CSIF censura al Principado que recurra la sentencia del TSJA, pese al compromiso de la consejera de Hacienda de «garantizar su pago»
26 oct 2017 . Actualizado a las 20:12 h.El conflicto del acceso a la carrera profesional de los trabajadores interinos o eventuales de la administración regional se dirimirá finalmente en el Tribunal Supremo (TS). El Servicio Jurídico del Principado de Asturias ha interpuesto un recurso de casación ante la Sala de lo Social del alto tribunal contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que reconocía el derecho de estos trabajadores laborales no fijos a percibir las retribuciones económicas por este concepto, tras resolver favorablemente las demandas por conflicto colectivo, unificadas en un solo procedimiento, planteadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Comisiones Obreras (CCOO). La resolución judicial de instancia beneficia a un colectivo integrado por aproximadamente unas 3.000 personas, según los cálculos realizados por CSIF.
El servicio jurídico del Principado de Asturias ha decidido recurrir la sentencia del TSJA al considerarla «no ajustada a Derecho» y entender que es «contraria a los intereses de la administración».
Evitar la discriminación laboral
Uno de los aspectos más novedosos de la sentencia era precisamente la procedencia de aceptar la fórmula de conflicto colectivo como manera de validar el fallo para todos los trabajadores en régimen laboral y contrato temporal, al apreciar la Sala, integrada por los magistrados, Francisco José de Prado, Paloma Gutiérrez Campos y María Paz Fernández, que se trata de un conflicto colectivo jurídico. A su juicio, «existe un interés homogéneo, el del personal laboral temporal de la Administración del Principado de Asturias, en que se determine si tienen derecho a acceder a la carrera profesional y percibir el complemento correspondiente cuando reúnan los requisitos necesarios para su devengo, en los mismos términos y condiciones en que lo hace el personal laboral fijo al servicio de la comunidad autónoma». En consecuencia, habían declarado nulos «cuantos acuerdos o cláusulas nieguen el principio de igualdad».
El TSJA había advertido que «no existe justificación para que el personal laboral temporal no tenga acceso a la carrera profesional, cuando sí que lo tiene el personal laboral indefinido. El nivel de exigencia que el Tribunal Constitucional (TC) establece en el ámbito de las administraciones públicas para garantizar el respeto al derecho a la igualdad no permite el tratamiento dispensado a los trabajadores temporales en este aspecto concreto, pues carece de justificación objetiva y razonable».
Los «derechos económicos»
Además, añadía el tribunal, «no debemos perder de vista el hecho de que detrás de la carrera profesional lo que subyacen son derechos económicos, complementos retributivos, que la actuación de la consejería demandada pretende conferir al personal laboral indefinido, excluyendo arbitrariamente al personal laboral temporal que reúna los requisitos para lucrarlos».
El presidente autonómico de CSIF, Sergio Fernández-Peña, se ha mostrado especialmente sorprendido por la reacción del Principado al recurrir la sentencia y pide públicamente que rectifique. Asegura que es «incomprensible» que la interposición del recurso de casación se produzca tan sólo unos días después de que la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, y el director general José María Gancedo, hubieran convocado a una reunión a todos los representantes sindicales y se hubieran comprometido ante ellos a hacer efectivo el cumplimiento de la resolución judicial.
El compromiso «incumplido», según CSIF
«Tanto la consejera como el director general nos convocaron a dos miembros de CSIF, dos miembros de CCOO, dos de UGT, dos de USIPA, y dos de la CSI y manifestaron que se iba a pagar en el año 2018, con efectos de 1 de enero, aunque tal vez los trámites les llevasen un par de meses pero que igualmente garantizaban el pago. Pese a decirlo públicamente, de forma incomprensiblemente irracional y sin sentido, el Principado ha recurrido, lo que implicará que seguirá discriminando a los interinos otros tres años y que pague el siguiente gobierno», critica.
Sergio Fernández-Peña asegura que su organización sindical se siente «indignada» con lo que califica de «irracional política de gestión de personal, sin rigor, ni seriedad» y vaticina que el Supremo mantendrá la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA, por lo que, según sus augurios, el recurso generará costas judiciales que «será otro sobrecoste que asumirá toda la ciudadanía asturiana». Según su versión, la consejera se comprometió a «pagar el segundo tramo a los trabajadores de la Administración General que ya cobraban el primer tramo y cumplieran los requisitos; a abrir más tramos en Sanidad y Enseñanza y a pagar a los interinos». Unos compromisos adquiridos «especialmente en lo que se refiere a los interinos» que no casan, en su opinión, con recurrir una sentencia que «les habilita para el pago».