El registro de la sede en Oviedo y el arresto de principales exdirigentes conmocionó al sindicato
31 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El 17 de enero fue un martes de tiempo invernal y, en la sede autonómica de UGT en el centro de Oviedo, tormentoso. Desde primera hora de la mañana, un enjambre de agentes de la Guardia Civil controlaban las entradas y salidas del macizo edificio de la plaza del General Ordóñez y procedían a un registro meticuloso de despachos situados en las plantas 11 y 12, tan elevadas como la jerarquía de los seis detenidos que, a primera hora, habían recibido en sus domicilios la visita de otros investigadores. En la operación se arrestó al anterior secretario general del sindicato en el Principado, Justo Rodríguez Braga; al que fue su secretario de formación y antiguo dirigente de la rama educativa de UGT, Daniel Rodríguez; a la secretaria de Comunicación y exconcejala del Ayuntamiento de Oviedo, Carmen Caballero; al secretario ejecutivo del equipo de Braga, Manuel Díaz Cancio; a Alberto González, que había trabajado como economista para el sindicato; y a Silvia Sariego, trabajadora de Infastur, la empresa que imparte cursos de formación a parados por cuenta de la organización. Se les acusa de organizar y tomar parte en el desvío de fondos dedicados a esas actividades de formación para financiar otras áreas del sindicato bajo dos tipos del Código Penal: delito contra la Hacienda pública y falsedad documental.
No fue una sorpresa. La investigación de la Guardia Civil llevaba en marcha desde el 2014 y la Fiscalía la había reconocido en público al año siguiente. Su existencia había llegado a la prensa muchos meses antes. Los seis detenidos, que aún hoy siguen investigados por el juzgado de instrucción número dos de Oviedo, defienden su inocencia. El actual secretario general de la formación, Javier Fernández Lanero, lamentó el tamaño y la visibilidad de un despliegue policial que hizo daño a la imagen de la organización. El juzgado, sin embargo, sigue adelante con la instrucción. En octubre acordó pedir un informe pericial a la Intervención General del Estado para determinar si hubo desvío de fondos y, en caso de que la respuesta a esa pregunta sea afirmativa, su alcance.