La Fiscalía denuncia a Graciano Torre por un presunto delito de prevaricación

EFE REDACCIÓN

ASTURIAS

Graciano Torre
Graciano Torre

El Ministerio Fiscal considera que el exconsejero de Economía habria fraccionado los contratos de mantenimiento de los repetidores de TDT de forma «fraudulenta»

02 jun 2017 . Actualizado a las 13:06 h.

La Fiscalía de Asturias ha interpuesto una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra el exconsejero de Economía y Empleo Graciano Torre por el fraccionamiento de los contratos de mantenimiento de los repetidores de la red Televisión Digital Terrestre (TDT).

Fuentes judiciales han confirmado a EFE la iniciativa de la Fiscalía que tuvo su origen en una denunciada presentada el pasado mes de noviembre por Foro. La denuncia de Foro alertaba de que la Consejería de Economía y Empleo adjudicó a la empresa Retevisión, entre octubre de 2013 y diciembre de 2015, un total de 156 contratos menores para el mantenimiento y coubicación de repetidores de TDT, por valor de 2,3 millones, lo que consideraba un «fraccionamiento fraudulento».

La Fiscalía interpuso la denuncia contra Torre ante el Juzgado de Guardia de Oviedo el pasado mes de marzo al considerar que dicho sistema podría supone un «presunto delito de prevaricación». El sucesor de Torre al frente de la Consejería, Francisco Blanco, puso fin a este mecanismo a finales de 2015 y calificó de «callejón sin salida» la situación generada en torno al mantenimiento de los repetidores de la red de TDT tras la finalización del contrato suscrito con la empresa Retevisión en 2013.

Ese mismo año, la Comisión Europea advirtió de que las ayudas concedidas por España para extender la TDT a zonas remotas, donde los operadores de telecomunicaciones eran reticentes a invertir por la menor rentabilidad, eran incompatibles con las normas comunitarias al no respetar la denominada neutralidad tecnológica y apostar por una tecnología concreta frente a otras como el satélite. Desde entonces, el Gobierno regional, como solución «transitoria» y a la espera de la resolución del conflicto entre la Comisión Europea y España, comenzó a adjudicar contratos menores para evitar un corte de la señal a cerca de 100.000 usuarios residentes en las zonas menos urbanizadas de la región.

El pasado mes de octubre, Blanco explicó en la Junta General que, ante las dudas que suscitaba para el Principado esta cuestión, se puso en contacto con la Comisión Europea y con el Ministerio de Industria sin que hubiera respuesta de ninguno de los dos, lo que situaba a la administración autonómica ante «un callejón sin salida». Blanco decidió poner fin al sistema de acumular sucesivos contratos menores al considerar que dicho método era «una solución transitoria que en algún momento tenía que acabar» y que «el plazo razonable ya había terminado».