Es más caro el remedio que la enfermedad

Una plataforma de médicos, consumidores y pacientes recluta asturianos para exigir unos precios realistas y justos para los medicamentos. Pretenden que las administraciones paren los pies a las farmacéuticas

Vídeo de la campaña «No Es Sano» Asesores sanitarios, presidentes de ONGs sanitarias, directores de institutos especializados, exdirectivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), científicos se suman a la campaña para exigir un precio justo y humano para los medicamentos

Redacción

¿Qué es un precio justo y humano para un medicamento? No parece haber una única respuesta válida para esta pregunta, aunque sí un pensamiento muy extendido de que lo razonable no es lo que se está pagando ahora. Esa es la base de la que parte No es sano, una alianza y una campaña impulsada por pacientes, consumidores y profesionales sanitarios que acaba de recalar en Asturias, de la mano de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, presidida por Carlos Ponte. Su premisa es que la política oscurantista y mercantilista de las farmacéuticas están llevando al despeñadero a los sistemas públicos de salud. Antes eran los países sin recursos los que tenían dificultades para acceder a los medicamentos, pero ahora el problema ha dado el salto a Europa. La plataforma reclama a los Estados, a los Gobiernos de las comunidades autónomas, a las direcciones de los hospitales que abran los ojos y adopten medidas urgentes, que sometan los procesos de compra a procesos transparentes, que los fondos para investigación se gestionen de otra manera, que se frene el poder de las grandes industrias,... En definitiva, reclaman un uso más racional del dinero público para tratar de conseguir un sistema universal.

El consejero asturiano

El consejero Francisco del Busto, por el momento, no se ha sensibilizado con la campaña. Ha recibido el manifiesto. Ha dado acuse de recibo, pero ni ha concertado un encuentro ni se ha comprometido en trasladar las reivindicaciones al Ministerio de Sanidad, tal y como han hecho sus homólogos de otras comunidades. En los próximos días, los promotores de la campaña llegarán también a los grupos parlamentarios y a más colectivos de pacientes. Aunque al Estado le corresponden las competencias a más gran escala, las autonomías tienen margen de maniobra. Pueden establecer sistemas más transparentes de compra para que todo el mundo sepan lo que están pagando, porque uno de los problemas es que no se sabe cuánto paga cada uno porque son negociaciones privadas. En ocasiones llega a tal extremo que hasta cada hospital puede abonar cantidades diferentes en un mismo territorio, lo explica Mónica Cabagna, técnico de Salud de la OCU. Publicar las tarifas sería una manera de empezar a regular y a contener el mercado.

Saben que el enemigo no es pequeño. Lo reconoce Irene Bernal, coordinadora de Políticas de la campaña No Es Sano, pero lo que está en peligro es aún mayor. El sistema público español ya están pagando tarifas disparadas por productos vinculados a la oncología, el VIH, la esclerósis o algunas enfermedades raras. Y se avecinan problemas mayores. Como solo se investiga aquello que es rentable, en breve aparecerán nuevos problemas de salud pública. Bernal explica, por ejemplo, que no se están produciendo nuevos antibióticos y que la población ya está generando resistencia a los actuales, así que a corto plazo se pueden producir nuevos tipos de infecciones hospitalarias. Luego está la clave de las patentes. Las farmacéuticas rentabilizan durante 20 años sus moléculas y cuando está a punto de acabar introducen pequeñas modificaciones pero la venden como mucho más eficaz para conseguir una nueva patente sobre ese mismo producto, lamenta Bernal. Aunque la táctica es evidente, funciona. Cabagna, sin embargo, señala que hay un estudio francés que ha estudiando este tipo de patentes en un periodo de 13 años, a partir del año 2000, que ha descubierto que el 51% no suponen ninguna mejora y que solo el 2% son realmente innovadores. Sin embargo, se están comprando. 

Pequeños pasos y el «repago»

Noticias como la generada en la comisión interterritorial de Sanidad, que ha decidido el tratamiento a todos los pacientes de hepatitis C, son bien acogidas. La alianza No es sano lo considera positivo porque ayuda a un colectivo de pacientes que realmente lo necesita y que, además, respalda esta campaña. Pero no ataca el problema desde la raíz, que es que el precio de los antivirales de acción directa son muy elevados, casi imposibles de pagar por un particular y con una carga insostenible para un sistema pública. La clave estaría no tanto en universalizar sino en presionar a la farmacéutica para que fije un precio real, matiza Bernal. Eso evitaría que la factura que están pagando las comunidades por los medicamentos no estén creciendo entre un 25% y un 30%, debido a la salida al mercado de una nueva hornada de patentes más caras que las anteriores. Esa escalada, a medio, plazo, dicen los promotores de la alianza «es insostenible».

Otra fórmula es evitar el repago. Tanto Cabagna como Bernal explican que muchos medicamentos se están pagando dos veces. Las administraciones invierten en I+D y destinan millones de euros a la investigación biomédica. De ahí salen muchos de los medicamentos que después llegan al mercado protegidos con patentes y los mismos que contribuyeron a su descubrimiento con la aportación de fondos se ven obligados a abonar cantidades económicas disparatadas. La plataforma cree que es necesario regular estas prácticas, conseguir más datos sobre los ensayos clínicos, que las industrias publiciten sus costes. Las compras centralizadas, en las que Andalucía fue pionero y a las que se suma Asturias, tienen también algunas ventajas, a nivel regional, porque suponen algún ahorro y aportan ciertan transparencia. Pero la forma debe ser más global.

Otros frentes

Hay otros frentes igual de polémicos que atacar. Se trata de la relación entre los médicos y las farmacéuticas. El propio Carlos Ponte explica que hay dos asignaturas pendientes en España con este tema. En primer lugar, conseguir que se declaren de forma íntegra los ingresos que se consiguen por este cauce, aunque precisa que en Estados Unidos ya se hizo y no fue demasiado efectivo. Solo se consiguió un «lavado de imagen». El segundo punto es una declaración de incompatibilidades para que los profesionales que adoptan la decisión de qué medicamentos sufraga la sanidad pública no tengan intereses privados en las empresas que ponen esos fármacos en el mercado. Se puede ir, incluso, más allá, reconoce Ponte. Eso sería que la formación de los profesionales sea totalmente independiente y que no haya ningún tipo de relación con las empresas. «Habría que establecer una serie de criterios éticos», argumenta.

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