Críticas a los privilegios económicos del País Vasco

Agencias REDACCIÓN

ASTURIAS

El presidente del Principado, Javier Fernández (i), tras finalizar su intervención en la primera jornada del debate de orientación política general que se celebra en la Junta General del Principado
El presidente del Principado, Javier Fernández (i), tras finalizar su intervención en la primera jornada del debate de orientación política general que se celebra en la Junta General del Principado J.L.Cereijido

El Principado se opondrá a medidas que incluyan desigualdades

14 nov 2017 . Actualizado a las 13:16 h.

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha reflexionado este martes también sobre el nuevo modelo de financiación. En su discurso, se ha referido a los «privilegios» con los que cuenta el País Vasco y ha dicho que la postura de su Gobierno será siempre la de oponerse a medidas que incluyan desigualdades.

Según Fernández, en España no sólo existen diferencias ideológicas de carácter político y social a la hora de definir los mecanismos de cohesión territorial. Así, la construcción del Estado autonómico y la descentralización que conlleva ha sido «impulsada y condicionada por la existencia de nacionalismos interiores».

Ha sido ese «diferencialismo», ha explicado, el que, transcendiendo del eje izquierda-derecha, ha permitido «privilegios controlados» de carácter confederal como ocurre en el País Vasco. «El mismo que ahora puede impulsar que una descentralización concebida para dar cabida a la diversidad derive en una competición por los recursos entre territorios de forma que, a fuerza de apelar a la defensa de la diversidad, se termine defendiendo la desigualdad. Vuelvo a apostillar: a eso se opondrá este Gobierno», ha advertido el presidente asturiano.

En su discurso, Javier Fernández ha explicado que el conflicto más obvio para el nuevo modelo de financiación es el que existe entre autonomía y solidaridad. «Es decir, entre la capacidad para decidir el nivel y composición de ingresos y gastos de los gobiernos subcentrales y un determinado nivel común en la prestación de los servicios públicos. Este grado relativo de cumplimiento de ambos principios es, por lo normal, lo más difícil de acordar», ha argumentado.

En cualquier caso, ha considerado que la reforma constitucional de la que actualmente se está hablando, debido a los tiempos que exige, irá precedida del cambio en el modelo de financiación, que podrá preconfigurar y condicionar la reforma constitucional.

«Garantizar un nivel de prestación equivalente tiene que ser prioritario en la agenda de responsabilidades públicas», ha señalado Fernández, que considera que la sanidad, la educación y de los servicios sociales en Asturias dependen de esta cuestión. «Si las diferencias culturales, institucionales o de renta y riqueza se traducen en diferentes derechos económicos o sociales se estaría afectando al corazón mismo del sistema democrático», ha advertido.