Los ganaderos aseguran, en contra de las negativas oficiales, que los pagos de las indemnizaciones por ataques del lobo acumulan retrasos y piden que se revisen al alza
12 nov 2017 . Actualizado a las 09:21 h.Es una de esas ideas que, a pesar de todas las negativas oficiales, se instalan con firmeza entre los afectados y ningún desmentido desaloja. Los ganaderos asturianos se quejan de que las compensaciones por los daños causados por la fauna salvaje son escasas, se pagan con retraso y reciben un trato diferente según la época del año en la que se tramitan. El secretario general del sindicato UCA, José Ramón García Alba, señala que, diga lo que diga el Principado, es más fácil cobrar por un ataque registrado en enero, con el presupuesto anual para las indemnizaciones recién estrenado y aún bien provisto de fondos, que por otro que suceda en noviembre, cuando el dinero ya se ha agotado y a la administración le cuesta más trabajo reconocer el origen de los ataques que acaban con reses muertas o heridas. «Si no se ofrece un precio justo y en un plazo razonable, los costes de una explotación se disparan. Así acaban tantas por cerrar», lamenta.
En el año 2016, el Gobierno regional destinó 750.000 euros al pago de indemnizaciones por ataques del lobo, según declaró en la Junta General del Principado la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, convocada por la cámara el pasado mes de mayo para hacer balance. Por entonces, las competencias dependían aún de su departamento, aunque poco después las políticas de medio ambiente regresaron al área de Infraestructuras, donde ya habían estado antes, tras la remodelación del gabinete que siguió al relevo de Belén Fernández por Fernando Lastra en esa cartera. En nombre de la Administración, Álvarez sostuvo hace medio año que los ataques del lobo se habían rebajado un 28% en los meses anteriores y que los expedientes abiertos para investigar posibles casos también habían caído un 21%. La consejera añadió que el récord de ataques y de pagos (más de 900.000 euros) corresponde al año 2015 y negó que existieran dilaciones excesivas en la tramitación y el abono de las compensaciones. El Principado, aseguró, las trata de la misma manera que los pagos a sus proveedores, de acuerdo con la ley, y las resuelve en los mismos plazos.
Pero Alba, haciéndose eco del pensamiento de muchos titulares anónimos de explotaciones de toda la región, sostiene que, en ocasiones, los pagos se eternizan y que no siempre es fácil persuadir a los guardias de la Consejería del origen de los ataques. «Llega un momento en el año en que los califican como 'daños desconocidos'. Para certificar la presencia del lobo, exigen que la hayan visto el ganadero y otros dos testigos más. Hombre, si hubiera tres personas presentes en esos momentos, el ataque no se produciría porque lo impedirían», se indigna el dirigente de UCA. Alba también reivindica una revisión al alza de la cuantía de las compensaciones. Por un ternero que tenga entre tres y seis meses de edad y muera devorado por los lobos, el Principado abona 300 euros. Los ganaderos creen que es poco, porque si se desarrollara, podría venderse por 800 solo unos pocos meses después, y porque, en algunos casos, las víctimas de la fauna salvaje forman parte de ganaderías que producen leche destinada a la elaboración de quesos con denominación de origen, cuya producción de alterada de esa manera. «Los costes se disparan», sostiene el sindicalista.
A los ganaderos, incluso a los moderados que no defienden el exterminio del lobo, les gustaría ver batidas eficaces que redujeran de modo apreciable su población. El ritmo actual no les satisface. Según otro dato que dejó la comparecencia parlamentaria de Álvarez, en el 2016 el Principado abatió a nueve ejemplares (o realizó nueve extracciones, tal como lo expresa la jerga administrativa, que evita las palabras relacionadas con la muerte o la caza) con sus propios medios y autorizó a sociedades de cazadores para capturar a otros 23. El total de 32 bajas se quedó muy por debajo del cupo máximo de 45 autorizado por la propia administración. La cifra, en todo caso, no satisface ni a los productores, que la consideran insuficiente, ni a varios grupos conservacionistas que la consideran una masacre inútil, que deshace las manadas y genera nuevos lobos desorientados y hambrientos más proclives a realizar nuevos ataques.