La polémica sobre la calidad del aire en las zonas más pobladas de la región enfrenta de nuevo al Gobierno regional con la oposición y los grupos conservacionistas. Un estudio vincula casi 3.000 muertes en Oviedo a las partículas en suspensión entre el 2000 y el 2009 y Gijón registra niveles de récord
01 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Asturias empezó el año con los niveles de contaminación disparados por las temperaturas suaves y la falta de lluvia en el otoño y el invierno de 2016-2017. Por recomendación de la Agencia Estatal de Meteorología, el Principado pidió a los ciudadanos que limitaran el uso de sus coches y el periodo de encendido de las calefacciones domésticas y, como siempre que se resiente la limpieza del aire, la situación se deslizó hacia un debate encerrado en un callejón sin salida. No logran la política ni la sociedad asturiana zanjar esa cuestión. En febrero, la oposición cargó a coro contra la consejera Belén Fernández (que dimitiría por motivos personales mediado el año) por quitar importancia al problema y por no atajar lo que la izquierda considera la raíz del problema: las actividades industriales mal controladas que causan emisiones abundantes a la atmósfera. Mientras tanto, los grupos ecologistas y conservacionistas acusan al Gobierno regional de mantener una red de estaciones de control deliberadamente mal situada para no realizar mediciones en los puntos más conflictivos. En julio, la Coordinadora Ecoloxista, exasperada, pidió a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigara a la administración por encubrir la contaminación por benceno en Oviedo.
Los ánimos en la capital asturiana estaban encrespado desde principios de marzo, cuando se divulgó un estudio realizado por la Escuela Nacional de Sanidad que vinculaba cerca de 3.000 muertes en la ciudad a los efectos de la contaminación por partículas en suspensión en el aire durante el decenio 2000-2009. Precisamente la semana anterior, el consejero de Sanidad había negado en el parlamento regional la existencia de ningún vínculo entre la mala calidad del aire y la elevada incidencia en Asturias de algunos tipos de cáncer. La preocupación, además, no se limita a Oviedo y a las actividades de su cinturón industrial. Un año más, los vecinos de la zona oeste de Gijón se han acostumbrado a ver nubes de colores fantásticos elevarse desde el puerto de El Musel o desde el área industrial de Aboño. La central térmica de esa parroquia apareció a finales del año situada entre las 30 más contaminantes de toda Europa según una clasificación elaborada por organizaciones ecologistas de los 28 países de la UE. En enero, otro estudio ya la había considerado la más sucia de España. El Principado, sin embargo, sostiene que en los últimos años ha redoblado las inspecciones y las sanciones contra las empresas que contaminan.
También en Langreo ha habido denuncias porque las tasas de benceno superan los límites admisibles. Ecologistas en Acción, por su parte, estudió la presencia de ozono y llegó a la conclusión de que la red pública de recogida de información presenta deficiencias que impide seguir su evolución en tiempo real. A esa situación de partida, se sumaron a mediados de octubre las consecuencias de la oleada de grandes incendios forestales que azotó la región en esas fechas para producir el peor día del año en Asturias. El día 16 de octubre ?el mismo en el un velo de humo ocultó el sol y condenó a la región a una jornada de oscuridad en la que no amaneció hasta avanzada la mañana?, la estación gijonesa de El Lauredal registró un escalofriante pico de concentración de partículas de más de 10 micras de diámetro (PM10) suspendidas en el aire: hasta 881 por metro cúbico, cuando el tope que dispara toda las alarmas y se considera nocivo para la salud está en 50. La sequía acumulada entre las últimas semanas del verano y las primeras del otoño desató un mes con frecuentes indicadores negativos. Se superaron los límites en 20 de 30 días consecutivos.
Mientras Podemos e Izquierda Unida reclamaban al Gobierno regional medidas urgentes para poner coto a la situación, extensible también a las áreas industriales de los concejos de Carreño y Avilés, el Principado respondía en otoño con una puesta al día de su protocolo de respuesta a los episodios de contaminación elevada. Entre sus medidas, destacan la capacidad de imponer al restricciones al tráfico en 27 carreteras y de rebajar de 120 a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en las autovías del área central de la región. Los grandes ayuntamientos, a los que se ha hecho llegar el borrador con esas propuestas, se han mostrado tibios en su acogida. Creen que la lucha contra la contaminación se queda corta y que el esfuerzo público es insuficiente. Oviedo, el más crítico, publicó en agosto su propia ordenanza con exigencias más duras para el uso de vehículos, calefacciones y crematorios.