La oficialidad, en el cruce de caminos

El letrado del Constitucional, José Manuel Pérez, apunta las distintas vías jurídicas para el reconocimientos de una lengua que en la actualidad vive «una anomalía»

Manifestación en defensa de la oficialidad de la llingua asturiana
Manifestación en defensa de la oficialidad de la llingua asturiana

Redacción

La situación jurídica de la lengua asturiana es una «anomalía», en España y en Europa, a juicio de José Manuel Pérez, letrado del Tribunal Constitucional, por encontrarse en una tierra de nadie, un limbo a medio camino entre el ostracismo y un reconocimiento (el concedido por la vigente Ley de Uso del Estatuto de autonomía) que no llega a la oficialidad.

En el congreso de la Federación Socialista Asturiana aprobaba ayer la enmienda -respaldada por una veintena de agrupaciones, entre ellas las de Oviedo y Gijón- a favor de la oficialidad con la vista puesta en una futura reforma del Estatuto. Aparte de los factores internos de las preferencias de distintas familias del socialismo asturiano, es también reflejo de un cambio generacional y una evolución a posiciones más abiertas hacia el asturiano en la sociedad.

Pérez es tajante, la oficialidad como tal pasa por una reforma del Estatuto, un paso que califica de «lógico y sin traumatismo» con dos consecuencias fundamentales para el ciudadano, las relativas a las comunicaciones con la Administración y las que tiene que ver con la educación. En ningún caso con imposición alguna a los ciudadanos.

 «Uno es la relación con la administración, ahora puedo dirigirme a la administración en asturiano pero no tiene ninguna obligación de responderme en esa lengua, la oficialidad surte efectos jurídicos en ese sentido. Pero la obligación es para la administración, no para el ciudadano», apunta el letrado quien destacó además que las comunicaciones internas entre la administración pueden seguir haciéndose en castellano. Con la Ley de Uso hay ya reconocido «un derecho activo» para dirigirse hacia la administración que, en todo caso, «se ejerce con con muchas trabas, a veces en dependiendo del funcionario de turno» y el derecho pasivo, esa obligación para la administración en la respuesta, es la que llegaría con la oficialidad.

El otro aspecto fundamental de este reconocimiento tendría que ver con la educación, con «el derecho a estudiar asturiano y en asturiano» algo que está también a medio camino con la vigente Ley de Uso. Hay una oferta de asignatura de llingua, de carácter voluntario, que se oferta en varios niveles de la enseñanza, con problemas reincidentes especialmente en los centros concertados. En este curso ha comenzado la experiencia piloto de impartir algunas asignaturas utilizando el asturiano como lengua vehicular en colegios que lo han adoptado también voluntariamente con la aquiescencia de los padres. El PP anunció que quiere llevar a los tribunales este plan que identifica con un intento de implantar la oficialidad «por la puerta de atrás». Sin embargo, Pérez cree que ese recurso no tendrá mucho recorrido, primero porque todo el proyecto ha extremado el cuidado en que sea voluntario tanto para las escuelas como para los padres de alumnos; además porque ya de hecho se utilizan otras lenguas distintas que el castellano como vehiculares en la enseñanza en Asturias, ocurre todos los días con el inglés o el francés «que no son oficiales en Asturias». En el ámbito docente resulta en todo caso crucial -y es una preocupación reiterada por el sector, la ALLA o la Consejería de Educación- el reconocimiento de la especialidad de profesorado de lengua asturiana por parte del Ejecutivo central.

Con la oficialidad se arreglarían algunos de estos problemas, no todos, porque como apunta el letrado «no es la panacea». Pérez llama la atención en todo caso sobre aspectos como el reconocimiento de la toponimia tradicional oficial que encuentra resistencias en medios de comunicación «y pase en los privados pero también ocurre en la televisión autonómica» y en algunos ministerios, como ocurre con singularmente con Fomento y entidades como Renfe, en «por una dejación de funciones del Principado», pero no así, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda.

El letrado apostaría por una redacción en la que se definiera tanto al asturiano como al castellano como «lenguas de Asturias» manifestando que «nadie podrá ser discriminado en razón de la lengua» y con el añadido para el futuro de que otra ley regulará su normalización y su uso. «El modelo propio de oficialidad del asturiano vendría con el desarrollo de esa ley», apunta Pérez quien destaca que ya con la Ley de Uso sería «de sentido común» que se contemplara que su conocimiento tuviera peso en determinadas oposiciones, para servicios médicos y sociales, donde se precise el trato directo con los ciudadanos en áreas de Asturias donde la población habla habitualmente el asturiano. «Con la oficialidad lo lógico y natural es exigir el conocimiento de ambas lenguas».

Pero ¿y si a pesar de todo, en el camino que queda por delante, no se lograse el consenso definitivo para la oficialidad? ¿si el medio camino de la vigente Ley de Uso se quedara como está? Podría desandarse o avanzar en él. Las posibilidades que permite la legislación actual sin plantearse una reforma del Estatuto son más menguadas pero también mucho más extensas de las que se utilizan en la actualidad de forma efectiva. Partidos como Foro Asturias llegaron a plantear una suerte de oficialidad en diferido que apostaba por aprobar una disposición transitoria que diera paso a la oficialidad en el momento en el que contara con el respaldo de tres quintas partes del parlamento autonómico.

En este sentido, Pérez destaca que el Ejecutivo asturiano podría firmar un convenio con el Estado para facilitar determinados servicios en asturiano, como por ejemplo la tramitación del DNI, así como extender también con un convenio firmado con la Federación Asturiana de Concejos a los 78 ayuntamientos las normativas municipales de consistorios como los de Lena o Noreña que ya funcionan para facilitar la comunicación de sus vecinos con los entes locales en asturiano con normalidad. Pero «lo más importante es solucionar el tema de la educación», destacó el letrado quien recordó que el asturiano es una lengua reconocida estatutariamente, y también por la Carta de Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa.

Del mismo modo destacó la importancia de que tenga un uso habitual en los medios de comunicación públicos pero no relegada a programas humorísticos o costumbristas «sino también en los informativos».

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