Paz Andrés: «Se ha tergiversado el Derecho Internacional para hablar de autodeterminación»
ASTURIAS
La catedrática de la Universidad de Oviedo señala que hay «una campaña de promoción en el extranjero» para dar una visión represora del Estado ante el referéndum
30 sep 2017 . Actualizado a las 08:19 h.En buena medida, el conflicto soberanista de Cataluña se dirime en una batalla de propaganda en la que tratan de establecerse como reales conceptos que pueden ser medias verdades o abiertas falsedades. Y muchos de ellos dirigidos no sólo a la opinión publica interior del país como esencialmente a los medios de comunicación, aún esta semana un artículo del Washington Post calificaba de «paramilitar» a la Guardia Civil tomando parte del lenguaje utilizado por muchos independentistas. Por razones como esta, más de 400 de los 550 profesores de Derecho Internacional han suscrito un manifiesto destinado a explicar que Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido» por la ley internacional, de manera que el derecho de libre determinación no puede ser «fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia».
Una de sus autoras es la catedrática de la Universidad de Oviedo, Paz Andrés, quien señaló que «desde hace tiempo y de manera creciente, se viene invocando el derecho internacional para justificar jurídicamente el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. En particular, la Ley del referéndum de autodeterminación cita en su Preámbulo los Pactos internacionales de derechos humanos de 1966, la Carta de las Naciones Unidas y dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, atribuyéndoles un contenido y un alcance que no tienen. Ante esta situación, pensamos que teníamos el deber cívico de informar a la sociedad sobre estos errores»; en todo caso apuntó que esta declaración «es técnica, no entra en el plano político».
La catedrática señaló que «es evidente que hay una campaña de promoción en el extranjero que busca presentar la situación como un inocente ejercicio democrático, al tiempo que se atribuye su represión al Estado». por lo que se utilizan a menudo argumentos como que Cataluña es una comunidad «colonizada» que, a su juicio, son «una expresión efectista para crear alarma porque en modo alguno se puede entender que haya una situación colonial tal como se entiende en derecho internacional».
En todo caso, Paz Andrés se refirió también a las imágenes y vídeos difundidos a lo largo de la semana con escenas de grupos jaleando entre banderas a los agentes de la Policía y la Guardia Civil desplazados como refuerzo de seguridad a Cataluña, resaltando que «tampoco me parecen adecuadas esas conductas» ya que «crean más tensión y son utilizadas por los independentistas para reforzar su campaña ante la opinión pública catalana».
El manifiesto recibió numerosos apoyos de los especialistas «en pocos días», según apuntó la catedrática quien explicó que los conceptos erróneos sobre el derecho de autodeterminación aplicados al proceso soberanista catalán se difundieron con un «uso tergiversado del derecho internacional» al no encontrar base legal en el sistema constitucional español. «Además, en esa invocación sesgada se omite que las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al derecho de libre determinación no autorizan ninguna acción encaminada a quebrantar la integridad territorial de Estados que estén dotados de un gobierno democrático».
De manera reiterada se ha insistido en que este referéndum no tiene encaje el ordenamiento jurídico, pero ¿hay posibilidades de que se realice uno pactado en el futuro?, ¿sería imprescindible reformar la Constitución para convocarlo? La catedrática destacó que el artículo 92 de la Carta Magna que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Pero, en todo caso destacó que «la cuestión radica en saber si este artículo permite un referéndum de autodeterminación, lo que se ha venido en llamar 'derecho a decidir', en el que se pronuncien únicamente los ciudadanos de Cataluña».
Así apuntó que la respuesta no es unánime entre los juristas. «Rubio Llorente, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, defendía una interpretación flexible de la Constitución con la finalidad de hacerlo posible pero entre los constitucionalistas, sin embargo, parece prevalecer la tesis contraria, postulando que es necesario una reforma previa de la Constitución para autorizar un referéndum que tenga objeto cuestionar en España la integridad territorial del Estado y la identidad del sujeto titular de la soberanía. Esta es, por lo demás, la doctrina actual del Tribunal Constitucional, formulada tanto en relación con Euskadi como con Cataluña».