El exconsejero de Educación, Riopedre, condenado a 6 años de cárcel, y su exnúmero 2, María Jesús Otero, a diez años
01 sep 2017 . Actualizado a las 14:28 h.La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a penas que suman más de 40 años a siete de los 13 acusados en el denominado «Caso Marea» o «Caso Renedo», la operación policial considerada como la mayor trama de corrupción destapada en la administración del Principado durante la etapa de gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces. La sentencia ha sido notificada hoy a las partes, después de un año de la celebración de la vista oral y seis años de instrucción. Estas son las penas impuestas por el tribunal.
Los responsables de Educación
El exconsejero de Educación, José luis Iglesias Riopedre, como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil (como cooperador necesario) y un delito continuado de fraude a la administración, y de un delito continuado de cohecho a las penas por el concurso de delitos dos años de prisión con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para empleo cargo público por tiempo de ocho años lo que le impedirá concurrir a cualesquier cargo electivo en la administración municipal, provincial, autonómica, estatal o europeo, o ser nombrado por una autoridad pública para puesto representativo o ejecutivo o gestor en dicho periodo de tiempo, y por el delito de cohecho cuatro años de cárcel, multa de 400.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años.
Su exnúmero 2, María Jesús Otero Rebollada, para quien la Fiscalía exigía la mayor condena, ha sido considerada por el tribunal como responsable de un delito continuado de prevaricación, en su calidad de cooperadora necesaria, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y un delito continuado de malversación de caudales públicos, de un delito continuado de cohecho, y de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular, a 9 años y seis meses y 18 años de inhabilitación absoluta, multa de 2.500.000 EUROS, y otros seis meses de cárcel por el delito de falsedad en documento mercantil y seis meses de multa a 12 euros de cuota diaria.
Los empresarios
El empresario Víctor Manuel Muñiz Menéndez, exgerente de Comercial Asturiana de Papelería S.A. (Igrafo) como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso medial con un delito continuada de malversación de caudales públicos, como cooperador necesario, y de un delito continuado de cohecho, ha recibido una pena de dos años y seis meses de prisión así como a cinco años de inhabilitación. Además, tendrá que pagar una multa de 1.500.000 euros, que conlleva una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años.
El empresario Alfonso Carlos Sánchez, expropietario de Almacenes Pumarín S.A. (APSA), ha sido condenado por su autoría en un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos (cooperador necesario), y de un delito continuado de cohecho, a la pena de dos años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta, y por el delito de cohecho a una pena de cuatro años de prisión con una multa de 1.900.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años.
El empresario Antonio José Azorín Iglesias, de Nora Proyectos e Ingeniería como autor de un delito de falsificación en documento mercantil en concurso medial con un delito de fraude a la administración, ha recibido una condena de un año de prisión, con una multa de ocho meses con 12 euros de cuota diaria.
Al empresario Maximino Fernández Álvarez, como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil con la atenuante analógica de confesión, a las penas de un año y nueve meses de prisión y multa de nueve meses con doce euros de cuota diaria.
Los funcionarios
A Marta Renedo Avilés, exjefa de Servicio de Procesos Administrativos en la Dirección General de Modernización del Principado y que dio nombre a la operación policial, denominada indistintamente como «Caso Renedo» y «Caso Marea», el tribunal le ha impuesto nueve años de cárcel y 18 años de inhabilitación por un delito continuado de falsificación en documento oficial y mercantil en concurso medial con un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito de cohecho así como una multa de 480.000 euros.
El funcionario Francisco Javier Juárez González, del Ayuntamiento de Mieres, por su responsabilidad en un delito de cohecho, a la pena de cinco meses de multa con cuota diaria de 12 euros.
Los magistrados Javier Domínguez Begega (presidente), Ana Álvarez y el ponente Francisco Javier Rodríguez Santocilde han acordado la absolución de los funcionarios Braulio Iglesias Menéndez, del Ayuntamiento de Avilés; José Manuel Blanco, de la Universidad de Oviedo y de los funcionarios del consistorio ovetense José Villa Cantero, Isaac Ovies García y María Paz Rodríguez Pendás