La empresa y la nueva dirección de la mutualidad mantienen un enfrentamiento por las deficiencias del geriátrico y por obras en Murcia y Almería que no están justificadas
01 jun 2017 . Actualizado a las 18:09 h.Entre decenas de investigados, cuatro detenidos y miles de folios de documentación, que ya comenzó a recogerse en el otoño de 2014, la Operación Hulla avanza para tratar de desbrozar de dónde salió la fortuna que tanto José Ángel Fernández Villa como José Antonio Postigo y su familia afloraron durante la amnistía fiscal. Al margen del enriquecimiento del exlíder sindical del Soma y de su estrecho colaborador, la Fiscalía Anticorrupción también tiene un ojo puesto en la frenética actividad desarrollada por la constructora Alcedo de los Caballeros para el Montepío de la Minera, durante los años de presidencia de Postigo. Solo la residencia de Felechosa costó 32,4 millones de euros. A esa cantidad, además, habría que añadir obras por remodelaciones o mejoras en otras instalaciones propiedad de la mutualidad, entre Salamanca, Almería y Murcia. En total, el volumen de negocio movido en ese periodo de apenas cinco años por una pequeña empresa de las cuencas roza los 38 millones de euros.
Anticorrupción está investigando el desvío, apropiación y ocultación de dinero tanto público como privado desde 2005 hasta 2014. Esto supone que las pesquisas van mas allá del geriátrico financiado con cargo a los fondos mineros, cuyo presupuesto inicial no llegaba a los 30 millones de euros pero que registró fuertes sobrecostes y que, por si fuera poco, sufre serios desperfectos. La operación abarca al mandato completo de Postigo y de la gestión que se podría haber hecho de las cuentas de la mutualidad minera.
Una causa civil previa
Antes de la irrupción en la escena pública de la Fiscalía, la actual dirección, con Juan José González Pulgar al frente, ya había recurrido a los tribunales, con la apertura de la vía civil. Su prioridad era conseguir la reparación de los desperfectos en el edificio del geriátrico valorados en casi dos millones de euros. Esa es la cantidad que han determinado las auditorías externas contratadas por la mutualidad. La demanda abarca a la constructora, con su gerente, Juan Antonio Fernández, y también al arquitecto, Manuel Sastre, y al asesor fiscal de la propia mutualidad, que fue despedido. Los tres están ahora también detenidos en la Operación Hulla, junto con Postigo.
Con respecto al resto de los fondos, es Anticorrupción la que lleva la voz cantante y la que tendrá que determinar si existen agujeros en la contabilidad por los que se ha podido ir colando el dinero. Fuentes consultadas aseguran que la colaboración está siendo estrecha y que el Montepío lleva más de dos años compartiendo información. Una vez que se sepa si se ha generado un perjuicio económico, será el momento de determinar el siguiente movimiento y si, tal y como hizo el Soma con Villa, la mutualidad se embarca en un proceso judicial.
La constructora
La provechosa relación de Alcedo de los Caballeros con el Montepío no pasó tampoco desapercibida a la Comisión de Investigación de la Junta General que entre los años 2014 y 2015 indagó en el origen de la fortuna de Fernández Villa. El entonces diputado regional de UPyD, hoy secretario segundo del Congreso de los Diputados por Ciudadanos, Ignacio Prendes, ya puso sobre la mesa unos números que le resultaron llamativos. Así en 2008, la constructora tuvo un patrimonio neto negativo cercano a los 6.000 euros y una media de trabajadores de 4,4 a lo largo de todo el año. Prendes aportó datos del Registro Mercantil para explicar que en los tres años posteriores, coincidiendo con la obra de Felechosa, sumó beneficios superiores a los nueve millones de euros, que volvieron a bajar a 196.000 euros en 2013.
Sorprenden varias cosas de estos números. La primera es que a una pequeña empresa en esas circunstancias económicas de pérdidas se le adjudicase un gran proyecto y, posteriormente, la continuidad de la relación. El contrato del proyecto de la residencia se concretó en marzo de 2009, en la sede del Montepío en Oviedo, después de que la constructora obtuviese la máxima puntuación en el análisis de las propuestas, aunque no presentase la mejor oferta económica. Siguiendo las bases elaboradas por una comisión técnica, se valoró que mejorara el proyecto inicial y que estuviera ubicada en las comarcas mineras, ya que la sede de esta empresa está localizada en Pola de Lena. Sin embargo, a personas vinculadas al sector les pareció curioso que una empresa del tamaño de Alcedo de los Caballeros, pequeña en comparación con otras con las que compitió, tuviera la capacidad financiera para hacer frente a una obra de 30 millones de euros, que se disparó por encima de los 32 millones. «Alguien tuvo que respaldar esa financiación, por sí sola hubiera sido imposible», aseguran fuentes consultadas por La Voz de Asturias.
En un comunicado emitido por el Montepío de la Minería en noviembre de 2014, cuando en la dirección ya estaba Juan José González Pulgar, se dejaban claras las certificaciones de obra que había realizado la entidad por la residencia año por año, que sumaron un importe de 28.858.889, 85 euros. En concreto, las certificaciones supusieron 4,299 millones de euros en 2009; 14,49 millones en 2010; 7,97 millones en 2011; añadiéndose una última certificación de 1,105 millones de euros que fue abonada a 1 de noviembre de 2011.
Hasta los 38 millones de euros
¿Qué más puede estar investigando Anticorrupción? La constructora realizó más obras, en el balneario de Ledesma, en Salamanca; y en los complejos de los Narejos, en Murcia; y el de Roquetas, en Almería. Parte de esos proyectos están certificados y pagados. Pero hay otros 669.000 euros en disputa. Cuando la actual dirección del Montepío comenzó a reclamar las deficiencias del geriátrico de Felechosa, el gerente de Alcedo de los Caballeros contraatacó reclamando una cantidad pendiente por la ampliación y mejora de los proyectos de todos esos trabajos ejecutados. La actual dirección ha sostenido desde entonces que no existe constancia de a qué se corresponden esos 669.000 euros y que, por tanto, no hay base para abonar las cantidades.
Pero, si comienzan a sumarse todos los proyectos a los 32,5 millones de euros que terminó costando la residencia, algunas fuentes consultadas elevan el volumen de negocio a 38 millones de euros, en un periodo de tiempo que abarca unos cinco años.