La mutualidad revisa ahora documentación entre los años 2003 y 2009, tras detectar nuevos hechos sospechosos
15 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Dos investigaciones corren paralelas en la operación Hulla. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su querella en el juzgado número 3 de Oviedo que a partir de ahora se hará cargo de la instrucción. La segunda es la que continúa desarrollando el propio Montepío de la Minería, que es el epicentro que explica el enriquecimiento del exlíder del Soma, José Ángel Fernández Villa; y su mano derecha, José Antonio Postigo. La mutualidad minera, volcada en abrir puertas y ventanas alrededor de sus cuentas, sigue revisando documentación correspondiente al periodo entre los años 2003 y 2009, es decir, a la etapa previa a la construcción de la residencia de Felechosa, marcada por el final de la presidencia de Alfredo Álvarez Espina y la toma de posesión del propio Postigo. Fuentes consultadas confirman que han encontrado algunos hechos «sospechosos» y que básicamente se centran en dos, aunque no han matizado de qué se trata exactamente. Una vez reunidas todas las pruebas volverán a remitirse a las autoridades judiciales.
La querella de Anticorrupción ha aportado pistas clarificadoras. El documento reconoce que Postigo, presuntamente con el beneplácito de Fernández Villa, abusó de su posición primero como dirigente y secretario de acción sindical del Soma y como miembro de la comisión regional del Montepío y después ya como su presidente. Precisa que entre los ejercicios 2003 y 2015 pudo hacerse de forma fraudulenta con fondos privados del Montepío. Esta parte del escrito es clave porque inicialmente la fiscalía había fijado el periodo investigado en el 2005, justo antes de la llegada de Postigo a la presidencia, pero ahora lo adelanta dos años. Es más, en otra parte de la querella, dice expresamente que se valió de «su poder de influencia» sobre Ángel Álvarez Espina para conseguir sus propósitos.
Punto de inicio
¿Qué pasó ese año 2003 para que la trama se pusiera en marcha? Fuentes consultadas explican que ese fue el ejercicio en el que comenzó «el proceso inversor del Montepío», con sus actividades inmobiliarias. Esas mismas fuentes señalan que aquellos momentos Postigo y el SOMA ya tenían «hombres de paja» dentro de la mutualidad. De hecho, al que fuera mano derecho de Fernández Villa le crearon un cargo a la medida. Era el coordinador de la comisión ejecutiva del sindicato con la mutualidad.
La investigación interna del Montepío no busca responsables sino hechos concretos. «La responsabilidad tendrán que depurarla después las autoridades judiciales», matizan en la organización. Su idea es depurar y para limpiar la actual directiva tiene que saber antes qué hay e informar directamente a los mutualistas, que asisten atónitos al alud de noticias sobre el posible expolio de los fondos propios. La actual dirección ha dicho ya en varias ocasiones, por boca de su presidente, Juan José González Pulgar, que esta labor que están desarrollando es «una obligación moral». Así que quieren llegar hasta el final.
Dos auditorías más
La mutualidad tiene en marcha, además, dos auditorías, que ya están en una fase muy avanzada. Esos exámenes versan sobre otro capítulo aún abierto. Se trata de las obras que la constructora Alcedo de los Caballeros -la empresa que levantó el geriátrico de Felechosa y que aparece señalada en el epicentro de la trama- realizó en los complejos vacacionales de Murcia y Almería, de mejora y reparación. Se trata de determinar con exactitud, qué se hizo, con qué calidades y si se pagó un precio acorde.
No es el único cabo suelto. La constructora reclama al Montepío 669.000 euros, precisamente por esos trabajos de mejora y reparación. Cuando la mutualidad comenzó a denunciar las deficiencias de la residencia de Felechosa y a reclamar la compensación al gerente de Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández, contra el que también se ha querellado Anticorrupción, este contraatacó y denunció impagos por esa cantidad de 669.000 euros. Dice que corresponden con trabajos ejecutados pero el actual presidente, Juan José González Pulgar, señala que no existe ninguna prueba de que se le deba ni un céntimo.