El abogado Javier Díaz Dapena, defensor del arquitecto que realizó el proyecto de la residencia de Felechosa, asegura que su representado está «tranquilo y satisfecho de recuperar su vida normal»
02 jun 2017 . Actualizado a las 17:42 h.El arquitecto Manuel S.F. abandonó a las 12 de la noche del pasado jueves el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo, que investiga la «Operación Hulla», en libertad provisional, sin fianza, y sin que la magistrada-juez Begoña Fernández adoptara contra él medida cautelar alguna, siguiendo así el posicionamiento de la Fiscalía que se postuló en contra de su encarcelamiento. Una situación procesal que, a juicio de su abogado, Javier Díaz Dapena, le facilita la posibilidad de afrontar mejor su defensa y vendría a constatar que «la entidad de los hechos que se le imputan es escasa, puesto que ni tiene que comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, ni se le retiró el pasaporte como ha ocurrido en el caso de otras personas investigadas».
Tranquilo, en su domicilio y trabajando
El letrado reconoce que tras los primeros momentos de «desconcierto» por su detención, en el marco de la investigación abierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, actualmente su representado se encuentra «tranquilo» en su domicilio y «satisfecho de recuperar de nuevo su vida normal, en compañía de su familia y trabajando».
La «Operación Hulla» cogió al arquitecto, autor del proyecto de la residencia de mayores La Minería, en Felechosa (Aller), «totalmente por sorpresa», ya que nunca hasta ahora se le había relacionado con actuación irregular alguna. «Es lógico que al principio estuviera un poco desorientado, por la detención y por el posterior registro de su casa y su oficina, porque a él jamás le citaron a declarar, ni en calidad de testigo, ni de investigado, ni se le cuestionó ninguna actuación profesional», señala Javier Díaz Dapena.
El secreto de sumario decretado por la titular del juzgado impide al letrado conocer el alcance de las imputaciones, si bien en principio se habla de la investigación de una posible falsedad documental. «Habrá que esperar al levantamiento del secreto de sumario. Mi representado cobró sus facturas y jamás se las cuestionaron. No sabemos realmente qué cargos hay contra él», ratifica.