Algunas defensas censuran la «chapuza» de la notificación del fallo. Los magistrados dictan un auto donde aclaran los «errores materiales» y suprimen un delito a María Jesús Otero, eliminando una pena de seis meses de cárcel. Matiza la condena del empresario Antonio Azorín
01 sep 2017 . Actualizado a las 18:49 h.La sentencia del Caso Marea ha provocado un gran malestar entre las partes personadas en la causa, tanto en las defensas como las acusaciones, que han calificado como «una chapuza» la forma de notificar la resolución judicial, al disponer únicamente del fallo y posponer hasta el próximo día 7 de septiembre el contenido íntegro que se volcará en un dispositivo de memoria USB facilitado por cada uno de los procuradores de los 13 acusados.
Unas críticas que se reprodujeron cuando, una vez comunicado públicamente el fallo, el tribunal emitió un auto donde corrige, sobre la marcha, los «errores materiales» detectados en la providencia dictada donde se les comunica la nueva fecha de notificación, después de un año de la celebración del juicio y tras siete años de instrucción de la causa.
Una sentencia a parches
En este nuevo auto, suprimen «toda referencia al delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular y las penas asignadas al mismo». De los 10 años a los que ha sido condenada la exnúmero 2 de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, la condena se reduce a nueve años y medio.
El otro «error material» se refiere al empresario Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería, a quien donde en la sentencia dice con imposición de costas se añade «en la proporción señalada en el último fundamento de derecho»; párrafo cuyo contenido, paradójicamente, se desconoce al carecer de la sentencia íntegra.
La Audiencia impuso penas que suman más de 40 años a siete de los 13 acusados: María Jesús Otero (9 años y medio), la exfuncionaria Marta Renedo (9 años), el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre (seis años); el empresario Alfonso Carlos Sánchez (APSA), a 6 años y medio; el empresario Víctor Manuel Muñiz a dos años y medio; el empresario Antonio José Azorín un año; el empresario Maximino Fernández un año y nueve meses y el funcionario Francisco Javier Juárez cinco meses de multa. Otros cinco funcionarios han sido absueltos.