El Principado insiste en que no tenía ningún papel de control sobre el Montepío

El consejero de Empleo destaca que el convenio bilateral se firmó con la administración estatal. El portavoz de Podemos cree que ha habido «manga ancha» con los investigados


Redacción

El Gobierno del Principado conocía el proyecto y la cuantificación del geriátrico que el Montepío Minero levantó en Felechosa con fondos mineros, pero no tenía asignado ningún papel de control o seguimiento de la obra, que es objeto de investigación en la llamada «Operación Hulla». En estos términos se ha expresado hoy el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, al ser preguntado en el pleno de la Junta General del Principado, por el portavoz de Podemos, Daniel Ripa, sobre la información de la que disponía el Ejecutivo asturiano respecto a la construcción del geriátrico del Montepío en Felechosa.

En el geriátrico «La Minería», una obra ejecutada con 31 millones de fondos públicos por el Montepío de la Minería, se centran las sospechas del cobro de mordidas por parte de los seis detenidos en la «Operación Hulla». A raíz de esta investigación, el Juzgado número 3 de Oviedo ha decretado el embargo de los bienes, cuentas y otros productos financieros de doce investigados entre los que están el exsecretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío de la Minería Asturiana José Antonio Postigo.

Manga ancha

Tras recordar que Pola ha sido director general de Minería y Energía entre 2007 y 2015, Ripa ha asegurado que es «vergonzosa la manga ancha» que el Gobierno asturiano ha tenido con Postigo y Villa, ya ha incidido en que se equivocaron quienes ampararon y ocultaron la corrupción de sus ex dirigentes.

Ripa ha recordado que la Mesa Regional de la Minería, de la que forma parte el Gobierno, dio el beneplácito para este convenio singular, el único suscrito entre el Instituto del Carbón y una entidad privada, y se ha mostrado convencido de que hubo influencias políticas para que fuese así.

Pola, por su parte, ha señalado que esta obra se consideró de interés por todas las partes y que por unanimidad se aprobó por parte de la Mesa de la Minería, pero que dado que se trataba de un convenio bilateral entre el Estado y el Montepío, y que el Ejecutivo asturiano no hacía ninguna aportación económica, no implementó ningún sistema de control desde el inicio del proyecto.

«Ni en el protocolo de colaboración, ni en los desarrollos normativos ni en el convenio específico se le asigna al Principado papel alguno en el control, planificación o seguimiento económico de esta actuación», ha subrayado.

Digitalización del sumario

En términos similares se pronunció al término del Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien insistó que el Ejecutivo autonómico «no tiene ninguna función ni capacidad de supervisión» en el proceso seguido para la construcción de la residencia geriátrica, ya que correspondía al Estado. Martínez se refirió además a la reclamación realizada ayer por la presidenta del PP, Mercedes Fernández, para que el PSOE asturiano dé explicaciones sobre el «escándalo» por los procesos judiciales abiertos al ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, que fue el «mandamás» de los socialistas, además de diputado nacional y senador.

«Si usted avanza más allá y me habla del PSOE no alcanzo a entender en este momento esa relación en concreto», ha recalcado Martínez, que ha indicado que este fue unos de los convenios de los fondos mineros firmados en Asturias en el que el Gobierno regional no tuvo ningún tipo de participación.

Ha reiterado la voluntad del Ejecutivo regional de que la justicia actúe con rapidez y con la contundencia que sea necesaria sobre este caso que, según ha recalcado, fue un convenio bilateral entre una entidad privada y el Estado, en el que el Gobierno del Principado «no tiene ninguna responsabilidad».

Por otra parte, Martínez ha indicado que, «por el momento», la administración asturiana no ha recibido ningún oficio de solicitud del jugado para la digitalización del sumario del caso Villa. No obstante, ha apuntado que en el caso de producirse se actuará con urgencia para la contratación de una empresa que pueda realizar «en pocos días» este trabajo.

Ha señalado que si llega la petición adjudicara este trabajo por un contrato menor a una empresa, con la pertinentes medidas de seguridad y cláusulas de confidencialidad para que escanee estos datos y los remita al jugado competente. Ha recordado que en el caso Marea hubo una petición para la digitalización de 179.000 folios del sumario, lo que supuso un coste a la administración asturiana de más de 14.000 euros y ha apuntado que en 2016 se realizaron 22 peticiones que supusieron un coste de 2.644 euros. Martínez ha indicado que la digitalización por parte de empresas privadas no se realiza porque los juzgados carezcan de escáneres sino para «evitar un atasco» en las sedes judiciales ante el alto volumen de folios que contiene este tipo de sumarios.

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