La condena al Principado por dejar indefenso a un guarda beneficia a funcionarios de todo el país

Pilar Campo OVIEDO

ASTURIAS

De izquierda a derecha, Alfredo García, Marta Monteserín, Sergio Fernández-Peña, Ángeles García y Alma Pantiga.De izquierda a derecha, Alfredo García, Marta Monteserín, Sergio Fernández-Peña, Ángeles García y Alma Pantiga
De izquierda a derecha, Alfredo García, Marta Monteserín, Sergio Fernández-Peña, Ángeles García y Alma Pantiga Pilar Campo

Los Servicios Jurídicos de CSIF advierten de las repercusiones que tendrá la sentencia para los empleados públicos. «No se entiende el empecinamiento de la administración regional», aseguran

22 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo que condenó al Principado por la falta de asistencia jurídica a un guarda del Medio Natural, en su condición de denunciante en un delito de amenazas, abre nuevas expectativas para la presentación de demandas en casos similares en los que se pueden ver afectados los empleados públicos. Una resolución judicial que, además, en el supuesto de que sea confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), se convertiría en un importante precedente para el colectivo de funcionarios «tanto en el ámbito autonómico como estatal».

Así lo corroboran los abogados del Servicio Jurídico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que, a través de la letrada Alma Pantiga, representaron al guarda, ante la negativa del Principado a ofrecerle su asesoramiento profesional, pese a que las amenazas proferidas por el vecino S.C.G. se vertieron en el ejercicio de su actividad laboral, después de que este tuviera conocimiento de que el agente de Medio Natural le había denunciado en un informe como una de las personas que había sido identificada tras ser sorprendida «in fraganti» realizando una quema.

Un derecho de los empleados públicos

El magistrado-juez David Ordoñez condenó al Principado a abonar los 233 euros a que ascendía la minuta de la acusación particular así como al pago de las costas del juicio. En su sentencia, el titular del Juzgado de lo Contencioso advertía de que la resolución judicial era firme y contra la misma no cabía recurso ordinario alguno. Sin embargo, la administración regional presentó un recurso de apelación de forma extraordinaria, donde rechazaba en un duro alegato contra el contenido de la sentencia de instancia toda la argumentación avalada por el magistrado Ordóñez, quien daba relevancia a la comparecencia de la letrada de la acusación particular en la vista oral del juicio que derivó en la condena del vecino.

Los abogados de CSIF, Alfredo García Rey, Alma Pantiga, Ángeles García y Marta Monteserín consideran que la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo es «un primer paso» hacia la consolidación del derecho que respalda a los empleados públicos de contar con el asesoramiento  jurídico de la propia administración de la que dependen cuando, en el ejercicio de su actividad profesional,  deben comparecer ante un órgano jurisdiccional en una demanda de amenazas, como ocurrió en esta causa.

Alma Pantiga tendrá formalizado el escrito de oposición al recurso de apelación, dentro del plazo de los 15 días hábiles, y se remitirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que será el órgano encargado de su resolución. En el caso de que ratifique la sentencia del magistrado-juez Ordóñez en todos sus extremos,  «puede cambiar el panorama autonómico y estatal. Esta primera sentencia supone un paso importante porque abre la vía a otras cuestiones que eran denegadas de forma automática», ratifican los letrados.

El «empecinamiento» de la Administración

Para Alfredo García Rey, es incomprensible la postura que está manteniendo el Principado, tanto al inicio del proceso, cuando rechazó asistir jurídicamente al guarda, como posteriormente con la interposición del recurso de apelación. «No se entiende el empecinamiento de la Administración regional para restringir los derechos de sus empleados públicos a ser asistidos jurídicamente en los casos de agresiones. En el supuesto de que se desestimen las pretensiones de la administración, tendrá que hacer frente al pago de la minuta y las costas. No tiene mucha lógica», sostiene.

El presidente autonómico de CSIF, Sergio Fernández-Peña, ve incomprensible igualmente que el Principado discuta los 233 euros a que se elevaba la minuta de la abogada a la que tuvo que recurrir, a título particular, el guarda del Medio Natural para personarse como denunciante en el juicio y, sin embargo, « la Administración esté gastando mucho más dinero en sus propios servicios jurídicos. Es una demostración que deja a los pies de los caballos a sus propios funcionarios», lamenta el presidente.