Cuatro asturianos con discapacidad intelectual defienden el cambio legislativo que hoy debate el Parlamento para eliminar el veto a un derecho fundamental
07 nov 2017 . Actualizado a las 11:34 h.«Si no nos dejan votar, quién nos va a representar». Eso es lo que Fernando Sainero preguntaría a los diputados españoles si tuviera la oportunidad de ver a algún político a las puertas del Congreso. Sainero es un asturiano, nacido en Madrid, con discapacidad intelectual, usuario del centro ocupacional de Adepas en Noreña y un defensor de los derechos de su colectivo. Lo hace con todos los cauces legales que tiene a su alcance. Acude a manifestaciones, habla para los medios de comunicación como La Voz y vota cuando hay elecciones. Porque, en su caso, su sentencia de incapacitación no cercena este derecho fundamental. No es lo habitual. Casi 1.200 residentes en el Principado, según las cifras que maneja el Cermi, no tuvieron la oportunidad, en las Generales de 2015, de elegir Gobierno. Eso puede cambiar si sale adelante una modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) que ha presentado el PSOE y que hoy se debate en el Parlamento. Colectivos como Plena Inclusión Asturias, que lleva años en la batalla, cruza los dedos para conseguir el impulso político definitivo
Esos 1.200 asturianos sin derecho a voto son personas con una sentencia judicial de incapacitación que nombra un tutor legal, ya sea algún familiar o la administración. Asunción Velasco, magistrada del Juzgado Número 9 de Familia de Oviedo, reconoce que hasta hace muy poco este tipo de fallos judiciales no escalaban los derechos en función de la situación sino que anulaban de forma general, sobre todo, en ciudadanos con una discapacidad intelectual o con una patología de salud mental. «Desde hace unos años lo habitual es que se les retire la capacitación en temas relacionados con la decisión sobre su salud o sobre el patrimonio. También son frecuentes las mixtas que combinan ambas», explica. Cuando se trata de ver la capacidad para el sufragio, Velasco explica que realiza una pequeña exploración, les pregunta si tienen interés en votar y si suelen hacerlo, incluso trata de determinar si es influenciable. «En la mayoría de los casos se les priva del voto por correo pero no del presencial», explica.
Para Jesús Martín, delegado de derechos humanos del Cermi, no es suficiente. «Nadie evalúa si una persona sin discapacidad es o no influenciable y si tiene conocimientos para votar. Por qué hay que hacerlo con alguien que tenga una discapacidad», se pregunta. Eso puede cambiar si se levanta directamente el veto que la Loreg establece en su artículo número 3. La reforma judicial conseguirá algo más. Aquellos que ahora tienen una incapacitación total, no pueden ver revisada su prohibición a votar, porque las sentencias solo sin revisables si cambian las circunstancias y en la mayor parte de estos ciudadanos con discapacidad su situación es exactamente la misma. Esas circunstancias solo suelen variar en diagnósticos de enfermedad mental.
Levantar la voz
Colectivos como Plena Inclusión Asturias llevan años trabajando para conseguir un cambio legislativo. Exige el fin de todos los vetos pero también otras mejoras complementarias. Bajo el eslogan Mi voto cuenta, también demanda la adaptación de los programas electorales o la adaptación accesible de los colegios electoral. Cuatro asturianos con discapacidad intelectual lo cuentan en primera persona.
Mari Perandones ha cumplido 75 años justo un día antes de que el Congreso debata la reforma de la ley electoral. Nunca ha ejercido el derecho al voto. «Nunca voté porque nunca me dejaron», explica. Habla con nerviosismo pero con claridad: «Soy una discapacitada intelectual y mi hermana es mi tutora legal. No voto porque ella no me deje sino porque no me deja la ley». Reconoce que le haría ilusión eso de meter la papeleta en la urna y de poder decidir quién va a gobernar. Pese a su convencimiento, también convive con algunos miedos heredados. «Seguro que hay gente que nos va a mirar mal y que va a pensar que es mejor que no votemos», duda.
Sainero, a su lado, no titubea. Se desplazó incluso a Madrid para alzar la voz frente al Tribunal Constitucional. Su incapacitación no le impide votar pero él lucha por el interés general de su colectivo, no por el suyo individual. Ha votado «toda la vida» porque considera fundamental ejercer ese derecho. «Los políticos también me representan a mí, también tienen que defender mis derechos», argumenta. Frente a su activismo, admite que hoy mucha gente que pasa de este tema y está convencido de que la mayor parte de la ciudadanía ni siquiera sabe de este veto a un derecho fundamental protegido por la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad de la ONU. Así que el debate en el Congreso es, a su juicio, un momento clave, para avanzar hacia la igualdad y para dar a conocer lo que sucede.
El caso de Raquel Silva es un poco diferente. Hace años que su familia no la lleva a un colegio electoral pero no tiene ningún tipo de limitación legal. Está convencida de que todo el mundo debe tener derecho a votar, aunque pueden ejercerlo o no en función de sus circunstancias. No le gustan mucho los políticos pero también admite que «no son todos iguales». Esta naveta explica que es «importante» que las personas con una incapacidad puedan decidir.
Lo comparte Juan Ernesto Barbeira, que utiliza un argumento aplastante: «En democracia todo el mundo debería tener derecho a votar». Pero no es así. A Barberia, que tampoco tiene ningún tipo de limitación, le gusta llevar la papeleta preparada desde casa. Su madre, con la convive, no le pregunta a quién vota. Él expresa abiertamente sus opiniones y ya lo sabe de antemano. Pero se siente más seguro llevando el sobre en el bolsillo que eligiéndolo dentro de una cabina. Sonríe cuando le pican con Cataluña, porque sus compañeros saben que no se pierde ni una noticia. Hoy estará atento para ver qué pasa en el Congreso. «Los políticos nos representan a todos. A nosotros también. Somos personas como los demás», explica. Lo apostilla Raquel Silva: «Somos como todos, con discapacidad o sin dicapacidad».
La gerente de Plena Inclusión Asturias, Casilda Sabín, cruza los dedos. Señala que es una «oportunidad excepcional para eliminar el veto» en una época y una sociedad maduras. Agradece, además, la estrecha colaboración que han podido mantener con la judicatura y que ha permitido avanzar. Es el momento para conseguir «la inclusión que es mucho más que la integración, es la igualdad plena de oportunidades». Si las personas con diversidad funcional pueden hacer deporte, trabajar y disfrutar de su tiempo libre con apoyos, «¿por qué no van a poder votar?», pregunta a los diputados en cuyas manos está adaptar la ley al siglo XXI y hacer extensivos los derechos civiles y políticos a toda la ciudadanía.