Javier Fernández ve complicada la reforma constitucional

Destaca que deben hacerse «ajustes» en financiación autonómica pero que cambios en profundidad exigen delimitar las competencias y alerta de la falta de consenso

El presidente asturiano Javier Fernández, en el foro de Nueva Econonomía
El presidente asturiano Javier Fernández, en el foro de Nueva Econonomía

Redaccion

El presidente asturiano, Javier Fernández, defendió este martes la necesidad de que la reforma del sistema de financiación autonómica no sólo cuente con el acuerdo de los partidos políticos sino con la aquiescencia de las propias comunidades autónomas y puso en valor la propuesta de reforma constitucional lanzada por el PSOE bajo el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba para abordar una descentralización del Estado en el sentido de «organizarla, perfeccionarla y cerrarla». En este sentido, destacó que esa reforma constitucional planteada en 2012 «no está concebida como el premio de consolación al secesionismo» pero alertó de que, a pesar de su urgencia, a su juicio en estos momentos es más que complicada por el hecho de que exige un gran consenso y en la actualidad el sistema político español cuenta con «un alto porcentaje de diputados que o bien están en abierto desacuerdo con los valores constitucionales o simplemente sólo se comprometen con unos territorios concretos, ajenos cuando no hostiles a cualquier dinámica de integración». Javier Fernández ofreció esta mañana una conferencia en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía, en Madrid, que fue presentado por Pérez Rubalcaba.

El presidente asturiano señaló que los redactores de la Constitución habían dedicado un número muy escueto de artículos a la financiación autonómica por lo que el margen de maniobra de «mayorías parlamentarias conyunturales» es muy amplio y apuntó que en un contexto en el división territorial como el actual esa reforma «precisa ajustes» pero que no debería ahondar en aspectos «nucleares» si no se acompaña de una reforma de la Constitución que aclare las competencias del estado y las autonomías, y advirtió respecto a la incidencia que podría tener en «el porvenir» de Asturias si está condicionada «por alianzas coyunturales, por ambiciones a corto plazo, por urgencias financieras de unos o de otros o por compensaciones económicas para apaciguar la pulsión independentista».

En los últimos meses, el Ejecutivo asturiano se ha posicionado en contra de la posibilidad de que los cambios en el modelo de financiación autonómica asuman el principio de ordinalidad --un límite a la solidaridad interterritorial de manera que las comunidades con una población con mayor renta, que recaudan más, no puedan tener una financiación menor que territorios con menor riqueza entre sus habitantes-- y ha tratado de tejer alianzas (especialmente con otras comunidades del noroeste peninsular como Galicia o Castilla y León) para que se tengan en cuenta los criterios de envejecimiento de la población y no sólo el número de habitantes de manera que las prestaciones sociales sean «de alta calidad» y similares o iguales en el conjunto del país.

Fernández --que destacó que la descentralización y el estado autonómico se ha enraizado entre la ciudadanía a lo largo de los años, por lo que su peso en la reforma debe tenerse en cuenta-- fue crítico con el proceso independentista y con el nacionalismo. En este sentido, habló del «uso y abuso de un medievalismo que parece anclar a las comunidades en una etapa previa al Estado español» y recordó que «si la autonomía existe como derecho es porque se proclama la unidad como principio». El presidente asturiano señaló que la crisis económica se había conjugado con la territorial en España y que junto al auge de los populismos para dar respuesta a la recesión también se había dado la particularidad de que «el nacionalismo se autopropuso como refugio o alternativa a la deprimente realidad económica». 

También señaló que con el modelo actual se había fomentado la competencia fiscal entre territorios y puso como ejemplo el impuesto de sucesiones y apuntó que en el debate sobre el federalismo consideraba lógico que los grupos de derechas busquen esa competición vía impuestos pero calificó de «extravagancia» que desde posiciones que se definen de izquierda se proponga «inventar fronteras, reducir la dimensión de la ciudadanía y poner coto a la solidaridad». 

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