El Constitucional admite dos recursos contra la Ley de Montes del Principado

EFE REDACCIÓN

ASTURIAS

Un incendio en Asturias, en una imagen de archivo
Un incendio en Asturias, en una imagen de archivo SEPA

La Defensora del Pueblo y Unidos Podemos alegaron contra la nueva norma autonómica porque incluye la supresión del acotamiento de pastos quemados

24 jul 2017 . Actualizado a las 18:44 h.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los dos recursos presentados por el Defensor del Pueblo y por más de cincuenta diputados de Unidos Podemos contra la modificación de la Ley de Montes del Principado que suprimió los acotamientos al pastoreo en terrenos quemados por incendios forestales.

La modificación de la norma fue aprobada por el Parlamento asturiano el pasado 24 de marzo a propuesta del PP y con el apoyo del resto de los grupos, a excepción de Podemos, que se abstuvo.

El Defensor del Pueblo justificó su recurso de inconstitucionalidad en que la modificación de varios artículos de la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado «rebaja la protección ambiental de los montes incendiados».

En opinión del Defensor, aunque la legislación estatal ha eliminado la mención específica al pastoreo entre las actividades prohibidas, eso «no supone que esta práctica pueda ser automáticamente permitida por la legislación autonómica», según advirtió esta institución el pasado mes de junio en un análisis de la normativa regional.

El Defensor explicó que el pastoreo es una actividad que dificulta la regeneración de la cubierta vegetal quemada y que la normativa estatal establece unos criterios mínimos de protección ambiental para la restauración de terrenos forestales quemados, «protección que puede ser incrementada, pero no reducida, por las comunidades autónomas».

Según el Defensor, las potestades legislativas de las comunidades autónomas en materia medioambiental tienen «como límite el que las medidas que apruebe sean compatibles, no contradigan, ignoren, reduzcan o limiten la protección establecida en la legislación básica del Estado, lo cual se produce en el presente caso».

Por su parte, Unidos Podemos promovió otro recurso también por considerar que la ley asturiana entra en contradicción con la norma estatal y que no cumple con los estándares mínimos de protección ambiental.

El anuncio de este segundo recurso llevó al portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, a trasladar por escrito al líder de Podemos, Pablo Iglesias, su «estupor».

En una carta, Llamazares decía no sentirse representado por esta decisión de un amplio grupo de parlamentarios de Unidos Podemos y advertía de que «no es frecuente» que los diputados del Congreso suscriban recursos de inconstitucionalidad frente a leyes aprobadas por parlamentos autonómicos.

Llamazares subrayaba, en referencia a Podemos e IU, que en el Parlamento asturiano hay dos grupos que deberían sentirse «representados» por los parlamentarios de Unidos Podemos en el Congreso y en el Senado, a la vez que recordaba que la reforma normativa contó con el apoyo «no sólo de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios sino con el respaldo decidido de todas las organizaciones campesinas y los sindicatos agrarios».

Por su parte, el Gobierno central también comunicó el pasado mes de mayo al Ejecutivo regional que estudiaba la posibilidad de recurrir ante el Constitucional esta reforma legislativa.

Para la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, la modificación de la norma se aprobó «con amplísima mayoría» y «todas las bendiciones legales» de los servicios jurídicos de la Junta, y con el «objetivo es beneficiar al conjunto de los ganaderos asturianos».