Bruselas plantea recortes al presupuesto comunitario que afectan a las infraestructuras y las políticas de empleo e investigación. El Principado se une a un movimiento de regiones que pide la continuidad de las ayudas después del 2020
06 jul 2017 . Actualizado a las 22:17 h.Las regiones, que ya se sienten las paganas de la austeridad europea, temen que el próximo presupuesto comunitario relegue la cohesión y se olvide de reparar las desigualdades que han crecido en la Unión durante los años de la crisis financiera y económica. Aún queda mucho tiempo para que se agote la programación de los siete años comprendidos entre el 2014 y el 2020, pero en Bruselas las negociaciones conllevan largas batallas de desgaste y la toma de posiciones ha empezado. El giro hacia un mayor gasto en defensa y seguridad que apunta la Comisión Europea para el presupuesto que estará en vigor entre el 2021 y el 2027, unido al impacto del brexit (aún no definido, pero innegable: los 4.400 millones de euros comprometidos en el actual septenio por el Reino Unido van a volatilizarse), ya han puesto en guardia a provincias, comunidades autónomas y estados federados de todos los países miembros. Asturias, que consiguió más de 750 millones de euros en el último reparto de los fondos estructurales y de cohesión, también se ha puesto en alerta ante la posibilidad de dejar de percibir parte de ese dinero.
Ya el pasado marzo, la directora general de Participación Ciudadana, Melania Álvarez, que actuó como representante del Gobierno asturiano en la asamblea general de las 18 regiones pertenecientes a la Comisión del Arco Atlántico, se mostró partidaria en ese foro de solicitar a la Comisión garantías de que las políticas de cohesión no perderán potencia después del 2020. Al Principado no le resultó difícil encontrar aliados porque su preocupación es cualquier cosa menos excepcional. Todas las autoridades regionales de la Unión comparten la inquietud, como ha dejado claro el Comité de las Regiones, el órgano que las agrupa a todas. «Desde el comienzo de la crisis económica en el 2007, las disparidades entre regiones han vuelto a aumentar de forma mucho más desproporcionada que las diferencias entre países», reza uno de sus informes más recientes.
Aunque los efectos combinados de la ampliación hacia el Este, que significó el ingreso en el club europeo de zonas más pobres y con necesidades más acuciantes, y de la preocupación por el gasto público que siguió al estallido de la crisis, han menguado las aportaciones comunitarias para Asturias, el Principado, como la mayoría del resto de las comunidades españolas, disfruta de la garantía de la solidaridad europea que en nombre de la convergencia se concede de forma automática a todas las regiones que no alcanzan el 90% de la renta media del conjunto de la Unión. De esa manera, en la negociación del presupuesto ahora en vigor, Asturias se aseguró más de 750 millones de euros procedentes de las arcas comunitarias.
El Fondo Europeo de Desarrollo (Feder) aporta 317 millones de euros, una cantidad similar a los 325 millones aprobados para desarrollo rural. El Fondo Social Europeo, que financia políticas de empleo, inclusión social e igualdad de oportunidades, entrega 87 millones y las políticas pesqueras de la FEMP, otros 24 millones. La suma de esas cuatro fuentes da una transferencia de más de 750 millones de euros desde Bruselas, que, sumados a la cofinanciación de algunos proyectos con fondos propios de la comunidad autónoma o inversiones del Gobierno central español, permitirán abordar proyectos ?desde carreteras a I+D+I pasando por mejoras para el mundo rural? por valor de más de 1.000 millones de euros.
Conservar ese nivel de inversión o perderlo es uno de los efectos secundarios del brexit que están en juego. Las regiones no quieren pagar la factura y ven con preocupación las primeras maniobras de la Comisión que, sin embargo, revelan que esa es la intención. «Debemos ir asumiendo el recorte para tratar de obtener unos resultados mejores con menos dinero», sugirió esta semana el vicepresidente el Ejecutivo comunitario, Jirky Katainen, quien ve «muy probable» una poda de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de los fondos estructurales y de cohesión. Las regiones se oponen con virulencia y exigen proporcionalidad y flexibilidad. «La desconfianza, la intolerancia y el repliegue comunitario corroen nuestras sociedades y deben combatirse reduciendo las desigualdades», reclama el conservador Michael Schneider en un dictamen aprobado esta semana en el Comité de las Regiones. El alemán y una mayoría amplia de la cámara sugieren a la UE que convierta los fondos estructurales en antídoto contra «populismos», una forma de reconciliar a Bruselas con los ciudadanos. A Asturias le conviene que ese punto de vista prevalezca en el largo debate de tres años que empieza a plantearse en las sedes del poder europeo.