El 16 de octubre no amaneció en Asturias porque las cenizas procedentes de los incendios forestales cubrían el sol como un velo. Escenas de pánico vecinal y trifulcas políticas sobre cómo combatir a quienes prenden fuego al monte han marcado el año
01 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.De la noche a la mañana, la magnitud del problema de los incendios forestales llegó a las nubes. El 16 de octubre, los habitantes del centro urbano y densamente poblado de Asturias se levantaron de la cama para descubrir que no había amanecido. Los vecinos de la comarca suroccidental, sin embargo, no necesitaron levantarse para saberlo. Muchos de ellos no se habían acostado y habían pasado una noche de pánico a que unas llamas incontenibles se tragasen sus hogares y sus vidas. A primera hora de la mañana, un velo de humo y cenizas cubría el sol. No era un fenómeno astronómico, sino una especie sucia de eclipse fabricada por seres humanos que habían decidido prender fuego al monte en circunstancias extremas de viento, temperatura y falta de humedad. La oscuridad se retiró poco a poco para hacer visibles unos cielos enfermos, teñidos de colores fantásticos, como salidos de una película apocalíptica. Todo el día olió a quemado.
En ese escenario fantasmagórico se alzaron voces que acusaban a los políticos y a los medios de comunicación de no haberse interesado por los problemas del fuego hasta que sus efectos se dejaron sentir en los alrededores de Oviedo y Gijón, pero de los incendios se ha hablado mucho en este 2017. Dos graves acometidas de las llamas, una en primavera y otra en otoño, más los trabajos de la comisión parlamentaria que investigó la actuación del Principado ante los grandes focos del año 2015, han asegurado la presencia continuada del asunto en el debate público.
En la cuarta semana de abril, a partir del día 20, el suroccidente empezó a arder porque alguien decidió quemarlo y desde ahí los frentes se extendieron por gran parte de la comunidad autónoma. Los servicios de emergencias atendieron en aquellos días 254 avisos por fuegos en 52 concejos distintos. Los peores fueron cuatro: dos registrados en Allande, uno en Ibias y otro en Grandas de Salime. En cada uno de ellos se quemaron más de 500 hectáreas de terreno, el umbral para que la administración los declare grandes incendios. Hasta finales de agosto, un mes y medio antes de esos días funestos de octubre, en Asturias ya había ardido este año una superficie 22 veces mayor que la arrasada en todo el 2016.
Pero las cosas aún fueron a peor en tres días de octubre. Según el balance del consejero de la Presidencia del Gobierno autonómico, Guillermo Martínez, en esas pocas horas se perdieron casi 13.000 hectáreas más, una superficie comparable a la de todo el concejo de Laviana. El 93% de esa superficie quemada estaba en los concejos del suroccidente que habitualmente sufren grandes incendios: Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo. En el conjunto de la región se acumularon más de cien incendios y llego a haber más de 30 activos al mismo tiempo. La situación fue muy peligrosa en pueblos como La Viliella y Larón, rodeados por focos alimentado por fuertes vientos, desalojados y situados ahora en paisajes cenicientos. La pérdida de la joya natural de Muniellos fue una posibilidad real. Miles de personas pasaron mucho miedo. Los bomberos y los soldados de la Unidad Militar de Emergencias se extenuaron.
Lo que alimenta la polémica son las causas de los incendios. Nadie duda de que la mano del hombre está detrás de un porcentaje superior al 90% de los casos. Lo han afirmado este año el oficial al mando del Seprona en Asturias y el propio Martínez, que en octubre descartó expresamente las causas naturales del fuego. A partir de ahí, sin embargo, empiezan los desacuerdos. Las organizaciones ecologistas, respaldadas por Podemos, el único grupo político opuesto al cambio, culpan a la modificación de la ley de Montes que permite el uso pastoril de terrenos quemados. Los ganaderos replican que antes de ese cambio ya había incendios y que los ganaderos, como todos los habitantes de las comarcas rurales, salen muy perjudicados por el paso de las llamas, que amenazan sus casas, su forma de vida y sus medios de subsistencia. Las investigaciones también han dado pie a cruces de declaraciones entre las asociaciones profesionales que representan a los integrantes de las brigadas forestales y a los guardas naturales. Unos y otros se acusan de malas prácticas.
En el escalón político, los incendios reactivaron las discusiones en la comisión parlamentaria que investigaba la reacción del Gobierno regional ante los incendios de 2015, que guardan similitudes con los de octubre de este año. El dictamen redactado por su presidente, el diputado Pedro Leal (Foro), halla cuatro responsables políticos de la lentitud en la respuesta: Martínez, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, el director general de Política Forestal y el anterior responsable del servicio de emergencias Sepa. Leal también quería incluir en ese grupo al presidente Javier Fernández, pero los votos de PSOE, PP, IU y Ciudadanos lo impidieron.