La Policía detecta casos de traslado de la actividad a pisos desde la irrupción de la crisis
22 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El patrón es similar en el caso de la mayoría de las mujeres extranjeras que trabajan en los clubs: entran con visados de turista que caducan a los 90 días. Proceden de países diversos: hay nigerianas, dominicanas, colombianas…Cuando los agentes realizan una visita de inspección, suelen decir que «son camareras de alterne, generalmente van vestidas con muy poca ropa y aseguran que sólo animan a los clientes a consumir bebidas alcohólicas, sin prostituirse», ratifican fuentes policiales.
En estos establecimientos de alterne se hacen llamar por nombres de pila que no responden a sus verdaderas identidades; algunas están dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social «como empleadas de hogar o camareras»; otras ni siquiera están dadas de alta ni en lo uno, ni en lo otro. Trabajan en una horquilla horaria muy amplia, de la que oficialmente no consta registrada ni la tercera parte de las horas reales trabajadas y, según su propio relato ante los agentes policiales, perciben una media de 20 euros de los 30 euros que cobran por cada copa; dinero que les entrega el cliente al hacer efectiva la consumición, siendo los diez euros restantes para el club.
De los clubs a los pisos
«Desde que estalló la crisis económica, cada vez con mayor frecuencia este tipo de actividades se traslada a los pisos y domicilios particulares, lo que dificulta más su detección y que estos casos salgan a la luz», reconocen fuentes policiales.
«Con la trata, no hay trato. Denúncialo», es el lema con el que la Dirección General de la Policía refuerza la segunda fase del Plan de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que arrancó el pasado mes de enero. En esta segunda etapa, la Policía Nacional promoverá la inclusión de vídeos y carteles en los medios de comunicación para favorecer la implicación social de la ciudadanía y especialmente de los clientes potenciales que recurren a estos servicios contra la actuación delictiva de las organizaciones criminales.