El Constitucional no doblega a los funcionarios asturianos en su reivindicación de las 35 horas

El Tribunal ha suspendido el decreto de Andalucía que reducía la jornada. Los sindicatos de la región piden el apoyo del Principado

Manifestación de funcionarios en Oviedo
Manifestación de funcionarios en Oviedo

Oviedo

La decisión del pleno del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno central y suspender de forma cautelar el decreto de la Junta de Andalucía que devolvía la jornada laboral de 35 horas semanales a sus empleados públicos no ha conseguido doblegar ni desanimar al funcionariado asturiano en su reivindicación de que se reduzcan las horas de trabajo. Al contrario, los representes sindicales del funcionariado de la región consultados por La Voz de Asturias consideran que hay que «seguir insistiendo» por razones como que es una decisión «contradictoria», «por la calidad del empleo» o, simplemente, porque «es un abuso de poder» del Estado respecto a las comunidades autónomas. Así, tanto desde el sindicato médico, como el de la educación o del sindicato CSI están dispuestos a dar la batalla y presionar para que se de marcha atrás en los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso en 2012. Para ello reclaman «el apoyo» del Principado, al que acusan de «inacción» e «inmovilismo» ante las políticas del PP.

De la decisión del Tribunal Constitucional estaban al corriente la pasada jornada los representantes de los principales sindicatos de personal funcionario de Asturias y, aunque pudiera pensarse que tal decisión es un varapalo, éstos ni mucho menos se mostraban desanimados en su reivindicación de las 35 horas. Todos coincidían en que si desde los gobiernos de las comunidades autónomas se implantara la reducción aunque después fuera recurrida, haría que el Estado se replanteara una medida que adoptó hace cinco años como recorte por la crisis económica y que, en teoría, ahora no tendría mucho sentido si como se dice desde la administración central España ya está en proceso de recuperación. Es por ello que desde el sindicato CSI el también presidente de la Junta de Personal Funcionario del Principado, Nicolás González, manifiesta que la decisión del Constitucional respecto al decreto de Andalucía es «una contradicción», y más «cuando el secretario de Estado de Administración Pública ha anunciado que se va a reiniciar la negociación para el 2018».

González considera que se trata de «una decisión política» y que de alguna forma «cabía esperar que fuera así». Sin embargo, ha puesto en valor «va valentía del Gobierno andaluz de implantar las 35 horas» como en su día ya hiciera Castilla La Mancha, Extremadura o el País Vasco «enfrentando las políticas de Madrid al entender que eran un abuso de poder porque cada administración tiene autonomía para organizar su función pública». Pero pese a los recursos y a las suspensiones cautelares de los decretos de reducción, el mismo advierte que tras el parón del periodo estival no cesarán en su reivindicación «porque es un objetivo la recuperación de las condiciones laborales de antes de los recortes porque eran conquistas» y, según dice, dichas condiciones generaban «un reparto» que proporcionaban a los funcionarios «empleo de calidad, pero sin ese empleo de calidad el sistema se viene abajo», advierte el presidente de la Junta de Personal Funcionario del Principado, que ve «contradictorio» que se mantenga ese ajuste «cuando estamos hartos de oír de boca del Gobierno central que estamos superando la crisis».

«Un vergüenza». Así ha calificado la representante de Suatea, Beatriz Quirós, la decisión del Tribunal Constitucional «cuando el Gobierno del PP está reconociendo que hay que volver atrás en los recortes» y lo suyo sería que se entablara una negociación para recuperar las 35 horas en todos los secores. Es más, Quirós lo tacha de «hipocresía» teniendo en cuenta que en algunas comunidades autónomas como Cantabria o Baleares «han empezado a poner horarios similares a los de antes de los recortes, y eso no lo ha recurrido el Estado, por tanto, hay una posibilidad». Eso hace que extienda sus críticas, no sólo al Estado, sino también al Principado «porque ante la propuesta de Suatea de reducir el horario, el consejero de Educación se escuda en que no es legal».

Sin embargo, la representante de este sindicato de educación asegura que el profesorado va a seguir reclamando la vuelta a la situación de antes de los recortes, que conllevó ampliación del horario y reducción del salario, porque la situación actual «es un castigo muy fuerte para el personal docente que lo está pagando con salud como demuestra que haya un incremento de las enfermedades profesionales». Beatriz Quirós se suma a las críticas al Principado porque considera que «aquí no se hace nada, hay un inmovilismo total en educación, y el caso es que hay margen», y advierte que «habría que pelearlo» desde el Gobierno regional «aunque lo recurran» porque lo que perciben es «que nos tienen abandonado al profesorado».

El secretario General del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), Antonio Matador, también habla de que «aquí en el Principado no hay mucha voluntad de hacer algo». No obstante, desde la central sindical que representa están dispuestos «a seguir insistiendo» en la reducción de la jornada laboral a las 35 horas porque dice que es «una reivindicación absoluta» y, por ello, señala que quizá haya que elevar la protesta y la presión del ámbito autonómico al nacional teniendo en cuenta que las autonomías no pueden legislar en sentido contrario a las leyes de rango estatal. De todos modos, no ha querido dejar pasar la oportunidad de pedir apoyo al Principado para hacer fuerza ante una medida impuesta ya hace cinco años por el Gobierno de Mariano Rajoy.

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