Cinco concejos lideran el frente para recuperar bienes que la Iglesia se apropió

S.D.M. REDACCIÓN

ASTURIAS

Arzobispado de Oviedo
Arzobispado de Oviedo

Medio centenar de ayuntamientos de toda España ya han reclamado formalmente la devolución del patrimonio inmatriculado

26 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Hay cinco ayuntamientos asturianos integrados con otros 45 en un frente nacional que lucha para que la Iglesia católica devuelva todos los bienes que ha registrado a su nombre pese a tener otro propietario. Los concejos de Castrillón, Siero, Corvera, Gijón y Oviedo ya han adoptado resoluciones en las que reclama, que se inicie un estudio preciso de lo sucedido en España durante décadas y también la recuperación de todo el patrimonio inmatriculado, que es como se conoce técnicamente al proceso por el que diferentes Arzobispados se apropiaron de terrenos e inmuebles. Junto con esos 50 municipios, hay también siete gobiernos territoriales que han exigido que se confecciones un listado completo con los bienes afectados. Además, hay en marcha una quincena de litigios para intentar que la vía judicial restituya la legalidad y para incrementar la presión sobre las autoridades eclesiásticas.

Estos son los datos que hasta el momento han recopilado los colectivos que trabajan para aflorar las inmatriculaciones en todo el territorio regional. En el Principado, el Grupo de Inmatriculaciones nació de la mano de Asturias Laica. El objetivo de estos equipos es explicar lo que ha sucedido en las últimas década, concienciar a la sociedad de la necesidad de llevar a cabo una amplia investigación y presionar a las autoridades para que adopten las medidas necesarias. En ese sentido, algo se está moviendo ya en la Junta General. Ya se ha registrado una petición para que se recabe un listado de esos bienes. 

La movilización de ayuntamientos y de parlamentos regionales se está produciendo un año después de la creación de la Coordinadora Recuperando. Alrededor de una veintena de organizaciones civiles decidió montar un frentar para movilizar a la sociedad y a las instituciones con el fin de «denunciar la apropiación masiva de bienes de dominio público por la Iglesia al amparo del ya derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria».