Podemos denuncia que el bufete Garrigues recomendó su propia contratación en Gitpa

La diputada Lorena Gil acusa de «descontrol» al Gobierno asturiano y de no actuar «de oficio» tras el informe de la Sindicatura de Cuentas

Emilio León, Daniel Ripa y Lorena Gil
Emilio León, Daniel Ripa y Lorena Gil

Redaccion

La diputada de Podemos Asturies, Lorena Gil, ha lamentado la «falta total de control» de las acciones realizadas por la empresa pública Gitpa que venimos denunciando desde Podemos Asturies en la Junta General y en los tribunales». Así, se ha preguntado por el control ha ejercido el Principado sobre la contratación de esta empresa y por qué no ha actuado de oficio «a la vista del informe de la Sindicatura».

A través de una nota de prensa, Gil se ha preguntado «cómo es posible que el bufete Garrigues, que ya venía actuando como asesor jurídico del consejo de administración de Gitpa, aconseje al entonces director general de la empresa, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, que puede contratar con la propia Garrigues fraccionando en cuatro contratos menores una asesoría jurídica valorada en 41.000 euros; es decir, recomienda su propia contratación».

Una situación que, ha añadido, se produce «teniendo Rodríguez Bañuelos a sus órdenes en la empresa a una gerente de contratación, abogada de formación, que debería haber advertido sobre la ilegalidad de este procedimiento e impedir el fraccionamiento». La diputada ha apuntado a otras posibles irregularidades en otros expedientes de contratación gestionados por las mismas personas.

«Este caso en cuestión es poco menos que anecdótico por la pequeña cuantía de lo que se investiga, y quizás veamos de nuevo cómo Rodríguez Bañuelos se libra por tener un mero contrato de alta dirección, como ya sucedió con la adjudicación de contratos menores a la empresa de su hijo por un importe total de 75.000 euros», ha señalado.

Por eso, se ha preguntado por el control ha ejercido el Principado sobre la contratación de esta empresa. «¿Por qué no es el Gobierno asturiano el que actúa de oficio a la vista del informe de la Sindicatura?», ha indicado.

Lorena Gil ha manifestado que se trata de la misma Consejería en la que se fraguó el caso Marea, «y en la que queda probado un absoluto descontrol, en este caso, de la contratación de una empresa pública dependiente de ella».

Así, ha señalado que, «como en el caso Marea», el Gobierno asturiano parece que prefiere «que caduquen los procedimientos por intereses que tienen más que ver con el partido que sostiene el Ejecutivo que con el interés general».

En ese sentido, ha señalado que la Sindicatura de Cuentas también ha puesto de manifiesto que en Gitpa «los negociados no se negocian o que hay contratos millonarios que no tienen actas de recepción». «¿También en esto seremos los partidos políticos los que tengamos que dar traslado a la Justicia ante la inacción del Principado?», ha preguntado para finalizar.

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