Los recursos podrían eternizar el final del «Caso Marea»

Los abogados anuncian que agotarán «hasta la última instancia» para probar la inocencia de sus defendidos. Los plazos estimados en  caso de que acudan a órganos superiores, como el Tribunal Supremo o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se prolongarían todavía tres años más

De izquierda a derecha: Javier Díaz Dapena, Miguel Valdés-Hevia y Alberto Suárez
De izquierda a derecha: Javier Díaz Dapena, Miguel Valdés-Hevia y Alberto Suárez

Oviedo

El «Caso Marea» parece no tener fin. A los seis años de instrucción, se sumaron los cuatro meses de vista oral del juicio y un año para elaborar una sentencia que esté documentada y fundamentada para «amarrar» todos y cada uno de los aspectos jurídicos de una de las mayores tramas de corrupción destapada en la Administración regional durante la etapa de gobierno del presidente socialista Vicente Álvarez Areces. Y, en el caso de que, tal y como han anunciado ya varios abogados defensores y de la acusación, se interpongan recursos de casación a la sentencia, una vez que esté notificada oficialmente a partir del próximo día 7 de septiembre, la resolución final podría alargarse todavía «otros tres años más de media», según las primeras estimaciones.

Con absoluta prudencia, por carecer del contenido íntegro de la sentencia, que consta al menos de un millar de folios, los abogados han realizado una valoración a vuela pluma. Y sus impresiones no pueden ser peores. A las críticas por la que califican como «una auténtica chapuza» al recoger la resolución judicial a través de un USB la próxima semana se suma la falta de rigor al conocer un fallo sin que venga acompañado por los fundamentos de derecho, lo que les deja en una situación de clara indefensión.

«Ir al cine y ver sólo el final de la película»

La abogada Ana Muñiz, defensora de María Jesús Otero, exdirectora general y mano derecha del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, asegura que es «totalmente imposible hacer una primera valoración cuando no se tiene una sentencia completa» y no oculta su disgusto por que se conozca parcialmente el fallo y se deje seis días a su representada con la incertidumbre de saber cómo se argumentan los cargos imputados. María Jesús Otero fue condenada por un delito continuado de prevaricación, en su calidad de cooperadora necesaria, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular, a nueve años y seis meses y 18 años de inhabilitación absoluta; multa de 2,5 millones de euros y otros seis meses de cárcel por el delito de falsedad en documento mercantil y seis meses de multa a 12 euros de cuota diaria.

Sin embargo, tras dar a conocer este fallo, la propia Audiencia emitió un auto donde le suprimía este último delito y por tanto le eliminaba los seis meses de cárcel que conllevaban; una situación que dejó sorprendida a la letrada, quien rechazó hacer declaraciones sin conocer «la sentencia al completo», señaló. «Es como si vas al cine a ver una película y sólo ves el final. Es increíble», comenta.

«El sistema Lexnet no funciona bien»

Con la misma cautela reaccionó el abogado Miguel Váldes-Hevia, que ejercita la defensa del exgerente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, condenado como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, en su calidad de cooperador necesario, y de un delito continuado de cohecho. Por el concurso de delitos recibió una pena de dos años y seis meses de prisión y por el delito de cohecho otra pena de cuatro años de prisión, además del abono de una multa de 1,5 millones de euros.

Para Valdés-Hevia, la forma de notificar el fallo ha constatado que el sistema Lexnet «no funciona bien» para una sentencia tan voluminosa como la del «Caso Marea» y advierte que al no disponer de la resolución íntegra, «los plazos aún no empiezan a correr. Esto no había pasado nunca, que te faciliten sólo el fallo, sin la sentencia», admite. Su disconformidad con la condena de su representado le llevará a recurrir la sentencia «hasta Estrasburgo si hace falta» porque sigue creyendo en su inocencia. «Víctor está tranquilo. Vamos a ir al Supremo, pero esperaremos a la sentencia para valorarla», explica.

«Ni trato de favor para él, ni para sus empresas»

El abogado Javier Díaz Dapena ejercita la defensa del empresario Alfonso Carlos Sánchez, expropietario de Almacenes Pumarín S.A. (APSA), que ha sido condenado a seis años y medio por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos (cooperador necesario), y un delito continuado de cohecho, multa de 1,9 millones de euros. El letrado siempre postuló por la absolución de su patrocinado y, por ello, también recurrirá el fallo. «Iremos hasta la última instancia judicial porque Alfonso Carlos Sánchez  ni tuvo trato de favor él, ni ninguna de sus empresas».

El abogado Alberto Suárez, que ejercita la acusación en nombre del Bloque por Asturies con el apoyo de Podemos, también apela a la prudencia para poder valorar con detenimiento la sentencia y remite a la próxima semana, una vez que se les notifique de forma íntegra su contenido para conocer a fondo los fundamentos de derecho en los que se justifican las condenas.

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