Ni un solo edificio público asturiano es totalmente accesible

El 4 de diciembre expira el plazo de 17 años que la ley había dado a las administraciones para eliminar las barreras arquitectónicas y sensoriales. «Es un auténtico fracaso», reconocen las personas con discapacidad

Un hombre en silla de ruedas
Un hombre en silla de ruedas

Redacción

Ni un solo edificio público asturiano es totalmente accesible. Los que tienen rampas, ascensores y barandillas, carecen de bucles magnéticos para limpiar el ruido que se percibe con los audífonos o los implantes cocleares o llaman a los usuarios a través de un número en una pantalla, invisible para una personas con una discapacidad visual. Mañana, 4 de diciembre, expira el plazo de catorce años que la Ley de Accesibilidad concedió a las administraciones públicas españolas para acabar con todo tipo de barreras y conseguir la igualdad efectiva de todos los ciudadanos. Catorce años después los políticos han incumplido la moratoria que ellos mismos se impusieron. «Ha sido un auténtico fracaso», reconoce Mónica Oviedo, portavoz del Cermi (Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad) en Asturias. En casi dos décadas, algo se ha avanzado. Lo admite. Pero no lo suficiente. Ni se han adaptado los edificios ya existentes ni tampoco los nuevos cumplen todos los requisitos. Atendiendo a una lectura rigurosa de la norma, el Principado y los 78 ayuntamientos asturianos están desde mañana fuera de la ley. 

«Hay calles adaptadas, el acceso a muchos edificios públicos o a las principales estaciones de transporte. Pero no es algo generalizado. No hay ni una sola ciudad asturiana totalmente adaptada. Cuando salimos de casa tenemos que trazar con antelación las rutas. Puede que estés en una acera ancha y con paso rebajado y la de enfrente no sea así», relata Mónica Oviedo. Mostradores que no están a la altura de cualquier usuario. Baños con los sanitarios y el acceso adaptado pero el interruptor de la luz a una altura inalcanzable. Estaciones de ferrocarril como la de Lugones, donde el andén está mucho más bajo que el tren y la rampa no cuenta con barandillas. Si un ascensor en un edificio público se estropea, hay que dar aviso a través de un interfono, que no todo el mundo escucha. Modernos edificios sanitarios como el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) son un auténtico laberinto para pacientes con discapacidades auditivas o visuales, ya que carecen de itinerarios que les ayuden a orientarse, contratan poco personal de apoyo y llaman a través de pantallas. En Atención Primaria citan justo al contrario, a través de la megafonía. «La gente tiene que comprender que cualquier escalón para nosotros es un muro», insiste.

Mónica Oviedo espera que esta dudosa herencia se tome en positivo. Es decir, que se aprenda de este fracaso para, a partir de ahora, lograr una accesibilidad efectiva tanto física como sensorial. Uno de los proyectos por los que se puede empezar es por la ambiciosa ampliación del Hospital de Cabueñes, en Gijón, que sufrirá una completa modernización, con un presupuesto de 38 millones de euros. Las carencias del HUCA pueden servir para que este centro gijonés sea el primero en cumplir de forma efectiva la ley. El presidente de la Federación de Personas Sordas de Asturias (Fesopras), Javier Piñera, puso recientemente otro ejemplo sobre la mesa de la Administración asturiana. Una madre sorda que acaba de dar a luz no oye llorar a su hijo y los hospitales no han incorporado avisadores de luz. 

Los arquitectos

El análisis de Sonia Puente Landázuri, decana del Colegio de Arquitectos de Asturias, coincide plenamente con el de los colectivos que defienden los derechos de la discapacidad. Explica que en los últimos años se han suprimido barreras pero «no está todo hecho, ni mucho menos, y la ley no se va a cumplir». Señala que en el Principado hay administraciones más adelantadas que otras en el terreno arquitectónico y pone como ejemplo el trabajo desarrollado por la Consejería de Educación y Cultura en colegios e institutos. Pero también da a los Gobiernos autonómico y locales un tirón de orejas. Cuando sacan a licitación los proyectos técnicos, tanto para obras de nueva construcción como para reformas, los políticos no tienen en cuenta los criterios técnicos, la calidad, «se quedan con la mejor oferta económica». Esto repercute en el resultado global y también en la accesibilidad. «No solo se trata de reclamar unos honorarios dignos sino de ver la repercusión social que tiene», argumenta la decana.

Su labor no es sencilla. En el caso de las reformas, los arquitectos se encuentran con dos tipos de inmuebles diferentes, los no protegidos y aquellos que por su singularidad o valor gozan de alguna protección. Estos últimos son los más complejos. «En estos casos tenemos que buscar un equilibrio entre preservar las razones de la protección y la eliminación de las barreras. De todas maneras, siempre hay que tener claro que la arquitectura está al servicio de las personas y no al revés», razona Sonia Puente.

No es cuestión de leyes

España es el país con más leyes de protección para las personas con discapacidad. Lo cuenta Mónica Oviedo. Así que lo que falta en el país no es legislación sino voluntad política y presupuesto. En el 2003, España aprobó una legislación básica, aplicable y exigible en todo el territorio nacional, que establecía unas obligaciones de accesibilidad y no discriminación, de modo que todo lo nuevo desde esa fecha tendría que construirse de modo totalmente regulado y que lo preexistente debía adaptarse. Se daba entonces un límite temporal amplio que llegaba, en un principio, hasta 2019. En posteriores adaptaciones de esta normativa ese plazo se acortó hasta el 4 de diciembre de 2017. «La fecha por fin ha llegado, y los deberes legales no están hechos», señala el CERMI en el comunicado oficial que ha elaborado con motivo de la conmemoración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, hoy 3 de diciembre.

Asturias cuenta con su propia ley autonómica que da cobertura a la accesibilidad. Pero es muy anterior a la nacional. Data del año 1995. Debería haberse desarrollado en tres reglamentos pero solo se concretó uno, el de urbanismo y arquitectura. Está, por tanto, desfasada y su grado de cumplimiento es bajo. Así que los colectivos sociales de la discapacidad quieren que el Principado se ponga al día y tome ejemplo de las leyes de nueva generación aprobadas en comunidades como Extremadura. El Cermi reclama la elaboración de una estrategia, con una memoria económica y un presupuesto efectivo. No quiere más leyes. Piensa que ya hay suficiente amparo legal. Tampoco es muy de planes. Tienen una tramitación burocrática más ardua y compleja y solo implicaría retrasar aún más la accesibilidad efectiva. El colectivo prefiere una estrategia y quiere que sea antes de que termine la legislatura. Así se lo ha trasladado a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, y al presidente del Principado, Javier Fernández, con los que se reunió hace apenas unos días. «La lucha es para conseguir una sociedad para todos y no solo para las personas estándar», señala Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos y Discapacidad del Cermi, que recuerda que España ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que, por tanto, la ha incorporado a su ordenamiento jurídico y es de obligado cumplimiento.  

El Principado tiene un Consejo de las Discapacidad. Se han organizado multitud de comisiones municipales de Accesibilidad. Gijón va a aprobar una ordenanza de accesibilidad municipal. Mónica Oviedo reconoce que se dan pasos pero también precisa que se necesita más y que las administraciones tienen que tomar las riendas. «Debe convertirse en una prioridad política y con celeridad. Ya hemos esperado mucho», argumenta cansada.

El futuro

La decana del Colegio de Arquitectos aporta otro aspecto destacable en la pelea por la igualdad no solo para las personas con discapacidad sino para todos aquellos colectivos vulnerables, ya sean niños, adolescentes o ancianos: la aprobación de planes de movilidad. En este caso, a la ley de accesibilidad, Sonia Puente Landázuri suma la directiva europea de los peatones y de la accesibilidad de las personas. Se trata «diseñar ciudades pensadas desde las personas porque los modelos anteriores estaban pensados para los coches», explica. Eso supone dar alternativas a las calles con una excesiva concentración de tráfico que abren brechas en los barrios, impiden que los niños puedan estar solos y dificultan que los ancianos crucen de una acera a otra. Trazar estrategias para compatibilizar los vehículos particulares con el transporte público, los peatones y las bicicletas. «Tienen que ser ciudades amables», piensa. Por esa razón, el colegio participa en todos los foros a los que son invitados. Forma parte, por ejemplo, de un grupo de trabajo para la creación del plan universal de movilidad del Principado o colabora con el Ayuntamiento de Oviedo en el suyo.

También tiene relación con entidades privadas. Así dispone de un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para asesorarles sobre la eliminación de barreras en inmuebles privados. En ese caso ya entra en juego también la ley de propiedad horizontal y el proceso se ve condicionado por otros elementos. «Queremos devolver conocimiento a la sociedad», defiende la decana de los arquitectos.

   

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