El fracaso de una comisión de investigación

El dictamen sobre las pesquisas parlamentarias sobre los fondos mineros no se aprobó por las desavenencias entre los grupos

Ignacio Prendes
Ignacio Prendes

Redacción

El hoy secretario de la mesa del Congreso Ignacio Prendes se sintió reivindicado después de conocerse los registros y detenciones derivados de la Operación Hulla desplegada por la Fiscalía Anticorrupción. El diputado de Ciudadanos por Asturias en el Congreso afirmó el martes que todas estas actuaciones no hacían más que confirmar los trabajos de la comisión de investigación abierta la pasada legislatura en el parlamento asturiano para indagar posibles irregularidades en los fondos mineros y lamentó que «entonces tanto el PSOE como el PP miraron hacia otro lado y se negaron a aprobar un dictamen que ya hablaba del saqueo de fondos públicos que supuso la construcción del geriátrico de Felechosa». Entonces Ignacio Prendes era diputado autonómico por UPyD, un escaño bisagra que tuvo en su mano buena parte de la estabilidad de la legislatura y que presidió esa comisión de investigación, pero su dictamen nunca pasó de un borrador, no llegó al pleno al contar sólo con el apoyo de Foro Asturias, una oposición tajante del PSOE y la abstención de PP e IU. el fracaso de la comisión fue sobre todo el fracaso del entendimiento entre los grupos aunque también quedó de relieve la impotencia de los parlamentarios para llamar a declarar o incluso hacer declarar a muchos de los comparecientes que fueron llamados a sus sesiones. 

Pese a todas las presencias, fue una ausencia --la del exdirigente del SOMA, José Ángel Fernández Villa-- la que marcó en buena parte los resultados políticos de la comisión de investigación. Fue entonces, cuando fue instado a acudir a la Junta General por parte de los parlamentarios, cuando Villa adujo padecer un «síndrome confusional» que le impedía prestar declaración. Fue el primer episodio que llevó los titulares de prensa del parlamento al hospital y a una sucesión de partes médicos esgrimidos por la familia para justificar su inasistencia que se prolongaría durante dos años hasta que llegó la hora de dar cuentas ante el tribunal de instrucción. Y tampoco entonces fue sencillo, la jueza Simonet Quelle Coto, ya en 2017, terminó por sentar a Villa en el banquillo de los investigados después de aceptar un interrogatorio no demasiado extenso y con preguntas sencillas no sin antes haber hecho pasar por los juzgados a varios expertos forenses, en 14 meses de instrucción y frente a 12 recursos presentados por la defensa de Villa que trataron en todo momento de frenar su comparecencia aduciendo un indeterminadamente grave deterioro cognitivo. Lo que no valió en los tribunales sí funcionó en 2015 en la comisión de investigación y, después ya de declaración ante la jueza, los parlamentarios se lamentaron amargamente de esa diferencia. 

A mediados de marzo de 2015, después de cuatro meses de trabajo y hasta 67 comparecencias, Prendes se dispuso a presentar en su calidad de presidente de la comisión un borrador de dictamen, de algo más de 70 folios, que apuntuaba al entonces consejero de Empleo, Graciano Torro como principal «responsable político» de las presuntas irregularidades en la gestión de los fondos mineros. Se señalaba a Torre por haber participado en la Mesa Regional de la Minería, reunido junto a los respresentantes de CCOO, Maximino García, y del SOMA-Fitag-UGT, José Ángel Fernández Villa; y el presidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom-España), Gabriel Pérez Villalta, que habían dado paso a que la petición de ayuda de una entidad privada como era el Montepío hubiera podido recibir fondos mineros. El borrador del dictamen reclamaba también una auditoría por parte del Tribunal de Cuentas sobre los planes de la minería e instaba al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a investigar la construcción de la residencia de Felechosa. Pero el dictamen no llegó a puerto ni se debatió en el pleno.

No lo hizo porque el borrador presentado por Prendes sólo recibió el respaldo de los diputados de Foro Asturias. Entonces populares y casquistas estaban fuertemente enfrentados, además para el PP el señalamiento sobre Graciano Torre se quedaba demasiado corto y se conformaba en un segundo plato. A su juicio, no apuntaba de forma contundente contra Villa, Prendes se negó aceptar cinco enmiendas de los populares y estos se abstuvieron, su voto positivo hubiera permitido al dictamen salir adelante pero el desacuerdo fue más que intenso y hubo discusiones en un tono elevado a la hora de la votación. El portavoz popular, Fernando Goñi acusó al presidente de la comisión de llevar un texto «precocinado» junto al partido de Álvarez Cascos. 

Los socialistas fueron muy duros con la gestión de Prendes y también con la propia utilidad de la comisión, que en su opinión, había solicitado un exceso de comparecencias y había derivado en un «juguete político» en palabras de su portavoz Fernando Lastra quien acusó además al diputado de UPyD de plantear sus conclusiones con «ideas preconcebidas» y señaló que de los 67 comparecientes que habían prestado declaración en el parlamento sólo siete tenían una relación directa con la gestión de los fondos mineros.

Tampoco IU dió su apoyo en la votación final y optó por abstenerse. La coalición consideró que la comisión no había dispuesto de los medios ni del tiempo necesario para llevar a cabo sus trabajos y no haber podido cumplir en concreto el que era el objetivo de todo el proceso: determinar el origen de la fortuna de Villa descubierta después de conocerse que se había acogido a la amnistía fiscal del gobierno para tratar de regularizar más de un millón de euros. Es algo que todavía no se conoce con certeza, aunque el auto de Quelle Coto señala el posible origen de 434.158 euros y 73 céntimos procedentes de desvíos de la representación del SOMA en el Comité Intercentros de Hunosa. Quizá el resto tenga relación con la investigación desplegada ahora por Anticorrupción sobre el Montepío, pero eso lo dirá la justicia.

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