La Federación de Concejos negociará en septiembre con el Principado el futuro del 0 a 3

La consejería presentará el análisis de situación que ha encargado y las alternativas para organizar las escuelas de Infantil


Redacción

Mieres, Langreo, Gijón y Siero han dado un paso adelante en solitario. Exigen la integración de las escuelas de Infantil en la red pública gestionada por la Consejería de Educación. No quieren fórmulas intermedias. Las arcas municipales están bajos mínimos y la enseñanza no es de su competencia. Este frente se ha adelantado a las gestiones ya concretadas por la Federación Asturiana de Concejos (FACC), encabezada por su presidente y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios. La federación tiene una concertada una reunión con la consejería, pendiente de fecha. La administración ha aceptado reunirse con los 38 ayuntamientos que tienen escuelas para debatir su futuro pero les ha pedido tiempo. Están a punto de recibir el análisis de situación que han encargado para tomarlo como base y elaborar una o varias propiestas. García Palacios calcula que ese encuentro se celebrará en la primera quincena de septiembre y así se lo ha comunicado al resto de regidores.

El modelo

El modelo de gestión de la etapa de 0 a 3 años, que no es de carácter obligatorio, lleva varios años en el candelero político. La Consejería de Educación comenzó a abrir escuelas públicas tras asumir las competencias, con el cambio de siglo. El sistema elegido fue mixto, con una financiación sufragada a medias con los ayuntamientos, y establecida mediante convenios. Las administraciones pagan parte de los gastos y el resto corresponde a las familias, en función de su nivel de ingresos. Poco a poco fueron abriendo más centros y cada día más concejos demandaba la apertura de aulas. Esto supuso la firma de nuevos convenios que derivó en una auténtica confusión. Cada caso es diferente. Lo común es que las entidades locales tienen que poner recursos propios. Los gastos han ido creciendo y la exigencia también. Consciente de este caos, el Gobierno del Principado comenzó a estudiar una forma de unificar. Durante la legislatura pasada, la entonces responsable de Educación, Ana González, adelantó la posibilidad de crear un consorcio, tal y como funcionan el de basura (Cogersa) o el del agua (Cadasa). Esta idea no convenció a nadie, ni a los ayuntamientos, ni a los trabajadores ni tampoco a las familias. Así que quedó en el cajón. Desde entonces, se espera una alternativa.

Ignacio García Palacios explica que, a falta de un modelo estable, en los dos últimos años se ha avanzado. Para explicarlo, saca la calculadora. El coste total aproximado de las escuelas de Infantil en Asturias -los 38 concejos tienen más de 70 en funcionamiento- supera los 11 millones de euros. Hasta hace dos años, el Principado ponía siete millones y los cuatro restantes tenían que sufragarse con los presupuestos municipales. Educación se comprometió a hacer un esfuerzo y a mejorar su contribución en dos años. En las cuentas de este 2017 se ha incrementado la partida en 1,6 millones de euros. Para 2018, se añadirá 1,5 millones más. Si el Gobierno se tiene a su palabra, señala el presidente de la FACC, para el próximo ejercicio los ayuntamientos, en global, solo tendrían que aportar un millón de euros. «Eso sería la misma cantidad que ponemos ahora para el mantenimiento, las obras menores, la luz, el agua y la limpieza de los colegios de Primaria, que es una atribución que ya tenemos. Eso sería asumible», argumenta.

La parte económica podría quedar, más o menos, atada en 2018. Pero no es el único problema. Otra patata caliente es la gestión del personal. Debido a esa diversidad de convenios, cada plantilla tiene sus condiciones, tanto salariales como sociales, de horarios, antigüedad, funciones,... No cuentan con ninguna estabilidad y cada año están supeditadas a la decisión del Principado que es quien decide cuántos van a trabajar. El Principado decide pero los que pagan son los ayuntamientos.

Modelos y frenadas

El presidente de la FACC cree que es necesario consensuar un modelo pero también precisa que cada alcalde, dentro de la libertad que le confiere su autonomía municipal, podrá elegir el sistema que más le convenga. Es decir, que es posible que no haya una postura unánime de la federación. También considera importante que el Ministerio de Educación se moje. Es el Gobierno central el encargado de repartir las atribuciones. «Si el primer ciclo de Infantil va a ser competencia de las autonomías tiene que decirlo expresamente y dotarlo de presupuesto», explica.  Si Asturias ordena el sistema y crea un modelo de competencia pública sería pionera en España. Nadie lo ha hecho hasta ahora. «Eso debemos tenerlo en cuenta», explica García Palacios.

Sobre el frente montado por cuatro grandes concejos -Mieres, Langreo, Gijón y Siero-, explica que sus regidores saben que la reunión con la Consejería de Educación está cerrada a falta de fecha y que tendrán sobre la mesa una o varias alternativas. En su opinión, estos ayuntamientos «han protagonizado una salida en falso, por utilizar un símil de atletismo».

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