El constructor del geriátrico reduce el agujero investigado a dos millones de euros

Ni 15 ni 20 millones. El constructor del geriátrico de Felechosa considera que las cantidades máximas que se pueden estar investigando no llegarán ni a los dos millones de euros. «Parece que hay un globo que se va a pinchar», señala su representante legal, el abogado Miguel Valdés-Hevia. La defensa todavía no ha tenido acceso a los 10.000 folios de los que consta la causa instruida a raíz de la Operación Hulla. Aún están en una fase de numeración y digitalización. Pero comienza a intuir por dónde van las cosas.

Valdés-Hevia matiza que la obra de la residencia ejecutada por la empresa Alcedo de los Caballeros, cuyo gerente Juan Antonio Fernández está en libertad con cargos y sin fianza, fue de 30 millones de euros y que los dos millones restantes de los que se habla -hasta más de 32 millones- no se corresponden con los trabajos sino con otros trámites y honorarios que nada tienen que ver con él. Defiende su solvencia para hacerse cargo del proyecto y compara su exigua plantilla de entonces, con la que tenía, por ejemplo, Procoin. Del mismo modo, insiste en que las bases no primaban el precio porque el objetivo era gastar en la obra los 30 millones de euros concedidos por los fondos mineros para levantar la residencia que gestionaría el Montepío de la Minería.

Burbuja

El letrado del constructor está convencido, a falta de bucear en la instrucción, que esos 15 millones sometidos a sospecha se van a quedar en mucho menos. Cree que, al final, la investigación se centrará en menos de dos. Le sirve esta cifra como herramienta para hablar de «ese globo que se va a pinchar». También señala que hay la misma confusión con respecto a otros asuntos. Indica que, en lo que afecta a la empresa de Juan Antonio Fernández, las pesquisas se centran solo en la construcción del geriátrico y no en el resto de obras que Alcedo de los Caballeros pudo hacer para el Montepío tanto en Murcia como en Almería o Ledesma. A su juicio, se habla de los otros seis millones que facturó durante la etapa de de José Antonio Postigo al frente del Montepío «para dar a entender que solo le contrataban a él cuando no era así». La empresa asumió algunos proyectos pero rechazó otros. Se refiere a unas obras encargadas durante las obras de Felechosa que no pudo asumir por falta de capacidad para ejecutarlas. «El cogollo de la investigación está en el geriátrico», reconoce Valdés-Hevia.

¿Cómo una empresa pequeña pudo asumir una obra de ese tamaño, por 30 millones de euros? ¿Cómo una empresa con apenas cuatro trabajadores se puede hacer cargo del proyecto? Esa pregunta ha sobrevolado la Operación Hulla desde el principio. El letrado del constructor asegura que es una práctica habitual de las constructoras tener una plantilla fija muy reducida y después subcontratar la mayor parte de las tareas. Vuelve a poner ejemplos. Dice que en la misma época en la que Alcedo de los Caballeros contaba con una plantilla media anual de 4,4, firmas de mayor envergadura como Procoin estaban en 20. Incluso habla de algunas con 12 trabajadores que llegan a subcontratar a 1.000 obreros a la vez en picos de máxima actividad. A su juicio, el dato de la plantilla, por tanto, no es relevante para el caso.

Las bases de adjudicación

Sí parece más importante el hecho de que se adjudicase el proyecto a una oferta cara y no a la más barata. En este apartado, Valdés-Hevia afirma que «era una cuestión de ideas y no de precio». Su argumento es que el Montepío tenía 30 millones para construir una residencia de mayores y su intención era emplear todos los recursos, por lo que en las bases se dio mayor peso a las ideas que a las tarifas. «Era cuestión de ideas y de criterios más subjetivos», sostiene.

La defensa del constructor se centra ahora en toda la parte relacionada con las medidas cautelares. Tanto Valdés-Hevia como Javier Díaz Dapena, representante de Manuel Sastre, el arquitecto también investigado, han recurrido esas medidas cautelares dictadas contra ambos por el juzgado número 3 de Oviedo antes de ponerlos en libertad sin fianza y después de declarar. Lo que reclaman a la jueza Begoña Fernández es que autorice la devolución de los vehículos embargados. Fernández ordenó embargar bienes, cuentas, productos financieros y, además, los vehículos.  

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