El portavoz del Ejecutivo celebra la sentencia, considera demostrado que «no hubo trama» y arremete contra las exigencias del PP, al que recuerda que es un «partido con corrupción sistémica»
02 sep 2017 . Actualizado a las 14:33 h.El Principado celebra como una victoria propia la sentencia del «caso Marea», da por demostrado que se trató de un caso desligado de toda trama y se reafirma en que fue el gobierno de Vicente Álvarez Areces -secundado por el de Javier Fernández- quien llevó la iniciativa en la denuncia de los hechos ahora sentenciados. Pero además, confirmado que, a falta de la lectura de la sentencia y de lo que esta fije, el Gobierno regional exigirá a los condenados un resarcimiento «por todo lo sustraído y por todos los perjuicios generados al Principado de Asturias» que «no será nunca menor de 5 millones de euros».
Son las reacciones con las que el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha reiterado y ampliado hoy, ya en tono plenamente oficial, las primeras impresiones que el Ejecutivo autonómico adelantaba ayer, tras tener conocimiento de las penas impuestas a los primeros condenados por corrupción en Asturias. El fallo condena al exconsejero de Educación del Gobierno asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, a seis años de prisión por prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y cohecho. María Jesús Otero ha sido condenada a nueve años y seis meses de prisión; la funcionaria Marta Renedo a nueve años; y los empresarios Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz a seis años y medio cada uno.
A esas penas, se sumarán ahora las compensaciones que exigirá el Principado. «Hasta el día 7 no se pueden afinar los siguientes pasos pero se garantiza la firmeza del Gobierno en la petición de penas y en el resarcimiento de los daños», ha dicho el consejero, quien ha afirmado que desde que en los últimos años se han mejorado los mecanismos de control en la Administración asturiana «para que sea muy, muy difícil que se produzcan hechos similares». En esa dirección, ha manifestado su confianza en que el parlamento apruebe cuanto antes la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
«Listón alto» frente a «corrupción sistémica»
Pero Martínez también ha arremetido contra algunas de las peticiones y exigencias realizadas en la estela de la sentencia por los partidos de la oposición, y muy en particular por el PP; un partido, según Martínez, aquejado de «corrupción sistémica». «Ayer escuchando a algunos portavoces, uno se daba cuenta de cuán grande es la diferencia en la reacción ante un caso de corrupción en unas y otras formaciones políticas. Yo llevo 24 años militando en la misma formación política y siempre ha habido la misma intolerencia», ha señalado, en comparecencia en sede parlamentaria, el consejero de Presidencia, que «un auténtico sarcasmo que un partido con corrupción sistémica se atreva a hacer declaraciones como las de ayer».
Guillermo Martínez considera, por el contrario, que «ninguna formación ha puesto el listón tan alto» en la aplicación de su «código ético» ante casos en los que se ha abierto juicio oral o ha existido «cualquier tipo de sospecha», con independencia «de que la persona de que se trataba fuera consejero o alcalde, tuviera o no responsabilidades públicas».
Aunque las valoraciones en detalle están pendientes de la lectura de la sentencia, el consejero considera que el fallo del «caso Marea» ha «delimitado» con toda claridad que «no se trata de una trama de financiación de un partido político, de una trama que agrupe a una gran cantidad de funcionarios y politicos de una organización numerosa, en este caso como se llegó a plantear, por parte de algunas fuerzas políticas», en referencia esta vez a Podemos Asturies. Martínez da por sentado que los debates y la comisión parlamentaria, además de los numerosos testimonios de imputados y testigos en el banquillo, zanjan esa cuestión.
Apela además el portavoz del Ejecutivo regional a la actitud de este desde el primer momento, pensando no solo en la gestión del caso por parte del gobierno de Javier Fernández sino sobre todo en su antecesor, Vicente Álvarez Areces, a quien apuntan ahora las miras de la oposición. «Hemos actuado siempre con firmeza, denunciando siempre los hechos, siendo siempre los primeros en hacerlo, ya en febrero de 2010.
Fue el gobierno de Areces, quien puso en conocimiento del juzgado los presuntos hechos delicitivos que con esta condena quedan acreditados», ha reiterado Martínez, quien también ha subrayado que el Ejecutivo ha «colaborado plenamente con la justicia, no aceptando ningún tipo de acuerdo con los acusados»: «Nunca se llegó a tener ningún contacto, ninguna aproximación, las llamadas quedaron sin contestar», ha añadido.