrado los cheques nominales con los que Hunosa pagaba al sindicato las dietas por asistencia de sindicalistas al comité intercentros y que sumaban cerca los 244.000 euros.
Según la Fiscalía, tras decidir en 2001 la empresa estatal minera hacer esos pagos por transferencia bancaria, Fernández Villa acordó que los ingresos no se hiciesen en la cuenta del SOMA-FITAG-UGT, sino en otra de similar nombre (SOMA) «en la que mantenía un control absoluto» y que procedió a utilizar como una cuenta personal. La Fiscalía asegura además que el exlíder minero «procedió a utilizar el patrimonio del SOMA como una cuenta personal de gastos» en la que, además de los justificados por su actividad de secretario general, añadió otros meramente personales. Así, además de que le abonaban dietas por kilometraje y comidas, cobró gastos incompatibles de carburante, multas, facturas de mantenimiento de coches, seguros, resguardos de aparcamiento o periódicos, entre otros.
El acusado también realizó numerosas compras «sin justificación alguna» con cargo a las tarjetas de crédito del sindicato, con las que pagó puros, sombreros, perfumes, flores, centros dietéticos, maletas, productos de farmacia y parafarmacia, libros, discos o conocidos y numerosos restaurantes. En total, según mantiene la Fiscalía, pagó con las tarjetas entre 2001 y 2012 más de 73.000 euros de gastos personales y sacó cerca de 13.800 euros en metálico para su disfrute personal
El fiscal considera también que para comprar en 2001 un Mitsubishi Montero utilizó otros 33.520 euros y que cinco años después volvió a cargar a costa del sindicato otros 52.100 euros para pagar, entre otros gastos, otro vehículo para su uso particular. «Este vehículo ha sido utilizado y disfrutado exclusivamente por el acusado incluso tras su cese como secretario general», mantiene el escrito de acusación en el que se advierte de que Fernández Villa disponía en el sindicato para su uso de un Audi A4 por el que se pagaron 16.700 euros de más que también fueron a parar a su cuenta.
En cuanto a Castillejo, el fiscal considera que «aprovechando su posición de absoluto control de la entidad» realizó una serie de operaciones carentes de relación con la actividad de la fundación, como reintegros en efectivo, pagos en «innumerables» restaurantes, farmacias, tiendas o compañías aéreas, y que ascendieron entre los años 2004 y 2013 a 119.434 euros. Al margen de este caso, Fernández Villa también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó tras la última amnistía fiscal.