La aprobación de la futura ley de Transportes y Movilidad Sostenible queda supeditada a la inclusión de medidas que realmente fomenten el transporte público, con propuestas como una tarifa común en bonos y billete ordinario, y favorezcan el uso seguro de la bicicleta
19 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La movilidad sostenible no es ni de lejos un concepto nuevo, pero está costando, y mucho, que se asiente en la conciencia de políticos y ciudadanos. Por ello, desde 1999, y con el apoyo de la Comisión Europea desde el año 2000, se viene celebrando la Semana Europea de la Movilidad, que precisamente estos días ocupa con actividades algunas de las calles de las principales localidades asturianas para fomentar el transporte público y otros más sostenibles como la bicicleta o simplemente los desplazamientos a pie. También desde 2003, con la primera ley autonómica de movilidad sostenible aprobada en Cataluña, han sido varias las comunidades autónomas que han ido legislando leyes y planes para promover una movilidad que no deteriore tanto el medio ambiente ni la salud de las personas.
En Asturias, una comunidad en la que el 80% de los desplazamientos del área central se realiza en vehículo privado, la movilidad sostenible sin duda es una asignatura pendiente. Tras un intento fallido en la anterior legislatura, este año el Gobierno socialista del Principado volvía a tramitar un anteproyecto de Ley de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de lograr el consenso necesario para su aprobación. Sin embargo, el documento no convenció ni al resto de los grupos parlamentarios ni a las asociaciones ni colectivos que se dedican a fomentar la movilidad sostenible en Asturias. Unos lo calificaron de «cortapega» por reproducir incluso erratas del proyecto presentado en la anterior legislatura, otros lo llamaron chapucero y hasta hubo quien, a tenor del ritmo con el que avanza la movilidad sostenible en otros lugares, consideró que era un proyecto «decimonónico».
Finaliza la fase de enmiendas al anteproyecto
El anteproyecto ahora está a punto de finalizar su fase de enmiendas después de que el grupo parlamentario del PP solicitase la semana pasada una ampliación de diez días más. Algunas de esas enmiendas que presentarán los grupos de la oposición recogen, por ser de sentido común, propuestas hechas por la docena de colectivos que en mayo participó en una sesión de expertos para analizar la propuesta de ley. En aquellas comparecencias, quedó de manifiesto que al documento le faltaba un principio rector fuerte para que la ley fuera más ejecutiva y completa. «Abundaban los condicionales: debería, podría, entonces… La propuesta era muy vaga en algunos puntos que tienen que ver con la sostenibilidad y, en otros, excesivamente puntillosa», indica Carlos Rodríguez, coordinador de 30 Días en Bici, asociación que promociona el uso diario de la bicicleta como medio de transporte urbano y que, precisamente en la propuesta de ley, no sale tan bien parada como mandan los preceptos básicos de movilidad sostenible.
Unificación tarifaria de los bonos y el billete ordinario en tren y autobús
«Existen dos helipuertos en Asturias y el documento menciona 32 veces las palabras helipuerto y helicóptero, mientras que la bicicleta aparece en 15 ocasiones», pone como ejemplo, citando términos como micrologística, última milla o bicicletas de carga, que en su opinión deberían estar en el documento y no lo aparecen. Aunque siguen surgiendo nuevas soluciones de movilidad sostenible en otros lugares, son muchísimas las que ya están inventadas y están funcionando también en otros lugares. Una de ellas, por ejemplo, es el uso de abonos con tarifas planas para impulsar los transportes colectivos para moverse por toda una comunidad autónoma y hacer frente así al uso del coche privado. No hay que irse muy lejos, porque este método lleva años funcionando en el País Vasco, como recuerda Carlos García, de Asturias al Tren, un colectivo que continuamente está planteando mejoras para que el transporte ferroviario no siga perdiendo viajeros y que, entre las alegaciones presentadas a este anteproyecto, propone una unificación tarifaria.
«Es la más importante de las alegaciones que presentamos, porque en el texto del anteproyecto no se refleja o se hace de manera muy sui generis», explica. Por ello, plantean que el único abono para el transporte público de Asturias sea el del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), con lo que desaparecerían los propios de Renfe y la antigua FEVE, y además que el billete ordinario sea el mismo para todos los transportes, ya sean ferroviarios o por carretera. García, que valora positivamente que se hayan incluido alegaciones que ya presentaron al anteproyecto de la anterior legislatura, también considera fundamental que todos los concejos deban integrarse obligatoriamente en el CTA una vez que entre en vigor esta ley de Transportes y Movilidad Sostenible. Recuerda, además, que la anterior consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, dijo en su momento que, con esta ley, el Principado pretendía promover un proyecto integrado e interconectado de modos en el que el tren ganase viajeros y mercancías.
En este sentido, García insiste en una de las grandes reivindicaciones de Asturias al Tren: «Siempre hemos defendido que la gestión de los servicios y horarios del transporte ferroviario pase a la comunidad autónoma, quedando el mantenimiento y la infraestructura en manos del Estado como hasta ahora». Con ello, considera que se podrían establecer unos criterios de planificación más realistas, eliminando transbordos y paradas innecesarias entre los grandes y medios núcleos de población, estableciendo una duplicación de la vía como precepto y acortando tiempos al incrementar los servicios semidirectos. «Hay que primar el criterio de accesibilidad y movilidad de los ciudadanos», insiste, recordando que solo un 8% del transporte interurbano en el área central se realiza a través del ferrocarril.
Mejorar la combinación de tren y bicicleta
La bicicleta, en su opinión, también merece más impulso en la futura ley autonómica. Carlos Tejo, de Asturies ConBici (ACB), también indica que esta asociación que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte ha presentado varias alegaciones al anteproyecto como ya hiciera con el de la anterior legislatura. Algunas fueron incorporadas en parte al actual texto pero «todavía quedan algunas de sentido común». Pone un ejemplo muy sencillo: las bicicletas plegables se consideran equipaje de mano si miden 60x60x30 centímetros. «Es imposible que una bicicleta plegable tenga esas medidas», explica, indicando que una de reivindicaciones eternas de los usuarios asturianos de la bicicleta, que así recogen en una de las alegaciones, es que existan aparcamientos seguros «contra robo, intemperie y vandalismo».
En general, las alegaciones de ACB se enfocan a mejorar la combinación de ferrocarril y bicicleta, «que podría ser uno de los motores para la recuperación de la ocupación en los trenes de cercanías» y, siguiendo la línea de trabajo del Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta (PEEB) que coordina la Dirección General de Tráfico (DGT) con la colaboración de asociaciones como la Coordinadora en Defensa de la Bici, señalizar la presencia de ciclistas y otras mejoras en las carreteras autonómicas.
Sin inversiones ciclables hasta 2030
Tejo recuerda que en otras comunidades autónomas incluso han puesto en marcha o preparan planes regionales de la bicicleta, que van en la línea del PEEB, como Andalucía, Cataluña, Cantabria o el País Vasco. «Hay avances y buena intención», dice del anteproyecto asturiano de ley de Transportes y Movilidad Sostenible, «pero después hay que ejecutarlos y, aunque la Junta del Principado hizo una declaración en apoyo de la bicicleta, en los presupuestos regionales debería verse reflejado y no es así». De hecho, recuerda que en el Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad en Asturias, que comprende el periodo de 2015 a 2030, no aparece ni una sola inversión ciclable. «No se prevé dedicar ni un solo euro de aquí a 15 años», insiste, mencionando por ejemplo la posibilidad de crear sendas ciclistas entre municipios como ya ocurre en el resto de Europa con la red europea de rutas ciclistas de larga distancia EuroVelo, que además funciona como reclamo turístico.
Enseñar en las escuelas a circular en bici
Otra propuesta que ya fue aceptada en el anterior intento de sacar adelante la ley fue la divulgación de la bicicleta a través de programas formativos en todos los niveles educativos, «que tienen además una demanda impresionante. Si queremos una movilidad sostenible, en los colegios se tienen que impartir la conducción de bicicletas de forma autónoma: no solo crear gente que sepa pedalear sino también circular».
Parte de todas estas propuestas mencionadas también tendrán su reflejo en las enmiendas de Podemos e IU. En Podemos, como explica el diputado Héctor Piernavieja, se considera que la Ley de Movilidad Sostenible es muy necesaria y que debe incluir los nuevos elementos que ya marcan la movilidad sostenible del presente, además de tener en cuenta al colectivo de taxistas («el anteproyecto prácticamente se olvida de ellos») y, sobre todo, «que sea una ley con un carácter más potestativo. Gran parte del articulado son recomendaciones y debe tener más capacidad potestativa y categórica». En la misma línea se moverán las enmiendas de IU, que ya fueron en parte esbozadas en julio y que quieren más protagonismo en la ley para la bicicleta.