Expedientes disciplinarios por publicitar la privada, reclamaciones patrimoniales de pacientes por errores y denuncias cruzadas acorralan el servicio. El Sespa ha colocado a un subdirector a vigilar la programación quirúrgica
27 jun 2017 . Actualizado a las 14:41 h.«La conflictividad laboral en el servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha sido desde su creación un problema que ha generado un clima laboral en el que se han cruzado numerosos escritos de profesionales con el jefe por motivos diversos». El gerente del Servicio de Salud del Principado, José Ramón Riera, reconoce con estas palabras la situación que está sufriendo este servicio sobre el que, además, pesan denuncias por presuntamente haber enchufado a altos cargos. La Fiscalía ha archivado la denuncia interpuesta por Podemos, pero la formación morada asegura que continuará el litigio por la vía penal, para así poder exigir pruebas periciales que demuestren sus tesis. Cuenta, además, con nuevas pruebas. Precisamente, el día en el que se archiva la causa, el Gobierno del Principado responde a su demanda de información sobre lo que está pasando dentro. El relato incluye expedientes disciplinarios por publicidad sanitaria y por incompatibilidades, demandas patrimoniales de pacientes y hasta una llamativa decisión de vigilar las programaciones quirúrgicas.
La información, sin embargo, no está completa. El diputado Andrés Fernández Vilanova denuncia que Sanidad libera datos con cuenta gotas y que se ciñe a la literalidad de sus preguntas para que no se haga una representación completa. Por ejemplo, la administración explica qué expedientes disciplinarios se abrieron pero no cómo se resolvieron. Este juego del gato y del ratón dura ya varios meses. Fernández Vilanova asegura que seguirá insistiendo hasta que tenga todos la información en sus manos. La investigación comenzó por dos posibles casos de altos cargos enchufados en la lista quirúrgica pero se ha extendido.
La información del Sespa
El Sespa ha reconocido, en diferentes respuestas, que ha incoado tres expedientes disciplinarios al jefe de servicio de Urología del HUCA, Ramón Abascal. El primero, en 2012, coincidió con la huelga médica. Un conflicto interno acabó con una sanción pero el Principado tuvo que restituirlo en su puesto ya que se le acusaba de unos hechos que coincidían con un periodo en el que no estaba activo. Los otros dos son de 2014 y de 2015, a raíz de denuncias previas. En el primero de los casos, existe una resolución en la que se decide abrir un procedimiento sancionador contra Abascal por «realización de publicidad sanitaria» y un expediente disciplinario «por incumplimiento de la ley de incompatibilidad y por infracciones contempladas en el estatuto básico del empleo público (EBEP)». Sin embargo, entre la documentación no se incluye cómo se resolvieron estos dos expedientes.
Otra de las denuncias de Podemos contra el servicio ha sido por una posible mala praxis en la atención de pacientes con enfermedad litiásica renal (cálculos). El Sespa reconoce que ha recibido cuatro solicitudes de responsabilidad patrimonial de asturianos con esa patología tratados en el HUCA. El Servicio de Salud encargó informes periciales, analizó las pruebas de parte y de la Inspección Médica y tuvo en cuenta el informe del Consejo Consultivo de Asturias. Una vez concluido todo el proceso «de las cuatro reclamaciones han desestimados dos y las otras dos se encuentran en tramitación».
Sobre estas negligencias en la enfermedad litiásica, Riera da otra explicación. Reconoce que un especialista denunció por escrito la posible existencia de errores a finales de 2014. Precisa que en aquellas fechas era habitual las denuncias mutuas entre profesionales del servicio. Asegura que este escrito, en concreto, «tenía como contenido fundamental una reivindicación laboral del denunciante por unos cambios introducidos por el doctor Abascal, después de que se le asignara la función de jefe de servicio», una vez que quedó sin efecto el primer expediente disciplinario. El gerente del Sespa asegura que esos cambios fueron muy criticados y lo sitúa en el foco de la conflictividad.
Adopta medidas
El Servicio de Salud del Principado es consciente de que tiene un problema con Urología. Así lo reconoce en su respuesta a Podemos. Riera considera que abrir expedientes disciplinarios es el último recurso, así que ha detallado la batería de medidas adoptada para intentar poner coto al conflicto. En primer lugar, ha colocado a un subdirector, en concreto el de los equipos quirúrgicos del HUCA, a controlar cómo se realizan las programaciones quirúrgicas. «Monitorizar» es el término que usa el gerente. Para Andrés Fernández Vilanova queda demostrado «que no se fían del trabajo que realiza el jefe y ponen a alguien a vigilarlo».
Otro paso importante será la transformación del tradicional servicio en un Área de Gestión Clínica, como el que ya funciona, por ejemplo, en corazón, con muy buenos resultados. Para dirigir ese Área de Gestión Clínica se convocará el puesto de director. El 17 de marzo ya se dieron los pasos para comenzar todos los trámites. Además se pretende recuperar secciones para mejorar la calidad de la docencia MIR.
El archivo
El proceso en los tribunales corre en paralelo. De hecho, hay dos denuncias presentadas, una de Podemos por los posibles enchufes en Urología y otra de la Consejería de Sanidad por la posible divulgación de historias clínicas. La Fiscalía ha archivado la primera, por un presunto trato de favor a dos cargos públicos del Principado, al no ver indicios de que se aprovecharan de su cargo para ser favorecidos. La segunda, la que interpuso la Administración al creer que Podemos podría haber expuesto datos de pacientes, ya fue archivada a finales del mes de marzo.
Fernández Vilanova, sin embargo, anuncia que la batalla judicial no ha hecho más que empezar. Confía en la vía penal. Hace ya unas semanas que anunció la interposición de una denuncia y ahora lo ratifica. Explica que con este camino podrá pedir pruebas periciales médicas que «permitirían comprobar fehacientemente si en los supuestos casos de tratos de favor, las esperas hasta 3 meses menores que las de otros pacientes incluidos en lista en las mismas fechas, había motivos clínicos que lo justificaran». Especifica que la Fiscalía no puede hacer nada en este sentido y que utiliza como único baremo la documentación remitida por la Consejería Sanidad, a la que el diputado de Podemos acusa de mantener «una actitud obstructiva». Esas pruebas son, a su juicio, fundamentales. «Sin esta valoración es imposible valorar nada, y esto sólo puede hacerlo o bien la propia consejería, que se niega, o un peritaje médico independiente. Dado que las querellas permiten proponer diligencias, esta será una de las cuestiones que propondremos», argumenta.
Mientras tanto, continuará recabando información a través de peticiones al Gobierno, como las respuestas de las que ha ido extrayendo datos sobre los expedientes a Ramón Abascal. De todo lo sabido hasta ahora, concluye que «efectivamente se conocía la actividad irregular del doctor Abascal pero no se hacía nada para ponerle freno, porque no se conocen consecuencias sancionadoras del posible expediente, y porque no fue hasta 2016 que se planteó su relevo al frente de la jefatura de Urología, cuando Podemos comenzó a interesarse por este asunto».