Los magistrados han hecho caso a la Fiscalía que había pedido que se leyera la sentencia en audiencia pública «por su relevancia pública e interés social»
06 sep 2017 . Actualizado a las 14:23 h.La «relevancia pública» y el «interés social» que tiene el denominado «Caso Marea» ha sido determinante para que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) solicitara a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo que sustituyeran la entrega de los mil folios de que consta la sentencia a los procuradores de las partes personadas en la causa, a través de su volcado en un dispositivo de memoria USB, por la celebración de una audiencia pública donde se proceda a su lectura. El tribunal ha accedido a su petición y ha acordado citar tanto a los acusados como a los perjudicados para personarse en la sede judicial, el próximo martes, día 12, a las 9.30 horas.
La Sala ha dictado esta misma mañana una providencia donde hace constar este cambio en la notificación de la sentencia. El acto consistirá en la lectura en «audiencia pública de, al menos, los hechos probados y el fallo», y una vez finalizado se notificará oficialmente la resolución.
El tribunal entiende que «el interés social del asunto» avala la solicitud de la Fiscalía. La lectura pública incluirá el relato de hechos probados de la sentencia «en su integridad» y un extracto de sus fundamentos, además del fallo. Posteriormente se comunicará a la Fiscalía y a los procuradores, en sus respectivas memorias USB, tal y como se había acordado la semana pasada, dejando de esta manera sin efecto la notificación prevista para mañana, día 7.
El amaño de contratos
El denominado «Caso Marea» está considerado como la mayor trama de corrupción en la administración del Principado, por los amaños de contratos de obras públicas para favorecer los intereses de empresas privadas. La causa tardó seis años en ser instruida; el juicio duró cuatro meses y ha transcurrido un año desde su celebración hasta hacer pública la sentencia. Aunque inicialmente se imputó a 43 personas, finalmente se sentaron en el banquillo de los acusados un total de 13. Entre los acusados, que han sido condenados, figuran José Luis Iglesias Riopedre, exconsejero de Educación en la etapa de gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces, y su exnúmero 2, María Jesús Otero. Riopedre ha recibido una pena de seis años de cárcel, mientras que Otero ha sido condenada a nueve años y medio.
Los empresarios Víctor Manuel Muñiz, exgerente de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, exdueño de Almacenes Pumarín (APSA) han sido condenados a seis años y medio de cárcel, mientras que la exfuncionaria Marta Renedo, exjefa de Servicio de Procesos Administrativos en la Dirección General de Modernización del Principado ha sido condenada a nueve años de prisión.