El tribunal anula el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado que transformaba todas las plazas en puestos a tiempo parcial. El colectivo señala que es un «varapalo» para Educación
18 sep 2017 . Actualizado a las 17:20 h.La sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado del 5 de octubre de 2016 que transformaba todos los puestos de los auxiliares educadores de la Consejería de Educación en puestos a tiempo parcial. El recurso había sido interpuesto por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) que defendió los intereses de los trabajadores, que denunciaron desde el primer momento la precarización de las condiciones laborales y de la atención al alumnado.
Uno de los portavoces del colectivo, Manuel Amago, ha señalado que el fallo viene a dar la razón a los argumentos de la plantilla, expuestos por CSI en su recurso, en el sentido de que su labor no se ciñe al tiempo que pasan con los alumnos en el aula, tal y como ocurre con otros profesionales que trabajan en colegios e institutos. También tienen tienen que preparar la atención, coordinarse con compañeros,... Al mismo tiempo, ha señalado que supone «un importante varapalo para la política de contratación interina que viene realizando en muchos casos de forma trimestral y con contratos parciales».
No es la primera vez, de hecho, que la Consejería de Educación es condenada por el modo en el que contrata a estos profesionales. Los tribunales ya han señalado que despedir al término de cada trimestre al auxiliar que atienden al alumno para volver a contratar a otro diferente cuando acaban las vacaciones es un «fraude de ley». El colectivo denuncia que la Administración está haciendo caso omiso de estos fallos, por lo que creen que están «bordeando continuamente el delito de prevaricación administrativa».
Hace casi un año, que los auxiliares educadores se manifiestan. Después de 12 meses de movilización y de más de 5.000 firmas recogidas, consideran que la sentencia del TSJA supone un estímulo y «cierra un círculo de lucha por el mantenimiento de los derechos laborales del colectivo».