¿Estaba orquestado el desvío de fondos del geriátrico de Felechosa?

Un Real Decreto permitía que entidades como el Montepío gestionasen obras de fondos mineros. El límite estaba en un 1%, que se modificó por unanimidad en la Mesa Regional para incluir la residencia como proyecto singular

Residencia Spa del Montepío de la Minería, en Felechosa.Residencia Spa del Montepío de la Minería, en Felechosa
Residencia Spa del Montepío de la Minería, en Felechosa

Redacción

¿Cómo y cuándo surge la idea de construir un geriátrico en Felechosa? ¿Es una idea del SOMA o del Montepío de la Minería? ¿Quién la lleva a la mesa de negociación de los fondos mineros? ¿Por qué se permite al Montepío gestionar 30,9 millones de euros de fondos públicos? ¿Puede ser que estuviera orquestado entre el SOMA y el Montepío el desvío de fondos mineros de los destinados a la residencia? Son muchas las preguntas que van surgiendo desde que el pasado martes la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusieran en marcha la «Operación Hulla» en la que se investiga al exsecretario General del SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa; a su más directo colaborador, el exsecretario de Acción Sindical del SOMA-UGT y expresidente del Montepío de la Minería Asturiana, José Antonio Postigo, así como a los familiares más directos de ambos y otras personas por «el indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos públicos». Estos los habrían obtenido, presuntamente, de los fondos mineros concedidos por el Instituto del Carbón a partir de 2009 para la construcción de la macro residencia para mayores de Felechosa. 

El secreto de sumario decretado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo mantiene algunos de esos interrogantes hasta que se levante. Otros seguramente no tendrán respuesta hasta que no concluya el proceso judicial, pero la normativa establecida para regir las ayudas de los fondos mineros y testimonios dan explicación a alguna de esas preguntas. 

Lo primero que cabe señalar es que el Real Decreto 1112/2007 de 24 de agosto, por el que se estableció el régimen de ayudas al desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del Carbón, dejaba la puerta abierta a que entidades como el Montepío de la Minería pudieran gestionar fondos mineros. Aunque se establecía un límite del 1%, también se planteaba que se podría ampliar para proyectos singulares con el beneplácito de todos los integrantes de la Mesa Regional de la Minería. En concreto, en el artículo 2.2 de dicho Real Decreto se contemplaba: «Sólo excepcionalmente, estas ayudas podrán concederse a entidades sin ánimo de lucro a condición de que dichas entidades sean de reconocido prestigio y actúen en el ámbito de la minería del carbón y de que las ayudas se trasladen íntegramente a beneficiarios finales no empresariales». Además, en el artículo 6.2 se indicaba que «excepcionalmente, con el límite del 1% de los fondos, podrán financiarse infraestructuras cuya titularidad corresponda a entidades sin ánimo de lucro cuya actividad se desarrolle en los municipios incluido en el ámbito geográfico definido en el artículo 5. Este límite podrá ampliarse en caso de proyectos singulares siempre que estén apoyados por unanimidad de la Mesa Regional de la Minería». 

Y así fue con el proyecto de la residencia geriátrica de Felechosa, que fue aprobado unánimemente en la Mesa Regional de la Minería del Carbón celebrada el 23 de julio de 2008. Esto conllevó una modificación de aquel Real Decreto de 2007 un año después de la reunión de la Mesa Regional. En fecha del 17 de julio de 2009, cuando ya se habían iniciado las obras de construcción del geriátrico de Felechosa, el Ministerio de Industria, encabezado por el socialista Miguel Sebastián, dispone el Real Decreto 1219/2009, que entró en vigor el 5 de agosto de ese año. En él se matizaba que «este límite podrá ampliarse en caso de proyectos singulares, siempre que estén apoyados por unanimidad de la Mesa Regional de la Minería». Y es que si el límite para que una entidad sin ánimo de lucro gestionara fondos mineros era del 1%, el Montepío de la Minería llegó a gestionar el 17%, que fue el porcentaje que supusieron esos 30,9 millones de euros que se le concedieron. 

¿De quién fue la idea?

Pero, ¿de quien fue la idea de llevar el proyecto de un macro geriátrico a la Mesa Regional de la Minería? Diferentes fuentes apuntan a que la iniciativa la planteó el SOMA a través del Montepío de la Minería y que, dado que se consideró una demanda importante para las comarcas mineras por su alto grado de envejecimiento, la hizo suya y le dio su apoyo CCOO, la otra central sindical que participó en las negociaciones de los fondos mineros. A este respecto, el actual secretario general de la Federación de Industrial de CCOO, Damián Manzano, explica que por lo que conoce de aquellas negociaciones «la idea parte del SOMA del propio Montepío» y que por aquel entonces su sindicato «lo respaldó porque se pensó que podría generar empleo». Lo que Damián Manzano no quiere entrar a valorar es si los dirigentes por aquél entonces de la otra central sindical y de la entidad mutualista podían tener algo orquestado, pero tiene claro que «si alguien concibió algún desvío desde el origen, la Fiscalía va a conseguir que eso se desvele», matiza. 

Por su parte, el secretario general del SOMA-FITG-UGT, José Luis Alperi, sólo indica que la inclusión de este proyecto en los fondos mineros fue «una decisión política» porque era un proyecto «bien pensado que podía generar valor añadido». Así, respecto a la «Operación Hulla», que pone en duda la gestión de los fondos destinados al geriátrico de Felechosa, el dirigente sindical señala demanda que «se depuren responsabilidades» para que «quien la haya hecho, que la pague», e insta «a no estigmatizar a todas las comarcas mineras». Entiende que «la idea original de los fondos mineros estaba bien» y, pese a todo, considera que han contribuido a mejorar las cuencas. 

Muy crítico se ha mostrado a este respecto el secretario general de Podemos y diputado en la Junta General del Principado, Daniel Ripa, para quien el caso «Hulla» viene a ser una prueba de que «la reactivación económica de las cuencas no era el objetivo de los fondos mineros, sino favorecer a unas pocas personas con fines clientelares, y el Montepío fue el culmen del proceso». Además, él mismo considera «falaz» la postura del partido socialista ante las investigaciones de la Fiscalía porque señala que «entre el SOMA y el PSOE, obviamente, había un diálogo permanente independientemente de quien tuviera las competencias».

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