Una familia lleva a una niña al baño en el colegio porque su auxiliar está de baja

La Administración asturiana tarda entre diez y quince días en hacer efectivas las sustituciones en casos de alumnos con necesidades educativas

Un aula vacía
Un aula vacía

Redacción

La familia de una alumna asturiana con necesidades educativas especiales, escolarizada en un centro público, se está organizando para poder llevarla al baño durante el recreo. La auxiliar educativa que tiene asignada acaba de quedarse de baja por problemas de salud y nadie sabe decirles en la Administración regional cuándo van a mandar un sustituto. Su madre ha pasado de departamento en departamento de las consejerías de Educación y Hacienda para explicar la situación y para preguntar hasta cuándo van a estar así. Su periplo ha sido largo y poco productivo. Solo se ha enterado de que al documento le falta una firma y de que eso va a alargar la tramitación. Su caso no es único. El colectivo de auxiliares educadores señala que las sustituciones están tardando de media entre 10 y 15 días y que, de los cinco días de permisos por motivos sanitarios, la mayoría de las veces, solo se cubren dos o tres días, nunca la ausencia completa. No se ofrece ninguna alternativa a estos alumnos que cuentan con un handicap añadido y que son los que necesitan más apoyo.

La bolsa de auxiliares educadores depende de Función Pública. Ese es el organismo que gestiona la lista, de la que tiran tanto Educación como Servicios y Derechos Sociales y Justicia. El trámite es muy similar al de resto de interinos. Los centros cursan la solicitud a la Consejería de Educación que, a su vez, reclama el personal para la sustitución a la Consejería de Hacienda, de la que depende Función Pública. «Si el engranaje funciona a la perfección hablamos de diez días. Si se traba en alguna parte de la cadena, han llegado a pasar semanas», explican desde el colectivo. También depende de la época presupuestaria, lamentan. «En septiembre es más fácil, todavía no hay problemas y encima está todo más engrasado con las grandes convocatorias de interinos», añaden. Cuando la bolsa se agota, tienen que recurrir al Servicio de Empleo. Entonces, puede ser hasta más lento.

La familia de la alumna prefiere no dar datos concretos para preservar su identidad. Sólo se pregunta cómo es posible que el sistema no esté preparado para asumir estas eventualidades. Una baja es algo normal en la vida laboral de todo profesional. Normal e imprevista. En los centros donde hay más de un auxiliar, procuran repartirse las funciones en caso de que falte uno. Eso sucede en recursos grandes, con hasta 14 auxiliares, como por ejemplo en Latores. El problema tiene más difícil solución donde solo hay uno, como sucede en este caso. «Entonces depende de la buena voluntad o de la disponibilidad de un profesor, que no tienen ninguna obligación de asumir esta responsabilidad, o de que se organicen las familias. Cada centro es diferente», señalan desde el colectivo. Saben incluso de movimientos de dudosa legalidad, como el apoyo de personal de organizaciones no gubernamentales (ONG).

«¿Quién lo nota? Pues como siempre, los más vulnerables», reconocen los profesionales, que ya han denunciado más recortes que también repercuten en la calidad asistencial. Es el caso del ajuste de jornada, que ha sido ganado en los tribunales. Los retrasos en las sustituciones son un mal añadido. 

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