El TSJA declara fijas a dos trabajadoras temporales de una empresa pública del Principado
ASTURIAS
La sentencia afecta a una oficial administrativa contratada en 2009 y a una jefa administrativa
25 oct 2017 . Actualizado a las 17:53 h.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha declarado trabajadoras fijas de plantilla de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias SA (Serpa), a dos empleadas de dicha empresa contratadas mediante contratos temporales por obra o servicio que se fueron prolongando durante varios años.
El Conceyu por otra Función Pública d'Asturies (Cofpas) ha dado a conocer esta sentencia que afecta a una oficial administrativa contratada en 2009 y que estuvo hasta 2016 realizando tareas relacionadas con el departamento de expropiaciones, y a una jefa administrativa, con la que se concertaron varios contratos de obra o servicio encadenados, desempeñando funciones administrativas entre los años 2006 y 2017.
El Cofpas ha afirmado que los hechos descritos en la sentencian muestran «unas prácticas de contratación fraudulenta del personal muy extendidas en los chiringuitos del Principado de Asturias que han sido denunciadas en numerosas ocasiones desde el Cofpas y constatadas de forma reiterada por la Sindicatura de Cuentas en su informes de auditoría del sector público».
Para la organización, se trata de unas prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, «como señalan las sentencias de los Tribunales, pero que son también una fuente de clientelismo laboral y acceso privilegiado a puestos de trabajo sufragados con fondos públicos».
Así, han señalado que la sentencia recoge «un cúmulo de irregularidades que exigiría una investigación con el fin de depurar las responsabilidades a las que hubiera lugar», como las encomiendas de gestión fraudulentas a empresas públicas para realizar tareas administrativas que deberían ser desempeñadas por funcionarios públicos integrados en la plantilla del Principado.
Para el Cofpas, la sentencia recoge una serie de consideraciones que suponen una «bomba de relojería que puede estallar sobre los procedimientos de acceso al empleo dependiente de las empresas y fundaciones públicas», porque abre un «descomunal boquete» para que los trabajadores de las empresas públicas puedan ser contratados por razones de influencia, recomendaciones o simple azar, «en perjuicio de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas».
«La gravedad y trascendencia de lo afirmado en la sentencia del TSJA obligaría a presentar un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, un recurso al que tan aficionado es el Principado cuando se encuentra en situaciones desesperadas», ha sentenciado la organización, que ha añadido que si no se ha interpuesto «deben dar explicaciones urgentes sobre las razones de su pasividad».