La banda acusada de trata de seres humanos, prostitución coactiva y agresión, suma el blanqueo de capitales y más años a las condenas solicitadas por la Fiscalía
07 feb 2018 . Actualizado a las 14:00 h.El juicio al clan Sandulache continúa con la declaración de varios testigos que han negado el envío de dinero a Rumanía desde los locutorios que utilizaban habitualmente para realizar envíos a sus respectivos países a personas cercanas al clan, que está siendo juzgado por trata de seres humanos, a pesar de que constan a su nombre y fueron realizados a altas horas de la madrugada en el registro de la empresa Western Union. Los testigos han relatado que mandaban dinero habitualmente desde los dos locutorios investigados pero siempre a sus países de origen (Venezuela, Paraguay, Cuba) y han asegurado que no conocían al destinatario de los giros ni a los implicados en el juicio. Las cuantías iban desde los 800 a los 2.900 euros y siempre a altas horas de la madrugada, cuando los locutorios deberían estar cerrados, algo que no han podido explicar los dueños de los establecimientos.
El matrimonio que regenta uno de ellos, ubicado en el barrio ovetense de Pumarín, ha señalado que su horario de apertura es de 9:00 horas a 00:00 horas y que la clave para realizar estos envíos solo la conocían ellos y su empleado. Ante las sospechas de que se pudiese haber utilizado los datos de estas personas para realizar los envíos sin su consentimiento, han explicado que para poder hacerlos los interesados deben mostrar su DNI o pasaporte, el cual se escanea y se envía a Western Union aunque al final del día son destruidos por los propios gerentes, por lo que solo quedan registrados en la base de datos de la empresa. En este sentido, ambos han recordado que presentaron una denuncia durante esta época porque habían sufrido «ataques informáticos» en su ordenador, lo que podría haber ocasionado el robo de estos datos y que explicaría los envíos sin su conocimiento.
Al ser preguntada por unas posibles presiones policiales para declarar en contra del clan, la mujer ha manifestado que recibió amenazas de un posible cierre de su local si no declaraba «como ellos querían» y ha negado que sigan enviado dinero a través de este sistema porque Western Union les bloqueó tras el incidente. La gerente del otro local implicado ha apuntado que solo ella conoce su clave de acceso para realizar los envíos y que no pueden realizarse envíos a esas horas ya que la central de la empresa debe aceptar la transacción y a esas horas tampoco está abierto el programa.
Respecto a los envíos que sí realizaban dos de las víctimas de la red, ha reconocido que eran habituales del locutorio junto a los cabecillas de la red, que siempre las acompañaban o en su defecto lo hacía una mujer «muy guapa» que hacía de traductora y gestionaba su dinero y documentación, ya que ellas «nunca la tenían en su poder». Por este motivo, la Fiscalía ve un delito de blanqueo de capitales por el que interesa una pena de tres años de prisión y una multa de 500.000 euros para cada uno de los dos hermanos que dirigían la trama, aunque exculpa a los otros cuatro acusados de estos hechos.
Este delito se suma a los de trata de seres humanos con concurso de delito de prostitución coactiva, contra los derechos de los trabajadores y lesiones con empleo de arma o instrumento peligroso. Así, para el primero de los hermanos pide 125 años de prisión, el pago de una multa de 500.000 euros y la imposibilidad de acercarse a menos de un kilómetro de las víctimas durante diez años, mientras que para el segundo solicita 115 años y la misma orden de alejamiento y 93 años y medio para los otros cuatro acusados.