El Principado llamará a Galicia y Castilla y León para recurir al Fondo de Solidaridad Europeo. Explorará con los alcaldes vías de financiación complementarias, aunque reconoce que los daños son inferiores a los de 2015. Defiende la política forestal regional
18 oct 2017 . Actualizado a las 18:23 h.Es pronto para saber la extensión de terreno afectado por los incendios forestales que calcinaron el suroccidente y para cuantificar los daños. Pero Asturias mira a Europa para compensar las pérdidas. Ya no existe esa figura que consistía en declarar zona catastrófica las comarcas afectadas por un desastre natural. Hay otro tipo de mecanismos como es el Fondo de Solidaridad Europea, que exige unos requisitos mínimos muy altos para poner dinero. El Gobierno del Principado, consciente de estas restricciones, ya ha anunciado que contactará con Galicia y con Castilla y León para cursar una petición conjunta. No obstante, a priori, los daños parecen menores que los ocurridos en la oleada de fuegos de diciembre de 2015. El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, ha explicado que se han contabilizado 95, en 40 concejos, de los que 49 son incendios y 46 conatos. Al menos dos de ellos, recibirán la categoría de gran incendio, que son aquellos que superan las 500 hectáreas. Son los de Degañas e Ibas. Pero también podrían alcanzar esa extensión los de Allande y uno de Tineo. Las llamas se llevaron a su paso cinco edificios abandonados, dos casas, dos garajes y una escuela.
El Gobierno ha reclamado la colaboración ciudadana para atrapar a los que prendieron las llamas, ya que, a falta de que las investigaciones se concreten, está convencido de que prácticamente el 100% fueron focos intencionados que se propagaron con rapidez debido a una confluencia de factores externos, tanto la pertinaz sequía como las elevadas temperaturas de mediados de octubre y el fuerte viento que soplaba del sur y que llegó a alcanzar ráfagas de 90 kilómetros por hora. El estudio de los datos de 2015 ha revelado que, de toda la superficie afectada ese año, el 76% fueron causado por fuegos provocados. «Es una acción criminal», ha argumentado Martínez, que ha ofrecido todo su apoyo a la Fiscalía de Medio Ambiente, a las Bripas del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) y a los agentes de la Guardia Civil del Seprona.
Los datos que maneja la Fiscalía son las acciones judiciales contra incendiarios muestran lo sucedido en los años 2015 y 2016. En esos dos ejercicios, se incoaron 88 expedientes, de los que 37 -el 42%- terminaron en denuncias. Se cursaron 38 acusaciones que dieron lugar a 30 juicios y 29 sentencias condenatorias. De todos modos, el Principado es consciente de la dificultad que entraña cazar a los autores, ya que es muy complicado recoger indicios y más pillarles con las manos en la masa.
Próximas actuaciones
Al margen de las investigaciones para encontrar a los responsables, el Ejecutivo tiene intención de actuar con rapidez. La próxima semana Guillermo Martínez se reunirá con los alcalde del suroccidente para realizar una primera evaluación de daños y para explorar todas las vías de financiación a su alcance para la reforestación del territorio. Además de la mencionada del Fondo de Solidaridad Europeo, al que se quiere recurrir de la mano de Galicia y Castilla y León, también pretende ver los recursos que tiene el Estado. También están las líneas creadas para combatir el cambio climático. En este caso, la convocatoria de 2017 ya ha pasado pero la región podría acogerse a las de 2018.
Estas otras vías son necesarias porque el Principado no confía demasiado en ese Fondo de Solidaridad, ni siquiera con un frente norte de comunidades. Guillermo Martínez explica que Francia fracasó cuando sus comunidades atlánticas sufrieron el impacto de la tormenta Xynthia. las condiciones son muy estrictas. A las comunidades les exige que los daños superen el 1,5% de su producto interior bruto, lo que representa cientos de millones de euros. Para los particulares tienen que se primeras residencias, aseguradas. Lo único que le resta es reclamar una flexibilización en la aplicación. Canarias lo consiguió en 2015, cuando afrontó unas inundaciones.
Política forestal
Con lo que no está de acuerdo el Principado es con las críticas que está recibiendo por su política forestal. A los que les acusan de no tener una gestión prevista los ha desmentido. Ha reconocido que puede ser mejorable pero también ha precisado que existen protocolos. Esos protocolos, de hecho, tienen su traslación en los presupuestos regionales. En las cuentas de 2017 son 3,2 millones de euros. En el anteproyecto para 2018 esa cuantía se ha incrementado en un 46%, hasta llegar a los 4,6 millones de euros.
Martínez ha reconocido que es necesario abrir una reflexión amplia para ver qué se puede hacer para frenar los grandes incendios, que cada vez son más numerosos y que son los más peligrosos. Ese es un trabajo que el Gobierno tiene que comenzar a realizar.