La polémica legislación del PP genera dos expedientes de sanción al mes en el Principado, uno de los porcentajes más bajos de España
30 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La aplicación de la Ley Mordaza no parece estar aplicándose por igual en todas las comunidades autónomas. Mientras algunos territorios acumulan centenares de denuncias tramitadas por las Delegaciones del Gobierno, en otros el número de expedientes es muy escaso. El resumen que recoge las estadísticas desde julio de 2015 a diciembre de 2016 así lo demuestra. A la cabeza y destacada, en el seguimiento estricto de la legislación se encuentra Melilla, con más de 450. Le siguen con cifras tres veces menores, La Rioja y Canarias. En el lado contrario, aparecen Cataluña, País Vasco, que en 18 meses no han llegado ni a tres, aunque en su caso al no estar incluidos los expedientes de las policías autonómicas, la estadística no es definitiva. Asturias aparece también en este furgón de cola, con Murcia.
Los datos del Ministerio del Interior, publicados por eldiario.es, revelan que en 18 meses la Delegación de Gobierno en el Principado, encabezada por Gabino de Lorenzo, ha tramitado un total de 33 expedientes de sanción. Esto supone una media de dos denuncias al mes. Regiones limítrofes como Cantabria, con menos población que Asturias, suma 133. Sin embargo, Galicia, con más territorio y población, se queda en 76. Es llamativo el caso de Madrid, donde Interior solo tiene constancia de 45. El balance revela, por tanto, esta aplicación desigual de la Ley Mordaza.
La principal causa por la que se imponen sanciones son delitos relacionados con drogas. La normativa contempla hasta 40 tipos de infracciones diferentes pero nueve de cada diez se ciñen a solo cinco motivos, que son el consumo o tenencia de drogas en lugares públicos; portar, exhibir o usar armas prohibidas; faltas de respeto a las Fuerzas de Seguridad; desobediencia o resistencia a la autoridad; y causar desórdenes o obstaculizar la vía pública. El balance también demuestra que en este tiempo el Estado ha recaudado algo más de 131 millones de euros por todas las sanciones y más de tres millones, con un promedio de 154 euros cada una, por las infracciones relacionadas con lo que se denomina falta de respeto a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando son de carácter leve, lo que abarca multas de 100 a 600 euros.