Investigaciones policiales exhaustivas, causas judiciales eternas

El  «Caso Renedo» no es el único que, en Asturias, ha tardado en dilucidarse en los tribunales tras una larga fase de instrucción. Las denuncias en el Colegio de Enfermería, los casos de Villa, Mina La Camocha, El Musel o los cursos de formación de UGT son otros ejemplos

El ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa (2i), a su llegada al Palacio de Justicia de Oviedo, donde hoy están declarando testigos e investigados en la Operación Hulla
El ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa (2i), a su llegada al Palacio de Justicia de Oviedo, donde hoy están declarando testigos e investigados en la Operación Hulla

Redacción

Cuando el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo declaró «visto para sentencia» el denominado «Caso Renedo», en julio de 2016, se barajaba la fecha de finales de ese año como la más probable para disponer de la resolución que decidirá el futuro de los 13 procesados que compartieron el banquillo de los acusados a lo largo de cuatro meses. Sin embargo, las prórrogas solicitadas ante la complejidad de la causa, con una instrucción contenida en 60.000 folios, archivos documentales que ocupan cerca de 50 gigas y 90 horas de vista han retrasado su resolución. El próximo 1 de septiembre se cumplirá un año desde la conclusión de la vista oral, después de seis largos años de instrucción.

La mayor causa de corrupción investigada en Asturias por la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas, quedó visto para sentencia el 29 de julio de 2016. Casi 40 sesiones y la declaración de más de un centenar de testigos se sucedieron desde el 4 de abril en una causa que ha sentado en el banquillo a 13 procesados, entre ellos, el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos en ese departamento, María Jesús Otero. Además están encausados Marta Renedo, exjefa de Servicio en el Principado; los empresarios Víctor Manuel Muñiz, exgerente de la empresa Igrafo; Alfonso Carlos Sánchez, exgerente de Apsa; Maximino Fernández de ASAC Comunicaciones, Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería, y los funcionarios que presuntamente recibieron regalos de APSA: Paz Pendás, Isaac Ovies y José Villa, del Ayuntamiento de Oviedo, Braulio Iglesias, del consistorio de Avilés, Francisco Javier Juárez, del Ayuntamiento de Mieres, y José Blanco, de la Universidad de Oviedo.

El Caso de Mina La Camocha

El que se considera como el mayor caso de corrupción denunciado en la Administración del Principado se destapó el 3 de febrero de 2010. Pero no sería hasta abril de 2016, cuando la Audiencia Provincial celebraba el juicio, que se prolongaría hasta el mes de julio. Un año después se conocerá el fallo. Fuentes jurídicas aseguran que los abogados defensores ya han anticipado su intención de recurrir el auto, y que la Fiscalía también habría avanzado que en caso de que haya condenas de prisión, solicitará el ingreso inmediato de los acusados.

De confirmarse, la Fiscalía optaría por un criterio distinto al adoptado en el caso de Mina La Camocha, presunto fraude cometido entre los años 1998 y 2000, y cuyo juicio terminó en noviembre de 2014. El asunto desembocó en una condena de nueve años de prisión y más de 16 millones de multa para cada uno de los cinco acusados, pero entonces la Fiscalía optó por no solicitar el ingreso en Villabona al menos hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos. El pasado mes de mayo se repitió el juicio contra cuatro acusados, al haber fallecido el exconsejero de Industria, Víctor Zapico, imputado en la causa, un mes antes. La primera vista oral fue declarada nula por «falta de imparcialidad» de la jueza.

La denuncia por apropiación indebida en el Colegio de Enfermería

La Fiscalía interpuso una denuncia contra el presidente del Colegio Oficial de Diplomados Universitarios de Enfermería de Asturias, Emilio Losa, por su presunta autoría en un delito continuado de apropiación indebida, en el mes de mayo de 2014, sin perjuicio de las infracciones penales que pudieran derivarse de una exhaustiva investigación judicial posterior. Losa fallecía tres años después sin que la causa se hubiera enjuiciado.

Sin haber sido resuelta esta denuncia, el grupo  de enfermeros opositores a la gestión del Colegio de Enfermería volvió a acudir a los tribunales para presentar una querella judicial por la presunta comisión de uno o varios delitos de falsedad documental en las últimas elecciones colegiales. Denunciaba que, al menos dos de los integrantes de la candidatura, fueron incluidos sin su autorización. La querella fue objeto de admisión a trámite por un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, y posteriormente ampliada.

Los cursos de formación de UGT

En este mismo juzgado, se sigue el caso del presunto fraude en los cursos de formación del sindicato UGT. El pasado mes de mayo, la Fiscalía solicitó prorrogar 18 meses las diligencias abiertas por esta causa. Reclama un año y medio más para completar la instrucción de este supuesto desvío de fondos públicos que la Unidad Central Operativa (UCO) cuantifica en más de un millón de euros y por el que permanecen diez personas investigadas, entre ellas el exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga.

Tanto la defensa del sindicato como del Instituto de Formación de Estudios (IFES), vinculado al sindicato, ya han presentado sendos recursos contra esta solicitud, al considerar «abusivo» y «desproporcionado» mantener abierta esta investigación más tiempo puesto que las diligencias llevan abiertas 18 meses, a los que se suman otro año de investigación por parte del fiscal y otro año más de la UCO. Este caso se remonta también al año 2014.

Inicialmente las investigaciones se centraron en los aparentes «sobrecostes» en la justificación de los gastos del alquiler de los locales que las empresas Localmur e Infastur, también vinculadas a UGT, cargaban a IFES. La UCO llegó a hablar de un fraude de 500.000 euros y el juzgado imputó por estos hechos a cuatro personas relacionadas con el sindicato. En una segunda línea de investigación se analiza si el sindicato utilizó presuntamente el dinero de las subvenciones para pagar parte de las nóminas de la mayoría de sus trabajadores. Se elevó la cuantía presuntamente defraudada por el sindicato hasta los 845.000 euros y por Ifes a los 463.000 euros. En total, más de un millón de euros.

Prórroga de seis meses de la instrucción del «Caso Musel»

La magistrada Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, dictó el pasado mes de junio un auto mediante el cual prorrogaba durante seis meses la instrucción del caso de las supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel. La prórroga es inferior en dos meses a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado prolongar la investigación judicial durante ocho meses.

Se trata de la segunda prórroga decretada por la magistrada, que el 30 de mayo de 2016 ya había declarado como compleja la causa, lo que permitía alargar la instrucción hasta el pasado mes de junio. Ahora, con esta segunda prórroga, la fecha prevista para concluir la instrucción pasa a ser el próximo 6 de diciembre, salvo que para entonces falten pruebas por practicar, ante lo que las partes podrían pedir una nueva prórroga. En la decisión de extender la investigación seis meses más, la magistrada tuvo en cuenta las diligencias que faltan por concluir, y el tiempo de instrucción invertido.

La investigación judicial del caso Musel se inició a raíz de sendas denuncias formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias, que ejerce la acusación popular. Se investigan sendos delitos contra la administración pública por malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Ocan, la Asociación de Vecinos de San Lorenzo del Alto Aboño, que ejerce la acusación particular, así como las defensas de Maximino Gorostiza y José Avelino Castañón se habían mostrado favorables a la petición del fiscal de prolongar ocho meses la instrucción de la causa, mientras que la defensa del exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato, se opuso.

El «Caso Villa»

El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa y el ex secretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (INFIDE) Pedro Castillejo serán juzgados por un presunto delito continuado de apropiación indebida previsiblemente en el primer semestre de 2018. El caso empezó a investigarse a raíz de que el exlíder sindical socialista se acogiera a la amnistía fiscal del año 2012 para regularizar 1’4 millones de euros.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha dado por cerrada la instrucción y ha elevado la causa a la Audiencia Provincial de Asturias. La jueza ya había decretado el pasado mes de mayo la apertura de juicio oral contra Fernández Villa y Castillejo en la causa iniciada a partir de la querella por apropiación indebida presentada por el sindicato, con la imposición de una fianza de 434.158 euros al primero y de 119.434 euros al segundo, por los importes presuntamente apropiados. La Fiscalía solicita cinco años de cárcel para Fernández Villa y tres y medio para Castillejo, unas penas que la acusación particular del sindicato, representada por el despacho Ontier, eleva a seis y cinco años de prisión, respectivamente.

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