El presidente defiende el uso de la «fuerza razonada de la justicia»
02 oct 2017 . Actualizado a las 16:44 h.El presidente del Principado, Javier Fernández, ha defendido el uso de la «fuerza razonada de la justicia» ante la crisis que representa el desafío independentista de Cataluña y la necesidad de «la inmediata e inexcusable restitución del orden constitucional».
Para el ex presidente de la gestora del PSOE, España vive «una crisis institucional de enorme hondura» en la que «está en juego la nación constitucional» y ha pedido que la justicia siga ejerciendo su función como «basamento principal del Estado de Derecho».
«Ni podemos ni debemos dejar de ser lo que somos, un Estado que aplica el derecho y se sirve exclusivamente de él para organizarse, defenderse y permanecer», tras lamentar que la iniciativa política no asumiera más protagonismo y advertir de que «el terreno perdido» por esa omisión no se ganará exclusivamente con la acción jurídica.
Así, ha subrayado que España afronta una «situación excepcional» en la que resulta «imprescindible» una «colaboración firme entre los partidos que respetan la ley» y que requerirá «tanta determinación para aplicar medidas como para abrir el camino de las reformas».
Además, ha alertado de que, sin respeto a las reglas del juego, las «apelaciones huecas al diálogo y a la voluntad política» son «ejercicios inútiles de buenismo» y carecen de garantías.
La justicia ha mostrado hoy su respaldo a la actuación de los jueces ante el desafío independentista de Cataluña ante las «coacciones intolerables» que han sufrido en dicho proceso para defender el Estado de Derecho, la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales de las personas.
Así se ha expresado hoy el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro Cuesta, en la apertura del Año Judicial en Asturias donde ha intervenido en representación del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que finalmente no pudo acudir.
Cuesta ha excusado la presencia del también presidente del Consejo General del Poder Judicial ante «la especial situación que se está viviendo en España» para mantenerse en contacto «permanente» con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, «y con las más altas instituciones del Estado».
En presencia de otros cuatro vocales del CGPJ y de dieciséis presidentes de Tribunales Superiores de Justicia autonómicos que se reunirán hasta el miércoles en Oviedo, Cuesta ha tenido una mención especial para los jueces y magistrados de Cataluña que han sufrido una «coacción intolerable» como cercar edificios judiciales o regatear los medios imprescindibles para su trabajo.
Además, se ha mostrado satisfecho «en estos momentos de inquietud» donde se necesitan planteamientos basados en «la sensatez y el respeto constitucional» con la presencia en el acto de un presidente autonómico como el asturiano Javier Fernández, «que no duda cuál es su sitio en el marco constitucional», «orgulloso del lugar que ocupa en igualdad con el resto de comunidades».
A esta cuestión se ha referido también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, para mostrar su apoyo y solidaridad a los representantes de la justicia que prestan servicio en Cataluña «en estos momento tan complejos».
En un acto que servía también para inaugurar las Jornadas de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia que se celebrarán en Oviedo hasta el próximo miércoles, Vidau ha recordado además que este se cumplen tres siglos de la expedición por el rey Felipe V de la Real Cédula Fundacional de la Real Audiencia de Asturias.
En este sentido, ha recordado que dicho órgano ejercía entonces como rector del gobierno y de la administración regional, algo que «por fortuna» actualmente no existe al gozar de un sistema constitucional que consagra la división de poderes y que «lamentablemente algunos ponen en cuestión en estos momentos».
Así, ha abogado por que dentro de otros trescientos años España continúe «unida y constituida en un Estado de Derecho» en la que la justicia «emane del pueblo» y siga siendo administrada por jueces independientes sometidos únicamente al imperio de la ley y garante de los derechos y libertades de cada ciudadano.