«La administración deja a los pies de los caballos a sus propios funcionarios», denuncia CSIF
19 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La situación de indefensión en la que el Principado dejó al guarda del Medio Natural al rechazar su petición para prestarle el asesoramiento de los Servicios Jurídicos en el juicio ha provocado la indignación del sindicato CSIF. Su presidente, Sergio Peña, no se ahorró calificativos a la hora de definir la escasa receptividad y la nula sensibilidad que ha demostrado la Administración regional a la hora de proteger los intereses del colectivo de funcionarios, dado que el agente que denunció al vecino S.C.G. se encontraba ejerciendo su actividad profesional cuando fue víctima de las amenazas que derivaron en un juicio ante el Juzgado de Instrucción de Laviana.
«Es una vergüenza que, como bien dice el juez, cuando un funcionario en el ejercicio de su cargo, actuando como funcionario, es agredido, intimidado, o coaccionado, con voluntad de que no ejerza de funcionario, tiene que ser amparado por la Justicia y máxime por la empresa, en este caso la Administración», asegura el máximo responsable del sindicato.
¿Pasaría igual si fuera un cargo político-funcionario?
A su juicio, resulta «patético» que para discutir los 233 euros a que se elevaba la minuta de la abogada a la que tuvo que recurrir, a título particular, el guarda del Medio Natural para personarse como denunciante en el juicio contra el vecino S.C.G , « la Administración esté gastando mucho más dinero en sus propios servicios jurídicos. Es una demostración que deja a los pies de los caballos a sus propios funcionarios. No les protege, no les asiste jurídicamente, y aplica el famoso dicho del Lazarillo de Tormes a mí me las den todas», lamenta el presidente.
Para Sergio Peña, la situación sería bien diferente si en vez de un guarda de Medio Natural, como ha ocurrido en este caso, la persona que solicitara el asesoramiento jurídico fuera un político. «Si se tratara de un cargo político-funcionario al que se le hace la misma agresión, toda la Administración Jurídica saldría en su defensa e incluso lo sobrevalorarían como atentado para buscar mayor pena jurídica», opina.
Para CSIF todos los funcionarios en el ejercicio de su cargo, sean jefes o no, tienen que tener la misma protección y plantea esta cuestión poniendo como ejemplo al presidente del Principado, Javier Fernández. «Nos gustaría saber si Javier Fernández, como funcionario de carrera Inspector de Minas, en algún momento de su corta experiencia laboral como funcionario alguien le hubiera hecho una agresión, intimidado, coaccionado o amenazado, esperaría que los servicios jurídicos del Principado le asistieran en la defensa de su independencia como funcionario, estatutario, laboral», plantea.