Los críticos abandonan la asamblea general después de que la actual dirección rechazara dimitir. Pulgar avala su gestión con unas cuentas saneadas y con su colaboración con la Fiscalía
23 jun 2017 . Actualizado a las 19:24 h.No se vaticinaba tranquila. Y así fue. Por las rendijas de las puertas cerradas a cal y canto, y vigiladas por miembros de la organización, se colaban las voces. Alguno, incluso, abandonó la sesión ostensiblemente indignado, pese a los intentos de otros mutualistas por calmarlo. La asamblea general del Montepío de la Minería escenificó las dos posturas irreconciliables que se mantienen en su seno. La primera es la que representa la actual dirección, encabezada por Juan José González Pulgar y reelegida en las elecciones del año pasado, que se ha puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción y que insiste en su intención de sanear la entidad y poner un punto y a parte en la gestión. La segunda es el sector crítico encabezado por Alberto Rubio, que no se cree que una dirección alumbrada por el SOMA, heredera de José Antonio Postigo y José Ángel Fernández Villa, esté legitimada para regenerar nada. La disputa no se mantuvo hasta el final. Los críticos exigieron la dimisión del comité regional y al no conseguirla abandonaron la sesión, en medio de una fuerte controversia. La dirección ejerció su mayoría y sacó las cuentas adelante.
Juan José González Pulgar comparecía en la asamblea general armado con dos argumentos. El primero es su colaboración con las autoridades judiciales. La asamblea ha coincidido en el tiempo con la erupción de la operación Hulla, que ha generado un sumario de miles de folios en el que se detallan las prácticas de su predecesor en el cargo, José Antonio Postigo y de Villa y el enriquecimiento de ambos. Frente a los contratos con empresas interpuestas, las operaciones inmobiliarias de dudosa legalidad, la grieta por la que se colaron los fondos mineros destinados a la construcción del geriátrico de Felechosa, Pulgar exhibe su intención de sanear el Montepío e investigar hasta las últimas consecuencias. Ha encargado auditorías de las obras del balneario de Ledesma y los complejos de Murcia y Roquetas de Mar y se ha puesto a revisar documentación hasta el 2003, el año que parece clave en todo este entramado. «Mantenemos una actitud proactiva», ha explicado Pulgar, que considera como el «elemento clave el proyecto inversor de 2003», aquella rocambolesca operación en la que la mutualidad vendió barato en Murcia para comprar caro en Almería.
Búmeran de críticas
A los críticos no les basta. Alberto Rubio reclama la dimisión de la actual dirección y la creación de un organismo provisional que realmente lidere la regeneración de la mutualidad. No se fía ni de Pulgar ni del 70% de los que le acompañan, porque son gente que lleva varias décadas vinculadas a la entidad y «cuando les interesó miraron para otro lado». No se cree que Postigo haya sido responsable único y último de todo. Cree que es una estrategia. «Una organización que saqueó el Montepío y que está bajo sospecha no puede hacerlo. Es una cuestión de higiene democrática», explica Rubio en referencia al SOMA. Ni siquiera le convence la colaboración con la justicia. «Es un condón que se están poniendo. No es más que una cortina de humo», interpreta con vehemencia. Lo razona. Esa insistencia en revisar la compraventa de 2003 le parece baldía. «Cualquier cosa que hubiese pasado entonces ya habría prescrito», señala. Con respecto a Felechosa, teme que el Montepío termine siendo responsable civil subsidiario.
El pasado es un búmeran de ida y vuelta. También lo utiliza Pulgar -que contó con el apoyo desde la primera fila del actual secretario general del Soma, José Luis Alperi- para descalificar a los que le atacan. «Esos que piden cabezas tienen mucho que callar», explica. La dimisión es algo que ni se le ha pasado por la cabeza. En primer lugar, porque ha presentado las cuentas más saneadas en muchos años. En segundo término, por esa amplificada colaboración con Anticorrupción. Pero también por un tercer motivo de índole interna. Pulgar asegura que la dimisión empujaría al Montepío a la disolución, por el modo en el que están redactados los estatutos. «¿Qué es lo que persiguen estas personas? ¿La disolución? ¿Qué intereses están defendiendo?», se pregunta.
Caras conocidas
Todo esto salió en la asamblea antes del abandono de los críticos. «Prefiero ser populista que expoliador», gritaron algunos. Los ánimos estaban realmente encendidos. «Hay que mirar dónde estaba cada uno», argumentaban. Comisiones Obreras (CCOO) también recibió su parte, como consecuencia del abandono de los órganos de responsabilidad. Entre el público hubo asistentes con papeles complicados, un hermano de José Antonio Postigo, un exvicepresidente del Montepío como Salvador Fernández; o un expresidente como Ricardo Estébanez.
Si el pasado parece un obstáculo insalvable, el futuro no se presenta mucho mejor. Críticos y dirección están de nuevo enfrentados por la creación de una fundación. Uno de los puntos del orden del día era dar el visto a la creación de una fundación que asumirá la obra social del Montepío, y a la que se podrá dotar de más funciones y que nacerá con la aportación de las participaciones en las empresas filiales del grupo, tras el reparto de dividendos. Tendrá sus propios órganos rectores. Alberto Rubio denuncia que les intenten colar un cheque en blanco, ya que la dirección quiere que se vote algo que no se sabe cómo va a ser. Rubio señala que primero habría que haber presentado un borrador de estatutos para saber qué se va a hacer.