El Principado iniciará el pago de los 5,8 millones cobrados de más en el ERA este año

Pilar Varela adelanta que el Consejo de Gobierno aprobará esta semana el decreto del copago para los residentes con discapacidad

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, preside el Consejo de Personas Mayores.La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, preside el Consejo de Personas Mayores
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, preside el Consejo de Personas Mayores

Gijón

El Gobierno del Principado empezará a devolver antes de fin de año los 5,8 millones de euros que estima deberá reintegrar a los 2.850 residentes del ERA (Establecimiento Residenciales para Ancianos) a los que se les liquidó de más por no haberse tenido en cuenta que habían sido declarados dependientes antes de 2011. La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha anunciado que el Gobierno de Asturias prevé aprobar esta semana el decreto que permitirá aplicar el copago a todos los residentes del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) declarados dependientes antes de 2011.

De esta forma, el Ejecutivo regional podrá ajustar las liquidaciones de servicios de determinados usuarios que no se beneficiaron del copago previsto en la ley de la dependencia y dar cumplimiento a la ley aprobada en noviembre de 2016 por el parlamento asturiano en la que se instaba al Principado a revisar las deudas e impulsar una auditoría. En septiembre, una vez que entre en vigor el nuevo texto legal tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), la consejería iniciará el procedimiento para calcular el copago o participación en el coste del servicio residencial que corresponde a cada uno de los expedientes afectados por esta situación.

El nuevo decreto afecta a un total de 2.850 expedientes de liquidación, de los que 2.338 fueron ya objeto de una auditoría interna en los pasados meses y están liquidados, mientras que los 512 restantes no fueron objeto de liquidación al quedar paralizados tras el mandato de la Junta General y a la espera del nuevo decreto La titular de Servicios Sociales ha señalado que, si bien el plazo legal máximo para determinar el copago de los afectados es de seis meses, su departamento confía en que el proceso de revisión pueda agilizarse, puesto que cerca del 90% de las personas afectadas autorizaron en su día a la administración autonómica a recabar sus datos económicos de manera electrónica. Asimismo, ha señalado que el Gobierno regional aspira a comenzar la devolución de las cantidades abonadas en exceso, unos 5,8 millones de euros, antes de fin de año.

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